Informalidad, trabajo nocturno y riesgos: las infracciones de la obra donde murió un niño en Guaymallén
La Subsecretaría de Trabajo informó que en agosto de 2022 se procedió a sancionar a la constructora. Detallaron las irregularidades que encontraron en una inspección.
La constructora que realizaba la obra donde este martes murió un chico de 6 años en Guaymallén presentaba varias infracciones y sanciones por parte de la Provincia, según consta en los registros de los controles que se realizaron por parte de la Subsecretaría de Trabajo.
Idandi es la firma que operaba en el distrito de Jesús Nazareno y que, desde hace alrededor de 20 años, ha construido barrios privados y conglomerados de departamentos, principalmente en Guaymallén, pero también en Maipú. La empresa pertenece a los empresarios Florentino y Onofre Paco. Pero las sanciones que aplicó Trabajo no frenaron su actividad, hasta que ocurrió el fatal accidente.
Desde la subsecretaría a cargo de Carlos Segura se informó a El Sol que, en agosto del 2022, procedió a clausurar esa obra ubicada en Urquiza y Castro, pero venía recibiendo infracciones desde 2016 “por incumplimientos varios a las leyes laborales y de higiene y seguridad en el trabajo, conforme da cuenta el registro de antecedentes laborales”, según un comunicado oficial del organismo.
Los inspectores de Trabajo, cuando realizan los operativos, constatan dos aspectos: el laboral -es decir, si los albañiles están en regla- y la higiene y seguridad -en otras palabras, si los trabajadores cuentan con todos aquellos elementos para evitar accidentes laborales-.
Desde el órgano de control provincial sostuvieron que la obra no contaba con la factibilidad ambiental ni de servicios.
Por otro lado, Trabajo señaló que la obra incumplía la Ley de Loteos y lo exigido por el Plan de Ordenamiento Territorial y el Protocolo para Emprendimientos Inmobiliarios.
Entre las infracciones que detalla la Subsecretaría en la inspección de agosto del año pasado se constató que los empresarios no tenían registrados a los trabajadores relevados y, por otra parte, había claras deficiencias en las instalaciones eléctricas, falta de elementos de protección personal, malas condiciones higiénicas, entre otros aspectos.
Sin embargo, y a pesar de las sanciones y multas que se aplicaron, desde la Provincia explicaron que la empresa rompió la franja de clausura para continuar desarrollando el proyecto. De igual manera, tampoco presentó un descargo por las infracciones ni pagó las multas que tiene en apremio en el mencionado ente. Trabajo no precisó de cuánto fueron estas multas.
Según revelaron los vecinos de la zona, para evitar los controles oficiales, los obreros trabajaban en horarios nocturnos. En esos momentos de descanso, se podían escuchar los ruidos de la construcción a altas horas de la madrugada.
Uno de los comerciantes de la zona explicó a El Sol que los obreros, que hace cuatro años que trabajaban en ese predio hoy clausurado, le habían señalado que estaban en negro. Otro vecino agregó que en la misma obra vivían varios albañiles.
Por su parte, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Miguel Ponce, aseguró que el gremio no podía entrar a inspeccionar ya que es un barrio privado. Sin embargo, realizaron varias actas para dar cuenta que los trabajadores no estaban registrados.
“Son gente que traen de Bolivia y cuando vamos a consultarles, se esconden o se escapan y no podemos saber en qué condiciones están“, explicó Ponce.
