Impulsan un proyecto en Mendoza para evitar el robo de datos de tarjetas
La diputada de la Unión Cívica Radical, Daniela García propone la obligatoriedad de que los pagos se realicen siempre en presencia de su titular.
Una situación que se repite en casi todos los establecimientos gastronómicos: el cliente paga con tarjeta, la persona que atiende su mesa se la lleva y vuelve con un ticket. De esa manera, la posibilidad del robo de datos queda servida en bandeja y por eso es que la diputada radical Daniela García (UCR) propuso modificar esta modalidad.
El proyecto propone la obligatoriedad de que los pagos con tarjeta se realicen siempre en presencia de su titular, ya sea acercando el posnet al cliente o invitándolo a aproximarse al dispositivo si lo primero fuera imposible; pero bajo ningún punto de vista alejar la tarjeta de la vista del consumidor.
Existen casos en los que el robo proviene de la obtención de los datos en el momento de alejar la tarjeta, por ejemplo en un restaurante, para trasladarla hasta la caja. Ahí con una simple fotografía los estafadores pueden obtener la información necesaria para realizar compras con esa tarjeta.
El proyecto de la diputada García apunta a la concientización de la ciudadanía y es por esto que en el articulado se establece a la vez la obligación del comercio de no alejar la tarjeta como la puesta en marcha de campañas por parte del Estado.
A su vez, buscan que haya campañas de concientización entre los consumidores para que entiendan los riesgos y la importancia del resguardo de los datos personales.
“Los robos de datos de tarjetas son cada vez más sofisticados y afectan a una gran cantidad de personas. Es fundamental tomar medidas para prevenir este tipo de delitos y proteger a los usuarios”, explicó la legisladora radical.
García además destacó que hay ONGs que impulsan este tipo de medidas a nivel nacional, como la campaña “Sumate al Pos”, a la vez que ya está regulado en otras provincias, como Santa Fe.
De aprobarse, los comercios que no cumplan con la normativa y sean denunciados ante Defensa del Consumidor podrían tener una multa que podría ir desde 100 a 1000 unidades fiscales.
