El presidente electo aseguró que recortará el gasto en un 15% del PBI. Dudas sobre que sea posible, y alerta por la obra pública.

El presidente electo, Javier Milei, aseguró en una serie de entrevistas que realizó este martes que planea un importante ajuste fiscal -que rondaría el 15% del Producto Bruto Interno-, que estaría centrado en la obra pública y en las transferencias de fondos discrecionales a las provincias.

Por ahora, lo que hay son declaraciones de Milei en entrevistas, más que medidas concretas, puesto que recién asume el 10 de diciembre. Pero sus dichos ya abrieron la interrogante por el impacto en la provincia en el caso de que estas políticas se lleven adelante, tanto en la pérdida de puestos de trabajo, como en la posibilidad de avanzar con obras necesarias para mejorar los servicios.

Dudas

El economista Sebastián Laza señaló que, más allá de los dichos del presidente electo, es poco probable que pueda realizar semejante ajuste, ya que significaría recortar el gasto público en el 50%, entre ellas, las prestaciones sociales.

“Bajar el gasto público un 15% es un delirio. Eso implica bajar el gasto público a la mitad y todos sabemos que es imposible, porque más del 60% es seguridad social. Lo que creo que va a intentar hacer es bajar el déficit primario, que es del 3% del PBI actualmente. Esto si lo puede hacer, recortando obra pública y subsidios, entre otros”, explicó Laza.

En el mismo sentido, opinó el economista vinculado al PJ, Nicolás Aroma, quien sostuvo que decir que realizar un ajuste de este tipo es un “absurdo” y que sólo muestra que se trata de un total desconocimiento del Estado.

“Hay que ser muy claro: recortar 15 puntos del PBI es totalmente insostenible y muestra un desconocimiento sobre el financiamiento del Estado. Actualmente, todo el gasto público del país es de 22 puntos del PBI, o sea que lo reduciría en dos tercios, lo cual es imposible. Después se habló que sería del 5% PBI, lo cual sería un shock muy grande para hacer en un sólo año. Esto seguramente nos lleve a una profunda recesión afectando la economía real”, detalló Aroma.

Además, señaló que este golpe a la economía afectaría los ingresos del Estado, por lo que “no garantiza que se estabilicen las cuentas”.

Transferencias discrecionales

Milei señaló que este tipo de recursos que Nación les otorga a las provincias se terminará a partir del 10 de diciembre. El flujo de dinero más importante son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se reparten de manera arbitraria, en general, por afinidad con el gobierno de turno.

Estos están regulados por la ley 23.548, el cual establece en su artículo 5 que deben ser utilizados para “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales“. Mendoza recibió durante el año pasado un total de 713 millones de pesos en ATN.

La senadora nacional Mariana Juri junto con Alfredo Cornejo habían presentado un proyecto de ley para regular este tipo de asistencias, porque señalaron que fueron utilizados por el kirchnerismo para beneficiar a sus gobernadores amigos.

“Creo que la solución no es eliminarlo, sino hacer que se utilice para lo que realmente fue creado. Hay emergencias que requieren la asistencia del poder nacional. A pesar de esto, la realidad es que el kircherismo lo utilizó con fines proselitistas y claramente beneficiando a sus amigos”, acotó la senadora mendocina.

Recorte en obra pública

Nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado para que las termine. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. No hay plata“, aseguró Milei en una entrevista que realizó en este martes.

En la provincia son varias las obras que están en proceso con fondos nacionales, aunque la mayoría se encuentran con un ritmo de trabajo muy lento, o directamente están paralizadas.

El ministro de Infraestructura, Mario Isgró aseguró que si bien en el último tiempo la mayoría de los proyectos están financiados con recursos provinciales, señaló que los fondos nacionales para infraestructura son clave.

“Hay obras vitales que se hacen con fondos nacionales que están frenadas o con ritmo muy lento, como la doble vía San Juan o la Variante Palmira. Nosotros, en la provincia, la mayoría de las obras se hace con fondos provinciales, por lo que el impacto tal vez no sea tan fuerte. Ahora bien, sí es una realidad que los fondos nacionales son vitales para hacer obras de gran envergadura, los cuales son difíciles desde las provincias”, puntualizó el funcionario suarista.

Isgró también se refirió a las declaraciones del presidente electo sobre que “las provincias y los municipios deberán conseguir los recursos para terminar las obras en marcha porque no hay plata”.

“Esto es clave entenderlo, las provincias o los municipios no pueden invertir en obras que corresponden a la Nación, por una cuestión de competencia. En este sentido, las obras nacionales debe solucionarlas la Nación. Las provincias y municipios sí se pueden hacer cargo de algunas obras que son competencia de los municipios y que, a veces, algunos programas nacionales las llevan a cabo, como por ejemplo, las cloacas de la zona este de Maipú”, explicó.

José Candeloro, presidente de la Cámara de la Construcción de Mendoza, señaló que la idea de Milei para imitar el modelo chileno es una propuesta difícil de implementar, principalmente, por el contexto en el que se encuentra el país.

“A nivel nacional son 400 mil las familias que viven de la obra pública. En un contexto con el 50% de pobreza y una inflación galopante, lo veo complejo. Además, hay muchos contratos que están en ejecución y son obligaciones que adquirió el Estado y se deben cumplir”, explicó el constructor.

Por su parte, desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en Mendoza señalaron que no consideran que sea una propuesta que se cumpla.

“Milei hizo estas declaraciones en la campaña y creemos que continúa en lo mismo. Son aproximadamente 700 trabajadores del gremio que están empleados en obra pública”, graficó Miguel Ponce, de Uocra Mendoza.

El modelo chileno

Milei se refirió además que la obra pública que moviliza millones de pesos pasará de un sistema donde el Estado nacional otorga los fondos a un sistema “a la chilena”.

Según indica a resolución firmada por el poder ejecutivo chileno en abril de 1993, “cualquier empresa nacional, extranjera, o persona física puede adquirir una habilitación legal para postular proyectos de infraestructura, como rutas, puentes, represas, gasoductos, etc. La iniciativa privada es el pilar de este sistema“.

De tomarse este ejemplo se pasará a un modelo público-privado, en el que el Estado propone las necesidades, pero es el sector privado el que realiza la inversión y los trabajos. Luego recupera lo invertido a través del cobro de tarifa en los usuarios. El ejemplo más gráfico son las rutas y los peajes.

Candeloro consideró que el modelo trasandino no es viable en un país con los datos de inflación que tiene la Argentina: “Los privados no pueden financiarse para hacer estas obras, porque acceder al crédito es imposible con estas tasas de interés y sólo funciona en aquellos lugares donde la inflación es de un dígito y es algo que el mismo admitió que le llevará como mínimo dos años”

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