El extenso DNU que firmó el presidente de la Nación incluye importantes modificaciones en el andamiaje jurídico que regula a la vitivinicultura

El sector de la vitivinicultura reclama políticas coherentes y sostenidas para una economía regional siempre postergada.

El sector de la vitivinicultura reclama políticas coherentes y sostenidas para una economía regional siempre postergada.

La industria del vino quedó incluida en el mega DNU que firmó este miércoles el presidente de la Nación, Javier Milei.

En un tramo del extenso escrito -que enumera alrededor de 300 puntos relacionados con la desregulación de la economía nacional– se habla puntualmente de tres normas que tienen que ver con la vitivinicultura.

El documento dice textualmente:

“Considerando que varias industrias deben soportar el peso de una excesiva regulación, como ocurre con la industria vitivinícola (…) resulta adecuado derogar la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola”.

Además, el DNU conmina a la industria de la yerba mate a imitar el ejemplo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), ponderando la capacidad que ha tenido ese organismo para potenciar la presencia del vino en el mundo.

Atención: las leyes que se derogan

La Ley N° 18.600, sancionada en Buenos Aires el 6 de febrero de 1970, establece normas para los contratos de elaboración de vinos bajo los sistemas ‘contrato de elaboración por cuenta de terceros’, ‘a maquila’ o por ‘cuenta exclusiva del viñatero’. Los contratos deben registrarse en organismos provinciales de contralor dentro de los cinco días posteriores a la fecha establecida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura para la terminación de la vendimia.

Las cláusulas obligatorias incluyen la entrega de la cantidad de vino correspondiente a la relación uva-vino de la bodega elaboradora, con un grado alcohólico mínimo y tipo de vino definido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Los Gobiernos provinciales tienen la facultad de fijar anualmente el precio máximo por litro de vino que el viñatero debe pagar al elaborador.

El contrato no puede contener cláusulas que obliguen al viñatero a vender todo el vino al elaborador, y este último es responsable de la existencia y calidad del vino mientras permanezca en la bodega. El viñatero puede celebrar una prenda registrada sobre los vinos de su propiedad depositados en la bodega. Las infracciones a la ley pueden resultar en multas y, en casos graves, en inhabilitación, siendo los Gobiernos provinciales los encargados de aplicar y reglamentar estas sanciones.

La Ley N° 18.905, promulgada en Buenos Aires el 31 de diciembre de 1970, establece la Política Nacional Vitivinícola para la integración vertical del proceso económico vitivinícola en Argentina. Los objetivos incluyen la diversificación de productos, el fomento de exportaciones, la formación de un stock operativo, el fraccionamiento de productos vitivinícolas en el lugar de origen, y la estabilización del mercado interno.

El Poder Ejecutivo Nacional tiene la facultad de adoptar medidas como tratamiento preferencial de créditos, exenciones impositivas, fijación y exención de aranceles, suspensión de importaciones, suministro preferencial de energía y subsidios. El Instituto Nacional de Vitivinicultura es la autoridad de aplicación encargada de proponer al Poder Ejecutivo las medidas necesarias.

Las transgresiones a la ley y sus normas resultarán en la caducidad de plazos de créditos, obligación de devolver sumas recibidas con intereses, y multas. El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura podrá tomar decisiones luego de un sumario administrativo que asegure el derecho de defensa. Se establece la posibilidad de recurso ante la vía contenciosa y el Ministerio de Economía y Trabajo en caso de resolución condenatoria.

En caso de que las infracciones también constituyan delitos, se aplicarán las sanciones independientemente de las normas penales, impositivas y aduaneras. Los Códigos Penal y de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal serán aplicables supletoriamente. La ley busca coordinar la acción de entidades públicas y privadas vinculadas al sector vitivinícola con los objetivos establecidos.

La Ley N° 22.667, promulgada en Buenos Aires, establece medidas para la regulación de la producción y comercialización de vinos en Argentina. A partir de la vendimia 1983, la Autoridad de Aplicación fija anualmente el cupo nacional de producción de vino, considerando el consumo interno, las exportaciones y una reserva de previsión.

Los titulares de cupos de producción vínica serán los propietarios de viñedos inscritos ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura a la fecha de promulgación de la ley. Se establecen fórmulas para calcular el cupo básico y definitivo de cada viñedo, considerando coeficientes A, B y C, así como la promoción o desaliento de ciertas variedades.

La Autoridad de Aplicación entregará certificados de cupos de producción a los titulares de viñedos, que podrán ser fraccionables y transferibles. Se prohíbe el despacho al consumo de un volumen parcial de las existencias totales de vinos de mesa al último día del mes de promulgación de la ley, destinando estos vinos a exportación, uso no vínico interno o venta a los Estados Provinciales.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura determinará normas de contralor y fiscalización para traslados de vinos. Se establece la fecha de liberación al consumo de vinos nuevos de mesa para todas las zonas vitivinícolas. Además, se regula la denominación de origen, el fraccionamiento de los vinos, y se establecen condiciones para la adquisición de vinos bloqueados por los Estados Provinciales.

Se autoriza un adelanto a los Estados Provinciales para la adquisición de vinos bloqueados, y este adelanto será cancelado mediante un aumento transitorio de la tasa de impuestos internos sobre el consumo de vino. Las violaciones a la ley son sancionadas con multas.

Las tres leyes enumeradas, como se apuntó más arriba, quedan sin efecto a causa del DNU que firmó Javier Milei este miércoles.

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