Ante las reformas de la ley ómnibus que modifican los mecanismos de financiamiento, trabajadores de la cultura solicitaron no modificar el modelo autárquico que rige sus instituciones.

Miles de personas concurrieron al Cacerolazo cultural en el Congreso de la Nación.
Miles de personas concurrieron al Cacerolazo cultural en el Congreso de la Nación.Foto: Ignacio Petunchi.

A menos de 48 horas del inicio del tratamiento de la ley ómnibus en Diputados, el oficialismo ya reconoció que no sostendrá la intransigencia en los proyectos de reformas. Entre amparos judiciales y pedidos colectivos de gobernadores, el Gobierno comenzó a ceder -o bien, a reconocer reveses- en los tiempos y las formas en que busca modificar una red de artículos que rigen la sociedad argentina. Tiene otro frente abierto: el de la cultura.

En ese marco, el colectivo Unidxs por la Cultura, que nuclea a más de 100 asociaciones culturales y comunitarias del país, organizó el Cacerolazo Cultural Nacional, una movilización que alcanzó más de 50 ciudades entre las 15 y las 22 horas este 10 de enero. A esta convocatoria se le sumaron una serie de documentos emitidos por organismos referentes en distintos géneros artísticos, que confluirán en una Asamblea Nacional de la Cultura el 20 de enero. Además, se plegarán al paro nacional organizado por la CGT para el próximo 24 de enero.

“Entendemos que existe una particularidad que nos afecta, que esencialmente está dentro de la ley ómnibus, pero nos oponemos en conjunto tanto a ese proyecto como al DNU”, explica para Ámbito Javier Gabino, documentalista del colectivo Contraimagen y miembro fundador de Unidxs por la Cultura, y añade que en las últimas tres semanas se cuadruplicó la participación de las asambleas: “Eso demuestra el estado de bronca y rebelión cultural que existe en este momento”.

Representantes del colectivo se reunieron con legisladores del bloque de Hacemos Coalición Federal y el Frente de Izquierda, además de pautar para el jueves 11 de enero un encuentro con diputados de Unión por la Patria. “Organizamos reuniones con todos los bloques legislativos”, menciona Gabino, “incluyendo a La Libertad Avanza, aún sabiendo que es un sector muy ideologizado”. Este medio consultó a representantes de la actual Secretaría de Cultura sobre su posición al respecto de las demandas del colectivo pero no obtuvo respuesta.

Manifestantes bailan tango durante el Cacerolazo cultural.

Manifestantes bailan tango durante el Cacerolazo cultural.

Ley ómnibus en la cultura: el impacto económico de las medidas

Entre las iniciativas del colectivo Unidxs por la Cultura, en la próxima semana la agrupación dará a conocer un documento con las cifras del impacto que provoca en la proyección financiera de gestores culturales y ramas artísticas. Más allá de la importancia intangible del arte como reservorio patrimonial de tradiciones, la producción cultural moviliza trabajadores y promueve actividades multitudinarias que generan una circulación económica en establecimientos de todo el país.

“Hay una campaña enorme de desinformación porque todas estas entidades que van a dejar de existir, ser desfinanciadas o quedar en un limbo presupuestario no se financian con aportes del Tesoro Nacional, sino que obtienen el financiamiento por medios de asignaciones específicas que están en determinadas leyes”, sintetiza Gabino que subraya que los fondos de estas instituciones “se generan dentro del ecosistema cultural”: tasas por derecho de obra, porcentaje de las entradas de cine o cobros por registros de autoría musical son algunos de los ejemplos.

En ese marco, Javier Gabino cita al Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA): “La inversión en cultura que se busca eliminar ahora representa el 0,2% del Presupuesto nacional, mientras que genera un valor agregado bruto anual total del 1,8% del PBI y más de 340.000 puestos de trabajo privados culturales”.

El sector audiovisual es el ejemplo más concreto. Por su convergencia tecnológica, sus proyecciones de integración con el sector de videojuegos, su capacidad de exportación transnacional y la potencialidad de generación de valor agregado, la actividad audiovisual fue incluida en la categoría de Economía del Conocimiento. Según el Observatorio del Instituto de Cine, contribuye 3,1% de los empleos directos de la economía, sin contar el impacto positivo en rubros como el gastronómico, el hotelero y el transporte.

“Consideramos que el INCAA, el INT, el INAMU, CONABIP, los medios comunitarios, el FOMECA, el FNA representan un tejido federal de instituciones de fomento en cuya construcción se vieron implicados generaciones de trabajadores de la cultura de todo el país y de todos los signos políticos”, enumeró y resaltó que estos organismos “explican el acervo cultural diverso que existe en el país y cristaliza décadas de laburo”.

Manifestantes bailan murga durante el Cacerolazo cultural.

Ley ómnibus en la cultura: algunas de las reformas

Dentro de las reformas que busca la ley ómnibus sobre el sector de la cultura, se propone la eliminación del Fondo Nacional de las Artes (FNA): un ente autárquico creado en 1958 y que cuenta con una planta de 120 trabajadores. El FNA se financia a través del dominio público pagante (DPP), que se cobra por las obras una vez vencido el plazo de protección del derecho de autor. Además, obtiene ingresos por las tasas y multas de la Ley de Propiedad Intelectual Número 11.723 e intereses de préstamos, aportes extraordinarios y títulos. A partir de allí, financia iniciativas artísticas que se consideran de interés cultural y social.

Por otra parte, se estipula que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) continúe en vigencia pero su Fondo de Fomento Cinematográfico quedaría constituido sólo por “un impuesto equivalente al diez por ciento aplicable sobre el precio básico de toda localidad o boleto ,y con los recursos que defina el Presupuesto Nacional”. Esto deja de lado la ley 17.741 para sostener las políticas de fomento con el 25 por ciento “de las sumas efectivamente percibidas” por el Ente Nacional de Comunicaciones sobre los tributos de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual.

También se limitan los fondos del Instituto Nacional de la Música (INAMU), a los que “asigne la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo que en el futuro la reemplace, dentro del Presupuesto General de la Nación”. A su vez, se le quita el aporte del ENACOM y se eliminan sus dos funciones más importantes: la protección de la música en vivo y el fomento de la producción fonográfica, la distribución y la difusión de las obras. Por otro lado, se elimina la obligatoriedad de contratar a un músico nacional en un espectáculo musical de un artista extranjero.

Otra particularidad de las reformas tiene que ver con la eliminación del Instituto Nacional de Teatro (INT): el director y productor Mariano Stolkiner, designado como presidente del INT por el propio Javier Milei, se enteró por los medios que no existiría más el organismo. Ante la consulta periodística, dijo: “Mi posición es que la ley 24.800 no se puede derogar. Una cosa es generar ajustes, otra es volarlo del mapa”. A su vez, se deroga la obligación de construir salas en donde se demuelan teatros y los estímulos económicos a los pasajes y fletes de artistas y productores.

A este panorama hay que sumar el proyecto de derogación de la ley 25.542 que establecía que los editores, importadores o representantes de libros deberán fijar un precio uniforme de venta al público o consumidor final de los libros que edite o importe, decisión que fue rechazada por las cámaras editoriales y de librerías e incluso por la Fundación El Libro, organizadora de la Feria del Libro, que manifestó “su absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del admirado sistema cultural argentino, como la Ley de Defensa de la Actividad Librera (25.542)”.

Al mismo tiempo se eliminarían beneficios impositivos de los miembros de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y se quitaría la posibilidad de que accedan a descuentos del 50% en la adquisición de ejemplares, iniciativa que motorizaba la actividad económica editorial durante la Feria del Libro de Buenos Aires.

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