La maniobra surgió de Patricia Bullrich y Nicolás Posse, considerados “halcones” que rechazan dialogar con el gremialismo

Patricia Bullrich Conferencia
Foto: Agencia Télam.

Sin diálogo con la CGT y con el paro nacional y la movilización del 24 en marcha, el Gobierno puso en marcha ayer un plan de hostigamiento sobre sindicatos: por un lado el Ministerio de Seguridad envió cartas documento a las organizaciones que protagonizaron la marcha a Tribunales el 27 de diciembre para intimarlas a pagar montos millonarios en compensación por el operativo desplegado para la ocasión: por otro, la Jefatura de Gabinete informó a todos los ministerios de la suspensión del pago de horas extras para los trabajadores de la administración pública nacional, una medida que tendrá un impacto decisivo sobre los bolsillos de cientos de miles de estatales.

Las medidas coinciden con una agudización de la tensión entre La Libertad Avanza y el sindicalismo peronista. Ayer mismo Javier Milei apeló a sus redes sociales para contestarle a Pablo Moyano, triunviro de la CGT, a quien sindicó como uno de los “enemigos de la reforma” por haber declarado como necesario “voltear el DNU”. Hasta ahora el Presidente se había cuidado de no incluir a los sindicalistas en sus diatribas contra “la casta” y los había excluido de esa categoría al señalar que no estaba entre sus objetivos inmiscuirse en las decisiones soberanas de los trabajadores respecto de sus representantes.

El DNU de la reforma laboral y la “ley ómnibus” redujeron a cero la relación. Hasta entonces Guillermo Francos, el ministro del Interior, fungía como interlocutor principal con la CGT de manera informal y Omar Yasín, secretario de Trabajo, llegó a mantener reuniones con algunos grupos de sindicatos como los del transporte (CATT) y la energía (Catheda). Luego de ambas iniciativas quedaron en suspensotodas las negociaciones e incluso la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pausó el nombramiento de la funcionaria destinada a secundar a Yasín en Trabajo, Mariana Hortal Sueldo, reemplazante de Horacio Pitrau. De hecho Pitrau salió eyectado de la cartera laboral luego de un intento de acercamiento con los gremios tradicionales.

La maniobra de presión de ayer surgió de dos áreas encabezadas por los denominados “halcones” con vocación confrontativas con el sindicalismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió cartas documento a por lo menos dieciséis organizaciones sindicales y sociales -en teoría las que esa cartera pudo identificar por las banderas para intimarlas al pago de montos de entre 40 y 50 millones de pesos cada una por el costo del operativo de seguridad desplegado el 27 de diciembre pasado durante la movilización a Tribunales. Aquella marcha fue citada por la CGT con aval de las dos CTA y agrupaciones sociales para iniciar un plan de lucha que tendrá otro capítulo el 24 de enero con el paro nacional de doce horas y la movilización al Congreso nacional.

La enumeración de las organizaciones multadas incluye, en desorden, sindicatos de primer grado, federaciones de segundo, centrales sindicales, agrupaciones políticas y movimientos sociales. Figuran una federación de marítimos (Fempinra), el gremio del personal de previsión social (APOPS), el de judiciales (UEJN), el Polo Obrero (piqueteros de extracción trotskista), el Movimiento de Jubilados y Pensionados (de Raúl Castells), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Izquierda Socialista, Unión Obrera Metalúgica (UOM), los sindicatos del neumático (SUTNA), prensa (Sipreba), de la construcción (UOCRA), de Camioneros y docentes universitarios (Conadu Histórica) así como las dos CTA.

La CGT y otras organizaciones afectadas advirtieron que se trata de un intento de amedrentamiento por parte del Gobierno y avisaron que recurrirán las multas. Gerardo Martínez, de la central obrera mayoritaria, dijo que de inmediato se hizo una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por entender que la maniobra de Seguridad es violatoria del convenio 87 de Libertad Sindical. Las cartas documento llevan la firma de Martín Siracusa, responsable de coordinación de esa cartera.

En paralelo la jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse -otro exponente del sector más renuente a dialogar con los gremios- les ordenó a todos los ministerios suspender el pago de horas extras a los trabajadores estatales. Lo hizo a través de una nota firmada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública que también fue rechazada por los principales sindicatos de la actividad, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Es que la norma afecta a empleados estatales de las categorías inferiores: por norma sólo puede hacer horas extras el personal comprendido en las escalas C1, D, E y F, que tienen esa alternativa incorporada para reforzar ingresos que en muchos casos no cubren la canasta de pobreza. En el sector calcularon que un trabajador estatal que percibe un salario de 250 mil pesos perderá al menos 70 mil pesos por la decisión

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