El objetivo es dar seguridad a los niños, niñas y adolescentes en ámbitos como clubes, escuelas e iglesias. Pasó a Diputados para su tratamiento
El Senado provincial aprobó una iniciativa para que los condenados por delitos sexuales no puedan tomar cargos en lugares frecuentados por niños, niñas y adolescentes, como clubes, escuelas, instituciones culturales y religiosas. La propuesta, impulsada por la senadora Mercedes Derrache (PJ), ahora deberá ser tratada en Diputados.
El texto del proyecto prohíbe expresamente la designación o contratación de personas condenadas por delitos sexuales o de violencia de género en funciones que impliquen contacto directo con menores. La iniciativa fue presentada por la senadora Mercedes Derrache (PJ) y busca fijar pautas mínimas de cuidado para los niños.
Desde el recinto, Derrache explicó que el objetivo es establecer controles claros y responsabilidades institucionales, para evitar que situaciones de abuso se repitan. “La medida no tiene un fin punitivo sino preventivo. Apunta a cuidar los entornos donde los chicos crecen y se forman”, señaló la legisladora, que además destacó el acompañamiento de los distintos bloques para mejorar el texto final.
Vacío de control en ambientes frecuentados por menores
La propuesta surgió a raíz de casos recientes que pusieron en evidencia vacíos en los mecanismos de control. Entre ellos, el de un entrenador de hockey del Este provincial que volvió a trabajar en un club pese a tener una condena por abuso sexual; el de un profesor del club Godoy Cruz sentenciado a ocho años de prisión, y el de un instructor de artes marciales de Luján de Cuyo. Entre los fundamentos del proyecto se destacaron también antecedentes en instituciones religiosas, como el caso de un pastor condenado en San Martín.
Frente a estos hechos, el proyecto plantea que todas las instituciones deportivas, culturales, educativas o religiosas deberán exigir el certificado de antecedentes penales antes de contratar o designar personas que trabajen con menores, incluso si las condenas no implican prisión efectiva.
Qué ley modifica el nuevo proyecto
La propuesta de Dere la Ley 6.457, incorporando la obligatoriedad del certificado de antecedentes para quienes desempeñen tareas con contacto directo con menores, y también introduce cambios en la Ley Provincial 9.139 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, extendiendo esta obligación a asociaciones civiles, fundaciones e instituciones privadas.
Además, la iniciativa adhiere a la Ley Nacional 27.709, conocida como “Ley Lucio”, y establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y prevención de la violencia para funcionarios públicos, autoridades institucionales y directivos de organizaciones que trabajen con menores o reciban fondos provinciales.
Cómo se coordinará con municipios
Si el proyecto se convierte en ley, se instruirá al ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE a revisar su normativa de contrataciones, de modo que ninguna persona con antecedentes por delitos sexuales o de violencia de género pueda desempeñar tareas en ámbitos donde haya menores.
Asimismo, prevé que la autoridad de aplicación pueda firmar convenios con los municipios para fortalecer los mecanismos de control y verificación del cumplimiento de la ley.