COVID-19 y camiones: todo lo que se hizo ahora pero que se debió hacer antes

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Imagen ilustrativa.

El fin de semana debió ser uno de los más odiosos, si no el que más, para el gobierno de Rodolfo Suarez desde aquel día de marzo en que la pandemia llegó a nosotros para cambiarnos la vida por completo.

Por: Marcelo Torrez@MarceloTorrez

A veces, por las decisiones que se van tomando y sobre algunos aspectos bien específicos, da la impresión de que se juega al ensayo y error, o bien a esperar que no pase nada. De la peste se sigue conociendo poco, aunque el mundo científico parece trabajar a destajo para identificar las claves que esconde el COVID-19 y descubrir la vacuna que le pondrá fin, seguramente, a la incertidumbre generalizada y a las medidas que se ordenan a oscuras, casi a tientas, ansiando acertar y dar en la tecla correcta.

El fin de semana que acabamos de dejar atrás debió ser uno de los más odiosos, si no el que más, para el gobierno de Rodolfo Suarez desde aquel día de marzo en que la pandemia llegó a nosotros para cambiarnos la vida por completo. El sábado, su gobierno anunció una serie de restricciones al tránsito de camiones y el transporte de cargas en general por medio de un protocolo que contiene obligaciones que debieron haber tenido vigencia, quizás, desde el mismo momento en que se le ordenó a la población el confinamiento en sus casas y se fue develando la nueva configuración del movimiento de la sociedad.

Evidentemente, no alcanzó con que a los choferes de ese millar y medio de camiones que transitan diariamente por el corredor internacional, ni a sus empresas, se les advirtiera de cómo debían comportarse dentro del territorio provincial para evitar que se avanzara sobre ellos con prohibiciones. No eran más, se supo recién, promediando la semana, cuando la crisis generada por el transporte de cargas se avecinaba, que recomendaciones de sentido común y obvias para que no deambularan más allá de las cuestiones inherentes con su trabajo y que fuesen responsables, como se espera de cualquier persona con el quicio en condiciones.

Con el diario de hoy se dirá: todos somos sabelotodo. Pero no hay mucho de lo que pueda llegar a decirse oficialmente para explicar por qué a quienes habitualmente transitan por la ruta internacional, llevando y trayendo mercadería vital para el país y para el resto del Mercosur, no se los haya sometido a exámenes periódicos para monitorear su estado de salud y en lo particular para saber si tuvieron o tienen el virus.

Cuando en los días previos a que se tomara conocimiento del contagio de la familia lasherina, producto –según lo que se creía hasta anoche, aunque no se ha descartado que su primer estudio haya dado negativo– del contacto con el camionero que estuvo en Buenos Aires y que luego realizó un par de mudanzas y que ocultara algunos de los síntomas probables de la enfermedad, como la tos que lo venía acompañando desde varios días atrás, ya el propio Suarez develaba la preocupación oficial por ese posible foco de propagación de la enfermedad que siempre ha sido el ir y venir de los camioneros.

Pero se desconocía qué se estaba haciendo en verdad respecto de los controles de la situación. La misma audiencia de los medios electrónicos, como la de este diario y la de las radios, como sucedió en LVDiez a lo largo de casi toda la semana anterior, la ciudadanía fue haciendo sentir su temor ante la eficacia de los controles tanto en Desaguadero como en la frontera con Chile. Y, por supuesto, que el miedo y la inseguridad lleva a muchos a exigir medidas extremas que violan los mínimos derechos de las personas: como para el caso de los camioneros que no se bajen del vehículo, que no puedan descender para ir al baño en las estaciones de servicio ni para aprovisionarse de alimentos o bebidas, ni para descansar. Disposiciones que han llegado a tomar algunos gobiernos provinciales muy arbitrarios, como en La Rioja, en donde se precintan las puertas para impedir que los camioneros puedan descender mientras circulan por su territorio.

Lo cierto es que recién ahora, desde este fin de semana, a los choferes residentes en Mendoza se les realizará el test del coronavirus cada quince días y se los obligará a que permanezcan en sus casas o en hoteles, si es que lo prefieren, durante el tiempo que deban esperar entre viaje y viaje. Todos serán monitoreados satelitalmente y se les hará un seguimiento de sus movimientos vía una aplicación que deberán descargar obligatoriamente en su celular. Los choferes argentinos de otras provincias ingresarán al lugar de descarga e, inmediatamente, deberán emprender el regreso; de no ser posible irán a un hotel por un máximo de 48 horas, y los del transporte internacional sólo podrán detenerse en los lugares asignados para realizar los trámites de aduana y permanecer en esos predios sin moverse.

En fin, como se puede observar, se dispuso todo lo que se tendría que haber hecho mucho antes del caso del chofer que llegó de Buenos Aires. Mendoza se ha comportado muy bien en términos generales sobre cómo combatir la pandemia y cómo prevenirla. Sin circulación entre regiones y con todos los casos de COVID-19 importados o relacionados con personas que contagiaron a otras por contactos estrechos, el principal foco de atención debió ser el del tránsito de cargas de ida y vuelta por la ruta terrestre más importante que tiene el Mercosur. Y se llegó tarde, pero, quizás –y hay que esperar que sea así– todo pueda ser contenido y aislado.

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