Hay casi 7.000 imputados por violar la cuarentena: los que cayeron en juntadas ilegales

Casi 7.000 mendocinos fueron imputados por violar la cuarentena desde que comenzó el 20 de marzo y la situación procesal de cada uno de ellos tomó forma de expediente judicial.

Son parte de este importante número todos los ciudadanos que fueron detenidos cuando los sorprendieron participando de actividades no habilitadas por el Gobierno de Mendoza, entre otras, las reuniones de amigos en domicilios particulares, declaradas en infracción a partir del 2 de julio cuando el Ejecutivo dio marcha atrás.

Uno de los casos paradigmáticos de imputaciones masivas fue la fiesta popular desbaratada en calle Saavedra de San José, Guaymallén, donde más de un centenar de personas fueron sorprendidas en un galpón que perteneció a una empresa de transportes de colectivos. La denuncia de vecinos al 911 fue determinante para guiar a los policías hasta el lugar. La música a altísimo volumen también. El predio fue clausurado.

Este mes de julio comenzó no solo con la marcha atrás del Gobierno para inhabilitar las reuniones de amigos en domicilios particulares, sino con una noticia impactante desde Maipú: un grupo de personas fueron detenidas mientras jugaban al póker en un local comercial denominado Lo de Charly. Todos quedaron imputados. Las instalaciones fueron clausuradas.

De yapa, peronistas y radicales de Maipú se tiraron con todo lo que tenían a mano como consecuencia de la difusión pública oficial y la no difusión pública oficial respectivamente de las identidades de dos de los imputados, que son parientes lejanos y no tanto del intendente Matías Stevanato (PJ) y del legislador Diego Costarelli (UCR).

El caso 98. ¿Cuánto se ha dicho y escrito de la red de contagios que comenzó en una magafiesta en Luzuriaga y se expandió como un rayo al inicio de junio?

Aquella gran reunión derivó en complicaciones sanitarias graves entre vecinos de los barrios Antártida Argentina y González Galiño, con testeos, casos positivos, internados, escudados y aislados -incluso en un barrio de Guaymallén-; sino que obligó a la Justicia a imputar a, por lo menos, una veintena de personas.

Cada una de estas obligó a abrir una causa penal. Con nombre y apellido. Por infracción al artículo 205, que protege la salud pública y sanciona a quienes la afecten con ciertas conductas.

El más rutilante de esos imputados es un empleado de una bodega de la zona de Rodríguez Peña: El Gordo Maxi, como se conoció al caso 98.

El muchacho ganó triste fama por múltiples razones: porque se sospecha que llevó el virus a la megafiesta después de haber o haberse contagiado en la bodega, porque en su casa la Justicia halló drogas y un arma de fuego y porque, de postre, trató de escapar de su propia casa en el barrio González Galiño donde cumplía arresto domiciliario, luego de haber estado internado por COVID 19 en un hospital.

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