Los pagos en concepto de reintegros correspondientes a enero, febrero y marzo no se realizaron, según las empresas. Superan los $10.000 millones. Esos fondos deberían salir de las tarifas que abonan los usuarios, por lo que no son subsidios del Estado
El Gobierno mantiene frenado los pagos a distribuidoras por el régimen de Zonas Frías. (Imagen Ilustrativa Infobae)
En las últimas horas las distribuidoras de gas natural comenzaron a alzar la voz en reclamo por un retraso en los pagos que debía realizar el Gobierno en concepto de reintegros por los descuentos de entre 30% y 50% en las facturas que reciben los hogares que viven en zonas frías de la Argentina, los cuales representan la mitad de los usuarios del país.
A partir de consultas al sector empresario, Infobae reconstruyó que la deuda total supera los $10.000 millones, monto que puede crecer más en los próximos meses de la mano de menores temperaturas y mayor consumo. Apuntan al ministro de Economía, Luis Caputo, quien desde marzo controla todos los fondos fiduciarios por decisión del presidente Javier Milei. Ante una consulta de Infobae por esta cuestión, en el Palacio de Hacienda no formularon declaraciones.
El régimen previsto por la Ley 25.565 de Zonas Frías, creado en los 90 y ampliado en 2021, prevé que cerca del 50% de los usuarios abona el gas más barato a las empresas de distribución (Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Cuyana, Ecogas, Gasnor, Litoral Gas) y otras más de 40 pequeñas subdistribuidoras por residir en zonas climáticas desfavorables.
Las distribuidoras apuntan a Caputo por el retraso en los pagos. REUTERS/Agustin Marcarian
La norma contempla que el Estado cubra la diferencia desde el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, el cual se nutre de un cargo extra que pagan todos los usuarios del país en sus boletas del servicio. Eso implica que el Tesoro no destina fondos a efectos de subvencionar los consumos en este tipo de zonas bioclimáticas, es decir, no son subsidios.
Las distribuidas señalan que el último pago fue realizado en febrero por los reintegros de diciembre, pero que no se abonó enero, febrero y marzo. “La deuda con nosotros es de unos $10.000 millones”, señalaron fuentes del sector a este medio.+
Ante la consulta de Infobae, el presidente del Instituto de Subdistribuidores de Gas Argentino (ISGA), José Luis Kelly, advirtió: “El Gobierno se quedó con plata que no le corresponde porque esto no es un subsidio del Tesoro. Primero afrontamos los costos y después nos dan un reintegro. Pero el reintegro sale de lo que pagan todos los usuarios en sus tarifas. El Ministerio de Economía está en falta con nosotros. El gas representa el 85% de nuestra facturación, nos están desfinanciando. Hay más de 40 empresas en riesgo”.
El 4 de marzo pasado se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 215/2024 por el cual Milei estableció que el Ministerio de Economía sea el nuevo “fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”.
El Gobierno no avanzó en la implementación de un nuevo esquema de subsidios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es el caso del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas por el cual se cubren los reintegros a distribuidoras por zonas frías. Al igual que todos los fideicomisos del Estado, el Gobierno anticipó que se realizarían auditorías de las que aún no hubo novedades mientras que los pagos se mantienen frenados desde inicio de este año.
Es preciso destacar que la mitad de los usuarios del país cuentan con el beneficio por “zona fría”, por lo que tienen un descuento del 30% en su tarifa final y de hasta 50% en el caso de cobrar AUH, pensiones no contributivas, ser jubilados y pensionados, monotributistas sociales, electrodependientes, entre otros.
La intención original del Gobierno era eliminar este régimen, así estaba previsto en el primer proyecto de Ley Bases, y avanzar hacia subsidios que tengan en cuenta las distintas zonas bioclimáticas de la Argentina. Sin embargo, el reclamo de los gobernadores, en particular los de la Patagonia, hicieron que se de marcha atrás en la derogación de la Ley 25.565. Además, se postergó el nuevo esquema de subvenciones y aún se mantiene en análisis su aplicación.