Se intensificaron los controles sobre la ocupación de las viviendas y se identificaron distintas irregularidades que fueron sancionadas.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) identificó irregularidades en el uso de algunas casas que habían sido adjudicadas. Y es que algunos propietarios las utilizaban para alquileres temporarios a turistas, por lo que debieron avanzar en la desadjudicación de las propiedades.
Las casas que entrega el Gobierno de Mendoza bajo el plan de créditos hipotecarios del IPV están destinadas a vivienda única familiar.
Por instrucciones planteadas por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, se profundizaron los controles y desadjudicaron tres propiedades durante los últimos siete meses de 2024, y otras cinco van por el mismo camino, en un complejo de la Ciudad de Mendoza.
Un ejemplo de esta situación sucedió a principio de este año, cuando vecinos del barrio Eusebio Blanco, en Ciudad, denunciaron que varias unidades no eran ocupadas por sus titulares.
Otros casos de viviendas desadjudicadas se dieron en los barrios Fuerza y Progreso y Capilla de Nieve, en Guaymallén; Parque Oeste, en Godoy Cruz, y José Hernández, en San Martín.
El fallo de la desadjudicación es siempre el último recurso al que apela el IPV luego de un largo proceso que va desde la verificación de residencia de los titulares, durante diferentes días y horarios, hasta notificaciones y emplazamientos para que los adjudicatarios puedan ejercer su derecho de defensa.
Superadas estas instancias, se quita a los beneficiarios la asignación de las viviendas que no estén escrituradas.
Luego, las casas recuperadas mediante estos procesos se destinarán a familias con alto grado de vulnerabilidad, según lo que determinen el IPV y el Municipio correspondiente.
Actualmente, el organismo evalúa otros 176 casos que se encuentran en diferentes estados del proceso de desadjudicación.
“Durante muchos años, el foco estuvo puesto en que los titulares de las viviendas que entrega el IPV regularizaran sus deudas y ocuparan sus viviendas”, explicó Gustavo Cantero, presidente del organismo.
En pos de eso, se realizaron campañas para incentivar tanto el pago de las cuotas como la ocupación permanente por parte del grupo familiar beneficiario de las viviendas entregadas.
Tanto es así, que desde 2020 se resolvieron cerca de 2.000 casos críticos relacionados con la morosidad y la ocupación, que no llegaron a la desadjudicación, ya que se fueron regularizados por los propietarios
“Este año la decisión está basada en extremar los controles de la ocupación real de las viviendas, ya que al momento de la adjudicación se les aclara a los beneficiarios que las unidades no pueden ser vendidas ni alquiladas, sin permiso del IPV y que tienen que ser habitadas inmediatamente”, indicó Cantero.
Así es el proceso de desadjudicación
Las viviendas no escrituradas son aquellas en las que el titular registral es el IPV, y como tal, tiene la potestad de iniciar un proceso de desadjudicación ante situaciones de alta morosidad o constatación de ocupación irregular, pudiendo culminar con el desalojo de la unidad.
El IPV realiza controles periódicos a las unidades entregadas a fin de constatar su ocupación efectiva. Estas visitas también pueden estar originadas por denuncias de los propios vecinos que detectan que una casa está deshabitada o que sus titulares están cometiendo una falta en el modo de ocupación.
Al detectar varias irregularidades, se les notifica a sus ocupantes y lleva los casos para ser analizados con los parámetros legales que establece la normativa.
“La quita de la vivienda es una de las acciones que puede aplicar el IPV para los adjudicatarios que incumplen con sus obligaciones, ya que generalmente encubren estrategias especulativas”, remarcó Cantero.
En tanto, instó a la población a denunciar casos de irregularidad para iniciar las acciones correspondientes, aunque cabe aclarar que esta denuncia por sí misma no constituye un derecho sobre la vivienda denunciada, pero sí es una herramienta eficaz de control social.
Por último, apuntó: “Es necesario que los titulares de viviendas sociales sean responsables con el pago de las cuotas y la ocupación”.