El edil sostiene que “por acción o por omisión” es en parte responsable del desvío de recursos municipales para obras de cauces de riego que no se habrían realizado.
Este miércoles el concejal del PJ José Pozzoli avanzará con la denuncia formal contra el inspector del cauce Vertientes Corralitos, Alejandro Currenti. Pero además de ello, tiene previsto denunciar al exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, por considerarlo responsable por “acción u omisión” del posible desvío de materiales municipales que estaban destinados a obras que no se hicieron. Por otro lado, el edil expondrá otras irregularidades en el manejo de fondos del Departamento General de Irrigación con un posible caso de sustitución de identidad. En concreto, sostiene que el señor Pedro Vicente Pelayes figura como primer delegado elegido el 5 de noviembre, pese a que habría fallecido el 23 de octubre del 2022.
El eje de la denuncia es que el propio Departamento General de Irrigación, organismo de contralor de la Inspecciones de Cauce, admite que hay obras que no se realizaron a pesar de haber recibido material de la municipalidad y haberle cobrado la mano de obra a los frentistas o recibido financiamiento por parte del Departamento General de Irrigación. Según los cálculos que manejan, serían 22 millones de pesos sin justificar en el año 2022 y otros 12 millones de pesos en el 2023.
Para José Pozzoli el responsable de esos desmanejos es el inspector de cauce Alejandro Currenti, pero entiende que nada hubiese sido posible si hubiesen funcionado los controles municipales. Currenti disponía de los materiales municipales con llamativa facilidad y el denunciante sostiene que “por intermedio del ex intendente Marcelino Iglesias el Municipio de Guaymallén entre los años 2019 y 2023 le entregó a la inspección de cauce conducida por Alejandro Currenti millones de pesos en materiales para la construcción y combustibles que debían estar destinados a la construcción de canales de riego”.
“De acuerdo a la información a la que he tenido acceso y a lo expresado por distintos regantes de la inspección, muchos de estos materiales no llegaban a destino y eran comercializados y no se utilizaban para la construcción de dichos canales. Por lo tanto considero que por acción u omisión debe investigarse cual ha sido el accionar del exintendente Marcelino Iglesias en los hechos denunciados ya que la pasiva actitud tomada por la Municipalidad de Guaymallén en controlar en que eran utilizado los cuantiosos materiales que se le daba a la inspección debe ser materia de investigación por parte de esta fiscalía”, esgrime Pozzoli en la denuncia que presentará este miércoles.
Pero además de ello, adhiere que los materiales eran retirados semanalmente por un empleado de la inspección de cauce llamado Eduardo Salpietro, y que la familia de su esposa, Marisa Pelayes, también debe dar explicaciones sobre situaciones anómalas que existían en la inspección Vertientes Corralitos.
En concreto el padre de Marisa Pelayes, Pedro Vicente Pelayes, figura como primer delegado de la inspección de cauce, electo el día 5 de noviembre del 2022. Sin embargo, Pozzoli sostiene que Pelayes falleció el 23 de octubre. “Entre las funciones de los delegados en este caso el primer delegado es firmar los cheques y autorizar los pagos en conjunto con el inspector de cauce. Ahora bien lo que resulta llamativo, preocupante y no menor es que de acuerdo con la información que tenemos el señor Pelayes falleció el 23 de octubre del 2022”, argumenta el concejal del PJ.
“Es decir que durante todo este periodo tanto la firma de Pelayes para la firma de los cheques como el manejo de los fondos que necesitaban su autorización han sido dispuestos en función de una persona que estaba fallecida”, adhiere José Pozzoli y pide que se investigue si su token bancario aún seguía siendo utilizado para aprobar las transferencias y pagos, después de haber fallecido.
Por otro lado, remarca que su hija, Marisa Carina Pelayes, fue miembro de la comisión de vigilancia de la Inspección de Cauce Vertientes Corralitos, “comisión que en la última asamblea de rendición de cuentas del último 31 de mayo, aprobó un balance de cuentas con 12 millones de pesos de déficit”.
Pero además de ello, Pozzoli enumera otras irregularidades que involucran directamente al inspector de Cauce Alejandro Currenti. Por ejemplo, que en el año 2018 mediante un contrato de comodato aprobado por el Departamento General de Irrigación el inspector Currenti edificó la sede de la inspección en terrenos de su propiedad.
También siembra sospechas sobre el alquiler de un tractor que estaba a nombre de su esposa, Romina Cagol, para realizar tareas de aplicación de herbicida y desmalezado en cauces públicos. La inspección de Cauce no solo pagaba un cannon de alquiler mensual, sino que además se comprometía a cambiar las costosas cubiertas del rodado.
Por último, también denuncia que en el año 2024 Currenti contrató los servicios de su esposa para desempeñar tareas en la Inspección de Cauce por un monto superior a los 5 millones de pesos.
Cómo se destapó el escándalo
Las irregularidades salieron a la luz luego de que el Honorable Tribunal Administrativo se negara a aprobar la rendición de cuentas presentada por Alejandro Currenti. El Tribunal de Cuentas había advertido inconsistencias y algunos integrantes del HTA de Irrigación se plantaron cuando les pidieron que aprueben el balance.
Eso generó tensión entre algunos consejeros y el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli. Finalmente, a pesar de las presiones del último, el Honorable Tribunal Administrativo resolvió suspender por 60 días a Alejandro Currenti y lo emplazaron a devolver $1.3 millones por las inconsistencias detectadas en el balance 2021. El problema es que el principal “rojo” en la rendición de cuentas de Currenti corresponde a los años 2022 (22 millones de pesos) y 2023 (12 millones de pesos), que aún no han sido tratados.