Miguel Mathus Escorihuela es uno de los máximos especialistas en temas hídricos de la provincia. Fue crítico con algunos puntos de la redacción del proyecto que impulsa el Gobierno.
La segunda mitad del año estará marcada principalmente por la discusión del nuevo Código de Aguas que impulsa el gobierno de Alfredo Cornejo, con el que busca modificar la norma que rigen el uso del bien más preciado que tiene Mendoza desde el año 1884.
El abogado especialista en materia hídrica Miguel Mathus Escorihuela habló con LVDiez, y se refirió a los pormenores del proyecto. Si bien señaló que el proyecto “es regular“, explicó una serie de falencias que contempla y se mostró molesto con la “urgencia” que tiene el Ejecutivo para tratar la ley.
Mathus Escorihuela aseguró que fue convocado hace más de un año por Sergio Marinelli, superintendente general de Irrigación, para que “revisaran el código que ya se estaba escribiendo” para remplazar la norma que está vigente desde 1884.
“Aquella ley es muy sabia, tiene 140 años y nos sigue sirviendo. Lo que se le planteó al Gobierno es que si lo que convenía era modificar la ley vigente en aquellas cuestiones que el Departamento General de Irrigación tenía sentadas, por algunas falencias, o redactar un nuevo código de aguas. Se optó por esto último“, comenzó el especialista.
En este sentido, aseguró que la redacción de un código de estas características es una cuestión “muy técnica y difícil“, que no se puede resolver de manera rápida.
“Aquí comenzaron los problemas, porque nos fueron entregando el proyecto a retazos, no completo. Le pedimos más tiempo para estudiarlo y nos dijeron que no había, que tenían que presentarlo en septiembre en la Legislatura. Hemos quedado en un impasse, porque el Gobierno decidió terminar lo que le ellos le llaman ‘la primera etapa’ y que ahora le van a consultar a la gente“, dijo Mathus Escorihuela.
Sobre este punto fue determinante: “En este aspecto debe ser terminante. El código es una herramienta jurídica técnica, que debe ser redactado por gente que esté al tanto de la materia que se esté por legislar, que conozca los antecedentes y el ámbito donde va a regir la ley. Debe contemplar los intereses de todos los actores de la sociedad”
A pesar de esto, el abogado señaló que el documento que impulsa el Ejecutivo “no es ni malo, ni bueno. Es regular.” y mencionó que “tiene falencias, como la falta de notas, que en estos documentos técnicos sirven para interpretar lo que el artículo dice. Eso no se ha tenido en cuenta”.
Mathus Escorihuela mencionó además que hay un error clave en el nuevo código, en el cual se menciona textualmente a “todos los ríos de Mendoza“, en lugar de discriminarlos uno a uno. Esto podría significar un grave error a futuro.
“Hace años, en el ámbito nacional se dictó una ley totalmente inconstitucional que desconoce los derechos de las provincias, la 25.688, que establece que pasan a ser competencia del Gobierno federal de aquellas cuencas de los ríos provinciales. Por este motivo, hemos criticado que en este proyecto se hable de los ríos de la provincia, porque imagínese que los ríos de Mendoza forman cuencas, estos pasan a ser competencia federal”, señaló y agregó que “en el caso de Mendoza significaría que el Mendoza, el Atuel, el Diamante, el Grande que terminan en el Desaguadero pasarán a ser competencia nacional, cosa que no aceptaríamos nunca. Es por eso que en el código se debe hablar de cada río de forma individual y no de cuenca. Nosotros hicimos mucho hincapié en esto, porque es muy importante para la provincia“.
Finalmente, pidió con franqueza al Gobierno, ya que considera que lo que busca es cambiar el actual Departamento General de Irrigación por una especie de Departamento de Aguas. “Sueñan con crear un super organismo que ejercería el papel de policía en todos los casos en los que se utilice el agua, algo que en el mundo no funcionó”.
Finalmente, pidió una renovación de los inspectores de cauce, a quienes consideró como “los gordos de la CGT” ya que algunos “llevan 25 años en el puesto“.