A la par de Nación, los distritos buscan achicar la planta del Estado para capear la crisis. La Ciudad, Tucumán, Río Negro y Catamarca ya instrumentaron sus propios sistemas.
La motosierra sobre las cuentas públicas no es exclusiva de la administración libertaria. A la sombra del profundo ajuste que Nación lleva adelante en el Estado, diversas provincias se ponen a tono e impulsan recortes y políticas de austeridad. Con ese norte, un puñado de distritos avanza con planes de retiros voluntarios para los trabajadores estatales, con el objetivo de achicar la planta permanente.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Tucumán, Río Negro y Catamarca ya lanzaron programas en esa línea, con particularidades propias. Mientras que las dos primeras la aplican desde hace meses, las otras dos jurisdicciones recién habilitaron los sistemas en las últimas semanas, ofreciendo a cambio distintos beneficios para quienes adhieran.
Ciudad: régimen vigente desde mayo
Siguiendo el camino trazado por el Gobierno nacional, que abrió retiros voluntarios en numerosas firmas y organismos estatales como Télam y Aerolíneas Argentinas, entre otros, la administración de Jorge Macri (Juntos por el Cambio) creó su propio régimen en mayo pasado, mediante el decreto N° 191.
El plazo impuesto por el jefe de Gobierno porteño estará vigente hasta el 31 de diciembre y consiste en la “percepción de un incentivo no remunerativo producto del acuerdo entre esta Administración y los trabajadores adherentes, en concepto de gratificación por cese laboral”.
“Este incentivo no constituye una renta derivada del trabajo personal y carece de periodicidad y permanencia”, sostiene el decreto. Además, “será abonado en una única cuota y estará compuesto por una cantidad mínima y máxima equivalente de haberes, que estará determinada conforme a la edad y antigüedad del trabajador solicitante”, sostiene el documento.
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.
El régimen incluye a los trabajadores con 50 años de edad o más; trabajadores con un mínimo de cinco años de antigüedad en esta Administración, de los cuales al menos un año deberá haber sido en calidad de personal de planta permanente comprendido en la Ley N° 471. Para computar el requisito de años de antigüedad, se considerarán aquellos períodos en los que el trabajador prestó servicios tanto como personal de planta transitoria como personal de planta permanente.
Por el contrario, quedan excluidos los trabajadores comprendidos en plantas consideradas críticas que se establezcan por reglamentación por la autoridad de aplicación y también los trabajadores que, durante la vigencia del régimen, tengan o alcancen los 65 años o más de edad, y cumplan con los requisitos necesarios para obtener su jubilación, entre otros.
Río Negro pone en marcha retiros voluntarios
Río Negro, por su parte, abrió en los últimos días la inscripción a su propio régimen, contemplado en la Ley de Desvinculación Voluntaria, una iniciativa del gobernador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) que fue aprobada por la Legislatura en mayo pasado con 40 votos favorables y 5 en contra.
La legislación contempla que, además de la retribución económica, quienes adhieran podrán utilizar las prestaciones del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) durante un año más y gozarán de exenciones impositivas en caso de que inicien un actividad económica en territorio rionegrino.
Desde la administración de Weretilneck señalaron que los que se plieguen “percibirán una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a seis meses”. Para inscribirse, deberán solicitar el Formulario de Adhesión en el área de Recursos Humanos de su organismo, completarlo y adjuntar certificados de antecedentes penales de la provincia de Río Negro y de reincidencia del Registro Nacional de Reincidencia.
Sin embargo, la medida no cuenta con el respaldo de los gremios. “Para nosotros, el régimen general de desvinculación voluntaria no cuenta con el aval de los sindicatos. Fue una decisión unilateral del gobierno provincial que, sin lugar a dudas, pretende llevar adelante un ajuste. Está orientado a garantizar un recorte del gasto público”, indicó a este medio el secretario general del Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro, Rodrigo Vicente.
Al respecto, el gremialista señaló que “más allá que desde el sindicato desalentamos a los trabajadores para que se adhieran, en aquellos casos que lo hagan, este plan va a terminar resintiendo los servicios que brinda el Estado recortando la cantidad y calidad de las prestaciones”.
Reiteró, además, que ATE está en contra del régimen ya que “sería un síntoma de ajuste como a nivel nacional donde la variable del mismo volvemos a ser las y los estatales”. “Si uno compara el decreto establecido o el proceso que plantea el gobierno rionegrino, tiene peores condiciones que el plan que ofrece el gobierno nacional”, finalizó Vicente.
Dentro del programa, está excluido el personal policial, de servicio penitenciario y docente. También quienes perciban una jubilación, retiro o prestación equivalente, con excepción de quienes perciban una pensión derivada o directa por fallecimiento; quienes estén en un proceso penal o disciplinario con cargos que puedan derivar en sanción de cesantía o exoneración.
La exención aplica, además, a quienes al momento de la solicitud se encuentren en condiciones de jubilarse o le falten hasta 5 años para hacerlo; excluye a funcionarios y autoridades superiores; al personal transitorio y a quienes hayan presentado la renuncia aún estando pendiente la aceptación de la misma; también excluye a quien haya iniciado reclamo administrativo o demanda judicial contra la provincia (salvo las derivadas de la Ley de Riesgo de Trabajo).
Las particularidades del sistema en Tucumán
Por su parte, el gobierno de Osvaldo Jaldo (Unión por la Patria) puso en marcha su propio programa de retiros voluntarios para trabajadores del Estado en Tucumán, que fue aprobado por la Legislatura.
La inscripción está abierta desde hace dos meses y seguirá así por otros cuatro. Una de sus particularidades es que los empleados estatales que adhieran dejarán su puesto por cuatro años, pudiendo solicitar una prórroga por igual plazo una vez vencido el primer periodo. No podrán volver a su puesto antes de esa fecha. En el medio, cobrarán el 70% de su salario así como también el 70% de los aumentos de sueldo, manteniendo además su obra social.
Las autoridades señalaron que podrán adherir los agentes de la Administración Pública Provincial, centralizada, descentralizada, entes autárquicos y comunas rurales.
En diálogo con Ámbito, el secretario de Gestión Pública y Planeamiento de Tucumán, Julio Saguir, consignó que, hasta el momento, hay tramitados 270 pedidos de retiros voluntarios, y ya se otorgaron 105. “Un 50% de los que solicitan el retiro están en la franja etaria de entre 40 y 49 años, y son profesionales”, señaló el funcionario. A la vez, destacó la buena predisposición de los gremios: “Se conversó previamente con los dirigentes gremiales y una vez aceptado fuimos para adelante”.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
“El empleado que accede al retiro recibe el 70% de sus haberes normales y habituales -sin ningún tipo de bonificación-, el 100% de Asignación Familiar a quien le corresponda, recibe la obra social y los incrementos salariales en un 70%. Cada provincia tiene regímenes distintos, pero hay extensiones horarios o fondos de estímulos que se aplican. Ninguna de estas cosas entran en el sistema. Es el 70% mínimo establecido”, especificó.
A la par, Saguir destacó que el retiro voluntario no es automático, sino que la autoridad de la repartición aprobará o rechazará la solicitud de acogimiento en un plazo máximo de 30 días, pudiendo rechazar las solicitudes por razones de servicio. Luego de la intervención de los organismos técnicos, la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento dictará el acto definitivo que conceda o rechace el retiro.
Quedan excluidos del régimen el personal de las fuerzas de seguridad, incluyendo al personal civil; el personal docente con funciones frente a grados y personal auxiliar de las escuelas; el personal en uso de licencia sin goce de sueldo, o por enfermedad de largo tratamiento; el personal que esté sometido a proceso penal y/o sumario administrativo por causales que pudieran dar lugar a cesantía; y el personal de planta no permanente en cualquiera de sus situaciones de revista.
Tampoco aplicarán el personal médico del SIPROSA; el personal interino; el personal que efectivamente cumpla funciones de Director y Subdirector; el personal Jerárquico de los Poderes del Estado y/o que requiera para su designación la observancia de normas especiales y todo aquel que cumpla funciones imprescindibles, como personal que revista en el agrupamiento asistencial del Sistema Provincial de Salud y el personal asignado a la conducción y ejecución de operaciones de emergencia dentro del territorio provincial, entre otros.
El caso de Catamarca
A la par, la gestión del peronista Raúl Jalil (Unión por la Patria) instrumentó en Catamarca el Régimen de Retiro Voluntario Asegurado para el personal de la administración pública. La medida se enmarca en la Ley N° 5842 de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Educativa del Estado Provincial, sancionada por la Legislatura local.
De acuerdo a la normativa, podrán plegarse los agentes de planta permanente que estén en efectivo servicio al 31 de diciembre de 2023 y que posean cinco años o más de antigüedad en sus cargos y con una edad mínima de 50 años para los hombres y 45 años para las mujeres.
Asimismo, el porcentaje de la prestación a recibir por los adherentes se calculará en base a los años que les falten para jubilarse: hasta 5 años o menos: 80%, hasta 7 años: 75%; Hasta 10 años: 70%; hasta 14 años: 60%; y desde 15 años en adelante: 50%.
Por otra parte, se indica que todos los adicionales por fuera de la pauta salarial general, se computarán solo en el equivalente al 50% de los mismos. El pago de prestaciones por Retiro Voluntario se realizará en 12 pagos mensuales por año, sin incluir el sueldo Anual Complementario. Para calcular la prestación pecuniaria, se tomará en cuenta la remuneración bruta percibida en enero de 2024.