El procurador Alejandro Gullé ordenó abrir un sumario administrativo y no se descarta dar de baja los contratos con las adiestradoras de los perros de “Contá conmigo”, la herramienta que permite abordar a menores víctimas de delitos contra la integridad sexual.
La bomba estalló en el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la onda expansiva amenaza con llevarse puesta las últimas contrataciones de “Contá conmigo”, el programa que permite abordar a menores víctimas de delitos contra la integridad sexual en Mendoza a través de intervenciones con perros.
Las sospechas de licitaciones direccionadas y otras irregularidades administrativas golpearon a esta novedosa herramienta lanzada en noviembre de 2022 para abordar casos de abusos sexuales a menores y que tiene como protagonistas a canes adiestrados que los acompañan en los momentos previos a declarar en Cámara Gesell.
El escándalo escaló y llegó al despacho del procurador general Alejandro Gullé, quien no tardó en mostrar su fastidio por la situación. El programa fue impulsado principalmente por Andrea Cháves, la coordinadora general del MPF -actualmente de licencia y que aparece en la foto inferior con uno de los canes del programa- que quedó en el ojo de la tormenta.
La primera reacción de Gullé fue ordenar que la secretaría de la Procuración General abra un sumario administrativo para investigar cómo fueron los procesos licitatorios que fracasaron por falta de oferentes. Por ese motivo, se avanzó con las contrataciones directas para el “Servicio adiestramiento canino para personal del Equipo de Abordaje de Abusos Sexuales (EDeAAS)” y para el “Servicio guía canina para canes del MPF”.
El primer contrato, por $9,4 millones al año, quedó en manos de Rosanna Benedetto. El segundo, por $11,1 millones por el lapso de 12 meses, fue para Noelia Gómez. Ambas especialistas forman parte de “Contá conmigo” desde el inicio del programa, pero no se presentaron en la licitación pública.
La ausencia de sus nombres en esa etapa del proceso y la posterior contratación directa de ambas disparó las dudas sobre una presunta licitación direccionada. Ese será uno de los ejes centrales de la auditoría, pero no el único.
También se investigará por qué Gómez fue contratada por el MPF siendo que, además de adiestradora canina, es agente del Servicio Penitenciario Federal. La ley orgánica de dicha repartición prohíbe a su personal realizar trabajos remunerados para otros organismos estatales. También la Constitución provincial aclara que “nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentados, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional”.
Cerca de Gullé se defendieron aclarando que Gómez está inscripta como proveedora del Estado provincial, por lo que entendieron que estaba habilitada para participar del proceso. Sin embargo, también hacen autocrítica: otras fuentes del MPF consideraron que el conflicto no existiría si la licitación inicial y contratación directa posterior hubiesen contado con un dictamen legal y técnico que avale todos los pasos.
Pese a que Benedetto y Gómez no se presentaron en la licitación inicial, desde el EDeAAS destacaron que eran “idóneas” para el trabajo requerido ya que justamente las dos prestaron servicios desde la creación del programa; posteriormente la Comisión de Preadjudicación “recomendó” las contrataciones de ambas y la coordinadora general del MPF “no presentó objeciones” para la continuidad de los trámites.
Si bien en una primera instancia desde el MPF resaltaron que no existieron irregularidades, ahora confirmaron que se investigará si efectivamente el convenio con Gómez “estuvo ajustado a derecho”. También se pondrá la lupa en el contrato con Benedetto.
De acuerdo con lo que surja de esas investigaciones, no se descarta una medida más extrema: dar de baja ambos contratos. El problema, en ese caso, será encontrar otros especialistas en adiestramiento canino, un mercado que -admiten en el MPF- no es demasiado amplio en Mendoza.
De las dos especialistas investigadas, la más complicada en Gómez, y no sólo por su doble rol en el sector público (agente penitenciaria y contratada por el MPF). La especialista también es propietaria de una tienda de venta de artículos para mascotas y, para promocionar su negocio en las redes sociales, utilizó como “modelos” a Mate y Peperina, dos perros que fueron adquiridos exclusivamente para el programa “Contá conmigo”.
Advertida del escándalo que se avecinaba, se apuró a borrar un perfil en Instagram y los posteos que mostraban a los canes, pero ya era tarde. La mecha estaba encendida y terminó por explotar en el MFP.