Dos senadoras provinciales impulsan un protocolo para mejorar la atención de personas con discapacidad. De que se trata.
Discapacidad: un proyecto busca revisar desde infraestructura a la currícula universitaria.Foto: Cristian Lozano
El senado de la provincia de Mendoza trabaja en un Protocolo de Atención para Personas con Discapacidad en el sistema de Salud provincial. Presentado por las senadoras Mercedes Derrache y Flavia Manoni en la comisión de Salud, el mismo destaca la urgencia de mejorar la atención y el trato, bajo un enfoque de derechos humanos. De qué se trata.
“El proyecto del que estamos hablando es el 80.188 presentado ahora en el 2024 y busca la implementación de un protocolo de atención y calidad de trato para personas con discapacidad en el sistema público de Salud de la provincia. Obviamente que después lo queremos llevar a todo, pero lo estamos primero un poco ensayando con el sistema público de Salud a ver si podemos lograr el consenso”, explicó la senadora Flavia Manoni a Sitio Andino.
En concreto, destacó que tras realizar una estrategia metodológica tanto cuantitativa como cualitativa, se evidenciaron ciertas situaciones de infantilización y pérdida de autonomía graves. “Una chica contaba que, por su situación de discapacidad intelectual, va al médico y lo primero que este le dice es que se puede ligar las trompas. En vez de hablarle a ella, obviamente le hablaba a la madre”, explicó Manoni.
Y agregó: “Si va una chica de la misma edad, sin discapacidad, y se quiere ligar las trompas le van a decir que es muy chica. En otra situación, si una chica va a comprar un vestido para el cumpleaños de 15 y tiene discapacidad, le van a sacar el vestido del año anterior, como si no se diera cuenta”.
El proyecto busca establecer un protocolo que garantice una mejora en los procesos de atención y admisión para personas con discapacidad en la provincia, alineándose con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD). A su vez, según datos de la Dirección Provincial de Discapacidad, alrededor del 6% de la población mendocina tiene un Certificado Único de Discapacidad (CUD), pero según estimaciones internacionales esta cifra debería estar rondando entre el 15% y 20%.
“Vamos a plantear a cuáles son los mecanismos que obstaculizan el verdadero acceso a los derechos de las personas con discapacidad para así generar la estrategia y las actividades para implementar este protocolo. Y uno específicamente de los obstáculos es la falta de capacitación“, resaltó.
“Yo siempre les digo, ¿por qué le dicen paciente? ¿Por qué le dicen mamita? Si tiene nombre y apellido, entonces hay que preguntarles y, a partir de ahí, sos María Laura, Juan, Pedro. En las actitudes se ve también, por ejemplo, cuando dicen ‘uy, come y tiene baba, me da asco'”, continuó.
Discapacidad: revisarán la currícula universitaria
Además de tratar de identificar y derribar las barreras actitudinales y de comunicación a través de la capacitación de todo el personal de salud, desde administrativos hasta profesionales médicos (para asegurar un trato adecuado y respetuoso), el proyecto contempla en una segunda instancia la revisión de la infraestructura de la provincia, de los ámbitos de salud, e incluso la currícula de las universidades.
“Se va generando esta interacción con las diversas barreras que impiden la participación plena, que pueden ser barreras ideológicas, físicas, psicológicas, en las representaciones sociales y también barreras edilicias. Si quiero subir al segundo piso, al tercer piso de una facultad y no hay ascensor o es muy pequeño, no puedo hacer“, puntualizó Flavia Manoni.
Otras de las situaciones detectadas son: la utilización de estacionamientos para personas con discapacidad, espacios que no poseen rampas o barandas para el traslado, o que en algunos casos sí posee rampa, pero supera los 45° de altura. Frente a ese contexto, buscan analizar si las carreras universitarias dictan materias vinculadas a la discapacidad.
“ Queremos analizar si en todas las carreras de arquitectura, de ingeniería civil, hay alguna materia que habla de accesibilidad o de discapacidad. Porque no es lo mismo hacer un edificio sin barreras, que hacer un edificio con barreras. Después, tratar de corregir esas barreras, siempre es más caro. En el transporte pasa lo mismo, ¿todos los colectivos tienen rampa y son usadas? ¿Cuántos taxis no paran cuando tenés que llevar una silla de ruedas porque no entra en el baúl?”, dijo Manoni a Sitio Andino.
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A su vez, también buscarán comprobar si en todas las carreras de la Universidad Nacional de Cuyo hay personas con discapacidad. “Cuando una persona tiene una discapacidad física podría decirse que es ‘más aceptable’, pero cuando hablamos de discapacidad intelectual… ¿Cuántas personas son recibidas en las instituciones, por ejemplo?”, sostuvo.
En términos generales, esta propuesta – que se remitió al Poder Ejecutivo para evaluar su aplicabilidad- busca introducir un paso importante hacia una mayor inclusión y equidad en la atención sanitaria, en primera instancia, para luego analizar los espacios públicos y educativos.
“Tendría que existir justamente la ley Romañach o la ley Agustina Palacios, podemos poner el nombre que queramos. Pero tiene que ver con la capacitación que debemos tener todos las personas, el personal del Estado, en relación a personas con discapacidad“, finalizó.