Según datos de Nación, Mendoza se ubica entre las provincias con más chicos en centros de detención. Pero desde el Gobierno de Mendoza sostuvieron que hay una merma y que logran la reinserción de la mayoría.
Mendoza se ubica entre las provincias con más población penal juvenil , por debajo de Buenos Aires y Córdoba, según un informe compartido entre la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Unicef . La mayoría de los jóvenes de entre 16 y 18 años se encuentran en proceso judicial.
Las cifras se conocieron en el informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dio recientemente en el Congreso. El Ministerio de Capital Humano detalló que hay 445 jóvenes menores de 16 años en el dispositivo penal de Mendoza, en 2024. Por arriba, Buenos Aires presenta una población penal juvenil de más de 2.300 adolescentes, mientras que Córdoba tiene 537.
Pero estos datos contrastan con los que tienen en el Gobierno de la provincia. Entre enero y septiembre de este año se han registrado 396 adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal, según las cifras oficiales que dio a El Sol Verónica Álvarez Ocampos, subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventud. Pero hacen una salvedad: se trata de chicos en situación ambulatoria.
En esa área, remarcaron que las cifras han descendido considerablemente respecto a años anteriores, donde los números trepaban a los 800 jóvenes en esa situación.
Radiografía social
Los delitos contra la propiedad representan una mayor ocurrencia a nivel provincial. Según reportó la funcionaria, “más del 50% de los delitos que se cometen en Mendoza tienen que ver con esta categoría“. Asimismo, recalcó que “sólo un 7% de los casos representa algún tipo de violencia contra terceros”.
Las causas por las que se generan estos tipos de delitos son muchas, pero en todos los casos hay un factor determinante y es el consumo problemático de drogas. Se trata de un problema que atraviesa a todos los sectores de la sociedad, según expresó la subsecretaria.
El perfil de los que más conflictos con la ley tienen, son “mayormente son hombres los involucrados y la edad promedio ronda los 17 años“, detalló Álvarez Ocampos.
Estos jóvenes cumplen su condena ambulatoria en la Unidad de Medidas Alternativas (UMA), dependiente de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), el ex COSE.
¿Bajar la edad de imputabilidad es una solución?
La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel. En Argentina, esta edad se estableció en los 16 años, pero en mayo el Ministerio de Seguridad envió un proyecto de ley al Congreso para bajarla a 13 años.
El debate está abierto y genera voces a favor y en contra. Para Álvarez Ocampos, bajar la edad de imputabilidad no es la solución.
“Los hechos de inseguridad existen, es una realidad con la que convivimos a diario, pero si analizamos las estadísticas se observa que los delitos no son generados por menores de 18 años. Es un mito que se instaló en la sociedad“, aclaró.
La funcionaria aclaró que “siempre que hay chicos involucrados en algún caso de inseguridad, detrás de ellos hay un adulto, pero la mirada no se posa en éste, sino en el menor, que son los más débiles y los que más desprotegidos están“.
Entonces, “el problema de la delincuencia juvenil no es una cuestión de los menores, sino de los adultos que están detrás de ellos y que se respaldan en éstos. Acá pagan justos por pecadores“.
Por otro lado y argumentando aún más su discurso, la funcionaria manifestó que “es necesario que los mendocinos cambien su mirada ante estos chicos” y consideró que cuando “es esencial meter preso a niños, es de una sociedad incivilizada“.
“Se trata de un sector de la sociedad vulnerable. No tienen desarrollada completamente su psiquis, por eso es necesario entender que detrás de ese niño manipulado que fue a delinquir hay un adulto que lo empujó a hacerlo“, recalcó Álvarez Ocampo.
El Gobierno dice que logra la reinserción
Si bien la mayoría de los chicos no está privado de su libertad, sí deben cumplir su proceso judicial de manera obligatoria en cualquiera de los nueve dispositivos abiertos y alternativos que cuenta la provincia.
En las Unidades de Medidas Alternativas, los chicos deben cumplir horarios, se priorizan diferentes aspectos como la educación, la reinserción social y el aprendizaje laboral, entre otros.
“El abordaje que se realiza es interdisciplinario y no sólo incluye al chico, sino a todo su núcleo familiar y su entorno. Se realiza un seguimiento y los resultados son exitosos en la mayoría de los casos. Los jóvenes logran reinsertarse, pese a seguir anclados en ese contexto“, expuso Álvarez Ocampos.
“Acá hay una vulneración de derechos en general. Por estos chicos vulneraron los derechos a la paz de una familia o persona determinada, pero a ellos también les pasó lo mismo. Esos chicos tienen derecho como todos a una educación, a una infancia digna, a oportunidades y nadie los miró, nadie les prestó atención“, enfatizó la funcionaria.
A modo de ejemplo, la subsecretaria explicó: “Cuántas veces uno está tomando algo en la Arístides o el Centro y pasan estos chicos y uno les da vuelta la cara o le da un billete rápido para que se vayan y no moleste. Esa es la sociedad que tenemos, la que no mira y la que dice y acusa“.
Finalmente, la funcionaria consignó que “es necesario modificar la ley penal, pero no teniendo en cuenta la baja de la edad de punibilidad, sino trabajando cuestiones que tengan que ver con la protección de derechos. La ley que tenemos en la actualidad es una ley de la Dictadura y estaría bueno que se aggiorne y se priorice la protección integral de derechos”.
Los nuevos mandatos
Teniendo en cuenta el abordaje y el trabajo que se realiza con quienes se encuentran en conflicto con la ley penal, surge el interrogante si realmente es posible la reinserción social y laboral.
Ante esto, el sociólogo, Diego Tagarelli, sostuvo que en primer lugar es necesario replantearse el concepto de “delincuencia juvenil”, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad.
“En los últimos 30 años, hemos transitado de una delincuencia común, que conservaba los códigos e identidades del barrio y limitaba la agresividad hacia el prójimo, a una delincuencia anómala y sumamente peligrosa, cuya premisa es violentar al máximo la integridad de otra persona. Se ha normalizado la delincuencia en torno a mandatos ideológicos fuertemente nocivos: el delincuente es premiado o reconocido, en su espacio social“, explicó.
Si bien, el contexto socioeconómico no es favorable, el especialista advirtió que “una reinserción laboral y social sólo es posible si las rehabilitaciones ambulatorias estatales y sanitarias son acompañadas de políticas culturales concretas”.
“Estas problemáticas no pueden limitarse a una contención; se deben activar programas culturales fuertes, con un sentido educativo que no se desvincule de sus identidades o construcciones territoriales, procurando hacerlos protagonistas, y no meros espectadores de una política que, en lo abstracto es inclusiva, pero en la práctica es profundamente excluyente“, cerró.