El máximo tribunal de la Provincia declaró inconstitucional el pase a planta de casi 5.000 empleados en la gestión de Francisco Pérez. El ministro de Gobierno, Natalio Mema, adelantó que se revisará “caso por caso”.
El gobernador Alfredo Cornejo ya puso la lupa en los 5.000 empleados que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional sus pases a planta permanente al Estado provincial. El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, adelantó que desde su cartera comenzaron a analizar cada situación particular.
En la previa a la presentación del proyecto de la disolución del EPAS, Mema dio precisiones del fallo del máximo órgano de Justicia. La medida de la Corte apunta a un acuerdo paritario durante la gestión de Francisco “Paco” Pérez, en el que permitió el pase a planta permanente a 5.000 empleados estatales.
“Una vez que la corte decidió la inconstitucionalidad, tenemos que analizar cuál fue la situación de cada persona, cuál fue el hecho del pase a planta, ya se ha ido depurando bastante ese número porque existieron otras irregularidades. Algunas las ganamos y otras las perdimos en la Justicia entre 2016 y 2019”, manifestó el funcionario.
En Casa de Gobierno sostienen que el acuerdo paritario por el exmandatario peronista incluía a más de 7.500 personas. Por ende, la actual gestión radical comenzará a analizar caso por caso para determinar si detectan regularidades en sus respectivos ascensos laborales.
“En una paritaria se había determinado que más de 7.500 personas que había contratadas pasen a planta y ahí se desvirtúa la carrera administrativa y perdemos la posibilidad de poder seguir profesionalizando y que el ingreso a la planta del Estado sea por concurso, tanto el ingreso como el ascenso”, analizó Mema.
El exsubsecretario de Servicios Públicos entiende que la figura del contrato temporal consiste que aquellas personas que ingresan al Estado bajo esa contratación deben terminar con sus servicios una vez que culmina el mandato de la administración que los contrató justamente.
Respecto a los próximos pasos a seguir, la Dirección de Legal y Técnica a cargo de Diego Lázzaro, comenzará a analizar los 5.000 casos. La duda del Ministerio de Gobierno es al tratarte de una homologación aprobada por la Legislatura y tras la inconstitucionalidad dictada por la Corte, consideran que los derechos laborales “nunca estuvieron firmes”.
“Es un trabajo que se empezará a hacer desde ahora, hay que ver la situación de cada uno y evaluar los pasos a seguir, pero es una posibilidad. Tienen que analizar los derechos adquiridos y esto corre para adelante, o si tenemos que revisar lo que sucedió. No está claro que haya un derecho adquirido, tenemos que revisar la situación de cada una de esas personas desde aquel momento hasta hoy”, subrayó Mema.
Con esta decisión, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza establece que todos los futuros ingresos y ascensos en la administración pública deben realizarse mediante concurso de oposición y antecedentes, tal como lo establecen la Constitución provincial y otras normativas vigentes.
“Es un mensaje importante para los que nos toca hoy gestionar el Estado, para que eso no vuelva a ocurrir, y para adelante también. Por eso creemos que es una excelente noticia porque es una de las mejores formas de efincientizar tanto el recurso como el servicio que brinda el Estado”, finalizó Mema.