La iniciativa busca regular a las empresas del rubro y limita la creación de cooperativas. La Unión Mendocina y el peronismo votaron divididos.
La Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto que regula la actividad de las empresas de seguridad privada de Mendoza. La iniciativa formaba parte del paquete de leyes que presentó la Ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, a principios de mayo.
El proyecto contó con el apoyo de los 22 senadores, de los cuales 19 forman parte de Cambia Mendoza. Los tres votos restantes vinieron por miembros de la oposición.
En el peronismo, Duilio Pezzutti decidió votar diferentes a sus compañeros de interbloque. Mismo camino decidió tomar Armando Magistretti pero en La Unión Mendocina. También hizo lo suyo Dugar Chappel del Partido Verde.
Los 16 votos negativos, en tanto, llegaron de los legisladores que responden a los intendentes del peronismo y de La Cámpora. En LaUM, salvo por Magistretti, sus siete integrantes votaron en contra.
Qué se discutió en la Legislatura
El punto de discusión se centró en los límites al funcionamiento de las tres cooperativas que funcionan en la provincia. Estas son Sarpol, Akon-Ahuac y Sistema Información Generales (SIG).
En el oficialismo remarcaron que las tres cooperativas existentes van a poder seguir funcionando, pero con la condición que no puedan sumar nuevos clientes. Salvo que se registren en el Repriv y se constituyan como empresa de seguridad.
Actualmente, hay 175 empresas de Seguridad en Mendoza registradas en el Repriv, que cuentan con 10.000 empleados. La norma establece que los vigiladores deben contar con estudios correspondientes y el certificado de buena conducta para que puedan trabajar.
En caso de que los trabajadores no cuenten con estos pedidos específicos, la norma le da una prórroga de un año para que puedan normalizar su situación.
Los cruces entre el oficialismo y la oposición
Tanto LAUM como el peronismo consideraron que el proyecto atenta contra la generación de cooperativas en la provincia. A su vez, sostuvieron que los mendocinos empezarán a pagar más caro el servicio de seguridad privada.
Del espacio político que lidera Omar De Marchi presentaron un despacho de minoría en el que solicitaban el cambio del inciso E, en el que permite el libre funcionamiento y labor de las cooperativas de Seguridad privada.
“No se entiende esta ley. No veo lógica que se tenga que limitar el accionar de las cooperativas. Por este proyecto, los mendocinos van a empezar a pagar más caro un servicio que el propio Estado tiene que garantizar”, expuso Valentín González.
En el peronismo remarcaron que Cambia Mendoza “apuró” el debate en el Senado y que se estaba votando un proyecto “a carpeta cerrada”. También, acusaron al oficialismo de “favorecer el lobby” de los dueños de las empresas de seguridad.
“No se puede juzgar el funcionamiento de las cooperativas solo por tres organizaciones del rubro. Acá hay que ser generalistas y no votar algo solo por tres cooperativas. Si falta control, pongamos más controles”, enfatizó el legislador Pedro Serra.
La respuesta del oficialismo vino de la presidente del bloque, Natacha Eisenchlas, quien cuestionó a LaUM por “confundir” a la sociedad con “datos adulterados”.
“Tanto su principal referente cómo sus legisladores confunden a la sociedad. No hacen sugerencia, solo publican datos que hasta la propia de la ministra de Seguridad de la Nación los desmiente”, afirmó Eisenchlas.
Para la senadora radical, el despacho que propuso de LaUM es una “copia” del proyecto presentado por el oficialismo. Además, remarcó que no han presentado una iniciativa que modifique la norma que lleva en vigencia 27 años.