El Consejo Superior trató el tema y redactó una carta criticando a Milei y a los diputados que apoyaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario
La UNCuyo redactó una carta abierta lamentando el voto de los legisladores mendocinos para sostener el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
Después de dos semanas de polémica, en las que circularon rumores sobre la posibilidad de que la diputada Mercedes Llano, también profesora de la UNCuyo, fuera declarada persona no grata por la universidad, finalmente el Consejo Superior decidió este miércoles no otorgarle este título, y sólo redactó una carta en repudio.
La moción abarcaba a los diputados nacionales libertarios Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez.
La controversia se desató durante una sesión de este organismo, donde personas afines a la izquierda interrumpieron de manera violenta la reunión. Lo que le pedían a los consejeros era que repudiaran a la diputada libertaria, quien apoyó con su voto el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
Para calmar la situación, ya tensa, una parte del peronismo decidió dar lugar a esta demanda, y crear una comisión encargada de evaluar la posibilidad de declarar a Llano persona no grata, sobre todo ella por ser docente de la UNCuyo. Este grupo se formó, y se reunió este miércoles, y fracasó en el intento de declarar persona no grata a Llano y solamente escribió una carta en la que piden a los legisladores mendocinos en el Congreso que trabajen para que el gobierno nacional aumente el presupuesto para las universidades.
¿Qué dice la carta de la UNCuyo?
La UNCuyo publicó la carta elaborada por la comisión encargada de repudiar a los legisladores. En las 917 palabras del documento, no se menciona explícitamente a Mercedes Llano, pero se solicita a los representantes nacionales de Mendoza que “defiendan al pueblo de la Nación y a Mendoza con el aumento del presupuesto destinado a las universidades nacionales”.
Allí manifestaron su repudio “a los votos que no acompañaron la Ley de Financiamiento Universitario y contribuyeron a dejar firme el veto presidencial, principalmente de aquellos/as quienes representan al pueblo mendocino y son hijos/as y parte de la Universidad Nacional de Cuyo”. Esto último en referencia al mendocino Facundo Correa Llano, quien estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la casa de altos estudios, y Llano que dicta la materia Administración de los Recursos Humanos en segundo año de Ciencia Política y Administración Pública.
La carta hace un llamado a “resguardar el financiamiento público de la Educación Superior, para permitir que nuestra universidad continúe ofreciendo conocimiento, cultura, desarrollo tecnológico, e igualdad de oportunidades”. Además, instan a los legisladores a introduzcan las modificaciones que consideren necesarias al proyecto de ley de presupuesto 2025, para garantizar al sistema universitario y científico condiciones óptimas de funcionamiento”.
El mensaje a Milei sobre las auditorías a las universidades
“El Consejo Superior de la UNCUuyo discute, toma decisiones y revisa periódicamente los asuntos financieros y administrativos inherentes a su funcionamiento. Las inquietudes de la comunidad universitaria y de la sociedad en general pueden responderse a través de la consulta de actas y resoluciones que son de acceso público”, comenzaron el bloque que le dedicaron a “desmentir” que el dinero de las universidades no se audita.
De acuerdo a lo que plantearon, las actividades financieras y administrativas son controladas permanentemente por la Subsecretaría de Políticas Universitarias mediante el seguimiento de la ejecución de los fondos otorgados a través del presupuesto.
También advirtieron que la Unidad de Auditoría Interna, que depende de la UNCuyo, realiza un control paralelo en conjunto con la Sindicatura General de la Nación.
Gentileza Prensa Universidad Nacional de Cuyo
“Además, se presentan reportes mensuales de ejecución presupuestaria y la nómina de trabajadores ante Subsecretaria de Políticas Universitarias, los balances semestrales y la cuenta de inversión anual -previa aprobación del Consejo Superior de la UNCuyo- ante la Contaduría General de la Nación dependiente del Poder Ejecutivo Nacional”, explicaron.
“Las cuentas están a la vista. A pesar de ello, el Gobierno Nacional instala programáticamente una sospecha sobre la administración de los fondos asignados. Y, en función de ello, justifica un profundo recorte presupuestario en nuestra universidad. Esta decisión nos obliga a mendigar recursos adicionales para cubrir gastos e insumos básicos de funcionamiento, de investigación, de extensión, becas estudiantiles y pone en peligro la calidad del servicio que brindamos”, concluyeron.
Preocupación por el presupuesto para las universidades del año que viene
La casa de altos estudios reclamó que el estado nacional haya previsto para el Presupuesto 2025 sólo el “0,88% del PBI en Educación, constituyéndose en la inversión más baja de los últimos 10 años. Si tenemos en cuenta el promedio del 1.23% del PBI destinado en años anteriores”.
De acuerdo a los números que manejan en la UNCuyo eso apenas alcanzaría el 53% de lo que se necesita para cubrir los gastos corrientes de las universidades.
La carta completa
Las universidades nacionales argentinas de gestión pública han estado y están dispuestas a discutir sus cimientos y estructuras con todos los sectores de la sociedad de la que forman parte. Esto es constitutivo de su modo histórico de ser. Fiel a esta dimensión estructurante, la Universidad Nacional de Cuyo, uno de los principales centros de producción del conocimiento del oeste argentino, está dispuesta a participar en los debates sociales y políticos del presente y del futuro para encontrar las respuestas que se necesitan en un mundo de cambios vertiginosos, recursos escasos y necesidades en aumento.
El Consejo Superior de la UNCUYO discute, toma decisiones y revisa periódicamente los asuntos financieros y administrativos inherentes a su funcionamiento. Las inquietudes de la comunidad universitaria y de la sociedad en general pueden responderse a través de la consulta de actas y resoluciones que son de acceso público.
Las actividades financieras y administrativas de la Universidad Nacional de Cuyo son controladas permanentemente por la Subsecretaría de Políticas Universitarias mediante el seguimiento de la ejecución de los fondos otorgados a través del presupuesto.
La Unidad de Auditoría Interna realiza un control paralelo en conjunto con la Sindicatura General de la Nación, que depende directamente de Presidencia de la Nación. Actualmente se encuentra en marcha el Plan de Auditoría bianual 2023-2024, al cual toda la ciudadanía de la Provincia de Mendoza puede acceder ingresando al Portal de Transparencia de la Universidad.
Además, se presentan reportes mensuales de ejecución presupuestaria y la nómina de trabajadores ante Subsecretaria de Políticas Universitarias, los balances semestrales y la cuenta de inversión anual -previa aprobación del Consejo Superior de la UNCUYO- ante la Contaduría General de la Nación dependiente del Poder Ejecutivo Nacional.
Las cuentas están a la vista. A pesar de ello, el Gobierno Nacional instala programáticamente una sospecha sobre la administración de los fondos asignados. Y, en función de ello, justifica un profundo recorte presupuestario en nuestra Universidad. Esta decisión nos obliga a mendigar recursos adicionales para cubrir gastos e insumos básicos de funcionamiento, de investigación, de extensión, becas estudiantiles y pone en peligro la calidad del servicio que brindamos.
De acuerdo con los datos actualizados del Consejo Interuniversitario Nacional, el 85% de los cargos de los docentes y del 60% de los trabajadores no docentes están por debajo de la línea de pobreza (INDEC). La Ley de Financiamiento Universitario que vetó el Presidente de la Nación y confirmó parte de los representantes de la Cámara de Diputados de la Nación, proponía garantizar el financiamiento sostenido de las Universidades Públicas Nacionales y una recomposición salarial para docentes y no docentes aumentando el presupuesto destinado a ellas, distribuyéndolo entre salarios y gastos de funcionamiento.
Si al veto presidencial, le sumamos las declaraciones públicas agresivas, insultantes y falaces contra nuestra comunidad, nos preguntamos si el móvil de estas acciones es el control de ejecución presupuestaria o la discusión razonable acerca del funcionamiento de la universidad y su aporte a la construcción del conocimiento y al mejoramiento social. Antes bien podemos pensar que se trata de una batalla cultural y de un ataque sistemático con el fin de socavar a una de las pocas instituciones que sigue siendo altamente valorada por la sociedad argentina ya que es la que brinda las herramientas para que los ciudadanos y ciudadanas puedan alcanzar sus sueños más preciados, por los que tanto se han esforzado.
Vetada la ley, a la Universidad Nacional de Cuyo le toca seguir asumiendo las responsabilidades que siempre asumió, con los pies sobre la tierra, el corazón en las aulas, y la mirada en el futuro. Para el 2025 se prevé que el Estado Nacional solo “invierta” el 0,88% del PBI en Educación, constituyéndose en la inversión más baja de los últimos 10 años. Si tenemos en cuenta el promedio del 1.23% del PBI destinado en años anteriores, contemplando apenas el 53% de lo que se necesita para cubrir los gastos corrientes de las universidades, lo que se avizora en un futuro inmediato es el aumento de las necesidades y problemas de los miembros de la comunidad universitaria.
En acuerdo con lo manifestado por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo insta a los legisladores y legisladoras nacionales a apoyar el financiamiento de nuestra educación pública como un derecho fundamental e irrenunciable de nuestra sociedad, como bien público, como herramienta de movilidad social ascendente, como obligación del estado garantizada en nuestra Constitución Nacional. Asimismo, manifiesta su repudio a los votos que no acompañaron la Ley de Financiamiento Universitario y contribuyeron a dejar firme el veto presidencial, principalmente de aquellos/as quienes representan al pueblo mendocino y son hijos/as y parte de la Universidad Nacional de Cuyo.
Por último, exhorta a los legisladores nacionales por Mendoza a que defiendan al pueblo de la Nación y a Mendoza con el aumento del presupuesto destinado a las Universidades Nacionales; a que resguarden el financiamiento público de la Educación Superior para permitir que nuestra Universidad continúe ofreciendo conocimiento, cultura, desarrollo tecnológico, e igualdad de oportunidades; a que introduzcan las modificaciones que consideren necesarias al proyecto de ley de presupuesto 2025, para garantizar al sistema universitario y científico condiciones óptimas de funcionamiento.
La educación superior pública no arancelada garantiza la construcción de un presente y un futuro con trabajo y desarrollo para todos los argentinos. Por esta razón extendemos este pedido a la sociedad mendocina para que nos escuche y nos ayude más que nunca. Cuentan con nosotros. Contamos con ustedes.
¡Educación Pública Siempre!