La iniciativa de la DGE de Ficha Limpia para docentes fue tratada en las comisiones de Educación y Hacienda y Presupuesto
Daniela García, jefa de Gabinete del ministerio de Educación, durante el debate en comisión del martes. Foto: Prensa Senado.
Integrantes de las comisiones de Educación y Hacienda y Presupuesto de Senadores y Diputados avanzaron el martes en el tratamiento de un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que busca implementar un sistema de Ficha Limpia en el ámbito educativo.
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares mediante la prohibición del ingreso o permanencia de personas con antecedentes penales relacionados con delitos graves.
Ese día el tema fue abordado por las comisiones de Educación y Hacienda y Presupuesto. De acuerdo con fuentes del senado, la iniciativa continuaría analizándose la semana próxima y, finalmente, podría ser votada la segunda semana de diciembre.
La senadora Mariana Zlobec (UCR), presidenta de la comisión de Educación, sostuvo que “siempre el interés superior del niño, niña y adolescente debe ser prioritario”.
Tadeo García Zalazar y Mariana Zlobec.
Gentileza Prensa Senado
“Por ello el docente es una figura fundamental en el aula. Debe generar seguridad como figura clave en el proceso de enseñanza aprendizaje y propiciar entornos donde el respeto mutuo y la confianza sean valores a proteger con acciones responsables”, puntualizó.
El proyecto, presentado por el ministro de Educación, Infancia, Cultura y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, propone incorporar al Estatuto del Docente, al Estatuto del Celador y al reglamento del personal administrativo requisitos específicos que aseguren que ningún profesional con condenas por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad pueda acceder a cargos en el sistema educativo.
Esta iniciativa se inspira en el concepto de ficha limpia ya vigente en el sistema electoral provincial y adoptado recientemente por otras jurisdicciones como la provincia de Salta.
El proyecto no solo contempla la creación de un registro público de antecedentes penales, sino que también introduce modificaciones en los procedimientos de selección para garantizar que cada candidato sea evaluado rigurosamente antes de ingresar al sistema educativo.
La propuesta incluye medidas específicas para las escuelas de gestión privada, obligándolas a adherirse a estas normativas, y establece sanciones más severas para quienes incurran en este tipo de delitos, como la inhabilitación permanente. Estas disposiciones buscan uniformar los estándares de protección en todo el sistema educativo de Mendoza.
La jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Daniela García, explicó que el proyecto tiene como antecedente la Ley de Educación Nacional 26.206, que invita a las provincias a adoptar medidas para garantizar la seguridad e integridad de Niñas, Niños y Adolescentes. También mencionó que la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes refuerza esta necesidad, estableciendo el derecho de los menores a un entorno seguro en el ámbito educativo.
Registro de sumarios
En el marco del proyecto, se introduce un registro único de sumarios, sanciones e inhabilitaciones. Este registro será utilizado como herramienta de consulta obligatoria para los concursos de cargos en instituciones educativas, particularmente en los casos de suplencias que, según el ministro son los que históricamente han presentado mayores inconvenientes.
Además, el proyecto estipula que para ingresar al sistema educativo será indispensable presentar un certificado de antecedentes penales. Esto incluye a docentes, celadores y personal administrativo, asegurando que quienes accedan a estos cargos no posean antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad.
Durante la ronda de consultas, Félix González, del bloque justicialista, calificó la iniciativa como positiva, pero planteó dudas sobre la aplicación del artículo 54 del proyecto, que delega responsabilidades en las escuelas. Expresó su preocupación por la logística que implicaría implementar este sistema y consultó sobre las fuentes de información que alimentarían el registro único de antecedentes.
El proyecto de ley de ficha limpia continuará en análisis y forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para reforzar la transparencia y seguridad en el ámbito educativo. Su aprobación representaría un avance significativo en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Mendoza, estableciendo un entorno escolar más seguro y confiable.
El caso de Oyola Amaya
El proyecto tuvo origen en un caso que conmueve a Mendoza. Hugo Oyola Amaya, un profesor de Matemáticas y Ciencias Naturales de 59 años, fue imputado y detenido tres semanas atrás por cuatro casos de abuso sexual simple, agravado por la guarda y su condición de educador. Al profesor le daba por toquetear a las adolescentes que tenía a su cuidado, según se informó.
Esto ocurrió en la escuela pública 1-482 Tomás Alva Edison, de Guaymallén, con chicas de 5to año.
A Hugo Oyola lo denunció inicialmente una de las adolescentes. Les contó a sus amigas primero y luego a sus padres, docentes y directivos, que el profesor se acercaba y le rozaba los pechos. Luego se sumaron cuatro casos más. El educador era suplente, y en el momento de ser detenido confesó que había cursado una condena anterior, también por tocamientos, en la escuela Batalla del Pilar, en Godoy Cruz.