Expertos y comerciantes dieron su opinión del impacto que el cambio de la normativa tendrá en Mendoza. El Gobierno provincial explicó como se aplicará la norma.
El decreto de Javier Milei para que los jóvenes de 18 años puedan comprar y usar armas de fuego provocó voces a favor y en contra de expertos y comerciantes de este rubro en Mendoza.
El decreto número 1081/2024 sustituyó el inciso 1 del artículo 55 de la reglamentación de la Ley N.º 20.429, donde se remplazó la edad minina de 21 años a 18. Su vigencia comenzará a partir de este miércoles.
Desde un punto de vista jurídico, el ex juez de la Suprema Corte de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, explicó que la nueva normativa supone la habilitación del derecho a la posesión de armas a todos los argentinos mayores de edad, lo que lo equipara a otros como el derecho al voto y a la conducción.
No obstante alertó que, al igual que con la habilitación para conducir un vehículo, “se necesita un cierto acondicionamiento” y detalló que en este caso en especial “con más razón es necesario”.
Martín Appiolaza, investigador para UNICEF sobre violencia armada, explicó que el decreto tiene un origen administrativo, ya que “se adecua al código civil” por la consideración de una persona adulta a los ciudadanos que cumplan la mayoría de edad.
La madurez de los jóvenes
“Desde el año 2021, los suicidios, especialmente entre gente joven, crecieron considerablemente”, señaló Appiolaza como su mayor preocupación tras la habilitación a los jóvenes de 18 años.
A la hora de adquirir un arma de fuego se solicitan estudios psicológicos, que deben ser firmados por profesionales. No obstante, el investigador definió que estos controles pueden presentar fallas.
A esta valoración se sumó Walter Milton Rizzo, dueño de una histórica armería en calle Entre Ríos: “La mayoría de los chicos de 18 años no están formados como para tener un arma“, aunque señaló que existen casos en los que jóvenes han sido bien instruidos desde chicos en sus casas sobre el uso responsable de armas.
Por el contrario, Marcelo Gallardo, otro comerciante de armamento, consideró que el cambio entre 21 y 18 años no significa una gran variante en la madurez de los usuarios, ya que hay una considerable cantidad que sí están bien formados en este aspecto.
Impacto en la delincuencia
El crecimiento de la inseguridad en los últimos años llevó a que miles de ciudadanos consideren adquirir un arma de fuego para defenderse de la delincuencia. Gallardo, dueño de una armería en Luján de Cuyo, destacó notar que mientras más robos haya, habrá “más productividad de ventas de armas“, especialmente, “cortas”.
Rizzo coincidió en que “la gente viene y te compra un arma porque está desesperada, porque la han robado, porque se siente insegura y porque siente que no la protegen”.
El sentimiento de inseguridad que motiva la compra de armas de fuego legales, que se multiplica por el ingreso de cerca de 2 millones de potenciales clientes, tras el cambio de la norma, llevaría como consecuencia a un mayor número de armas en los hogares argentinos.
Para Appiolaza, esto puede impactar directamente en la obtención de armas en las manos de delincuentes, ya sea a partir de robos o de ventas irregulares. “Dejar más armas a la sociedad puede jugar en contra“, consideró.
Justamente, señaló las medidas tomadas desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para reducir la llegada de armamento a las manos de delincuentes, como algo contradictorio al decreto. “Da un contramensaje” explicó.
Gallardo refutó esta idea al destacar que principalmente los criminales obtienen armas de fuego por medio del mercado negro, y que el robo de estos elementos no tan determinante. “Si no es, por un lado, es por el otro“, aseveró.
Este tipo de robos también se ha perpetrado en las propias armerías. Rizzo explicó que una de las razones por las que decidió dejar de vender armas de fuego fue justamente atravesar varios robos de armamento.
En cuanto al uso delictivo de armas de fuego, Pérez Hualde señaló que, en muchos casos, “los delincuentes alquilan las armas“, y sumó que en sus manos “muchos homicidios se comenten por las impericias de los criminales al usar un arma”.
El problema cultural
Appiolaza describió que se ha encontrado en varias ocasiones con personas que le dan un valor de estatus a la tenencia de armas. “He visto cómo se genera una cultura del arma“, describió y agregó que dicha cultura sería contraria a la cultura del trabajo.
Además, señaló una fuerte vinculación entre la instalación del uso y la importancia de armas de fuego con las ideologías más conservadoras: “Las cumbres conservadoras como la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) siempre han mantenido el apoyo de las empresas y asociaciones armamentísticas”.
Principalmente, el investigador hizo referencia a la Asociación Nacional del Rifle, una agrupación histórica de Estados Unidos, y la máxima defensora de la libre portación de armas en el país norteamericano.
Gallardo consideró que “la pobreza y la indigencia son factores que determinan un aumento de la delincuencia”, describiéndolo como un problema cultural y de educación. “No hay que prohibir, hay que educar e instruir”.
Donde capacitarse en Mendoza
A pesar de discrepar en algunos puntos, los consultados coinciden en la importancia de que la gente que adquiera un arma esté debidamente instruida. Para esto, se destacaron los puntos que la provincia de Mendoza tiene para la práctica de tiro, en especial el club Tiro Federal.
Según Gallardo, estos espacios son vitales para que “la ciudadanía pueda familiarizarse con el uso de armas de fuego“, mientras que Rizzo defendió esta posibilidad porque “se forma gente y se aprende a usar un arma”.
Cómo se aplicará en la Provincia
Desde el Gobierno provincial se informó que “la adhesión de la Provincia, no es necesaria“, y que “este tipo de decreto se considera una ‘ley de fondo’, como el Código Penal, y es de aplicación obligatoria en todo el país, incluidas las provincias. Por lo tanto, Mendoza no necesita adherirse; la normativa es directamente aplicable“.
Además, consideraron que “es importante aclarar que la regulación y control de la portación de armas es una competencia exclusivamente nacional. El REPAR (Registro Provincial de Armas), que existía cuando las provincias tenían injerencia en esta materia, ahora solo funciona como un nexo administrativo, pero no tiene potestades de auditoría ni control”.