El Senado le otorgó la media sanción a la iniciativa que busca garantizar que quienes ingresen al sistema educativo no tengan antecendentes penales por delitos graves.
Durante la sesión de este martes fue aprobado por unanimidad el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, que busca implementar un sistema de Ficha Limpia en el ámbito educativo. El objetivo principal con el que el Gobierno presentó este proyecto es “fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares mediante la prohibición del ingreso o permanencia de personas con antecedentes penales relacionados con delitos graves”. Ahora será analizado por la Cámara de Diputados.
El proyecto fue presentado hace semanas por el Gobierno luego de conocer un caso en el que un docente fue acusado de abuso por dos alumnas del colegio Tomás Alva Edison del barrio Santa Ana. Las víctimas que denunciaron al maestro tienen 10 y 11 años.
La presidenta de la comisión de Educación del Senado, Mariana Zlobec, explicó que “el proyecto prohíbe que personas con antecedentes penales por delitos graves, como los cometidos contra la integridad sexual, la libertad, la identidad o la malversación de fondos públicos, puedan ocupar cargos como docentes, celadores o personal administrativo”.
Además, se busca garantizar que las instituciones educativas sean espacios seguros y confiables mediante la creación de un registro de inhabilitaciones que estará bajo la gestión de la Dirección General de Escuelas. Este registro permitirá reforzar la transparencia en los procesos de selección y fortalecer el compromiso del sistema educativo con la seguridad de los estudiantes.
Luego, el senador Martín Rostand, de La Unión Mendocina, manifestó el acompañamiento de su bloque al proyecto, destacando que esta medida busca reforzar la confianza social en el sistema educativo y garantizar una convivencia adecuada en las instituciones escolares. Sin embargo, señaló la importancia de salvaguardar el principio de presunción de inocencia, expresando reservas sobre posibles conflictos en este sentido.
Desde el Bloque Justicialista, la senadora Adriana Cano también expresó su apoyo al proyecto, resaltando la necesidad de atender una problemática recurrente en las escuelas públicas y privadas de la provincia. No obstante, consideró necesario perfeccionar algunos aspectos técnicos del texto para evitar futuras judicializaciones que puedan dificultar su implementación.
El debate cerró con la intervención de la senadora Natacha Eisenchlas, quien destacó el trabajo realizado para incorporar correcciones y modificaciones al proyecto. Sostuvo que las posibles interpretaciones erróneas o efectos no deseados han sido contemplados en la redacción final y solicitó al presidente del Senado avanzar con la votación.
La propuesta fue presentada en Comisiones por el ministro de Educación, Infancia, Cultura y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar y propone incorporar al Estatuto del Docente, al Estatuto del Celador y al reglamento del personal administrativo requisitos específicos que aseguren que ningún profesional con condenas por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad pueda acceder a cargos en el sistema educativo.
Según explicó el ministro, esta iniciativa se inspira en el concepto de ficha limpia, ya vigente en el sistema electoral provincial y adoptado recientemente por otras jurisdicciones como la provincia de Salta. El proyecto no solo contempla la creación de un registro público de antecedentes penales, sino que también introduce modificaciones en los procedimientos de selección para garantizar que cada candidato sea evaluado rigurosamente antes de ingresar al sistema educativo.
La propuesta incluye medidas específicas para las escuelas de gestión privada, obligándolas a adherirse a estas normativas, y establece sanciones más severas para quienes incurran en este tipo de delitos, como la inhabilitación permanente. Estas disposiciones buscan uniformar los estándares de protección en todo el sistema educativo de Mendoza.
En el marco del proyecto, se introduce un registro único de sumarios, sanciones e inhabilitaciones. Este registro será utilizado como herramienta de consulta obligatoria para los concursos de cargos en instituciones educativas, particularmente en los casos de suplencias que, según el Ministro, son los que históricamente han presentado mayores inconvenientes.
Además, la iniciativa estipula que para ingresar al sistema educativo será indispensable presentar un certificado de antecedentes penales. Esto incluye a docentes, celadores y personal administrativo, asegurando que quienes accedan a estos cargos no posean antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad.