Yacimientos Carboníferos Río Turbio es una de las empresas que el Gobierno nacional quiere privatizar por el volumen de recursos que demanda del Estado para funcionar. Su déficit operativo al tercer trimestre de 2024 fue de $62.500 millones
El complejo minero estatal de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio está ubicado en la provincia de Santa Cruz (OPI Santa Cruz)
En medio de los intentos del Gobierno nacional por privatizar Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), incluida en la Ley Bases, un informe especial de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) confirmó que se encontraron incumplimientos, falta de documentación respaldatoria, movimientos financieros sin justificación, irregularidades y deudas millonarias con la AFIP en la gestión de la minera ubicada en la provincia de Santa Cruz.
La auditoría sobre la empresa que está bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía – a la que accedió Infobae por un pedido de Acceso a la Información Pública- incluye a los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos y tuvo como fecha de cierre el 23 de septiembre último. A lo largo de 56 páginas, la SIGEN enumera diversas irregularidades en su funcionamiento que no son nuevas en el complejo minero. YCRT está intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional desde 2002, cuando se revocó el contrato de concesión otorgado en 1994 a la firma YCRT SA por 10 años.
“Persisten la falta de planificación presupuestaria e inconsistencias en el registro de la ejecución contable-presupuestaria; importantes debilidades que comprometen la confiabilidad e integridad de los sistemas (software y hardware), de la seguridad informática y, consecuentemente, de la información que resguardan y suministran; la ausencia de inventarios de bienes de uso e inversiones que contenga la totalidad de los bienes debidamente valorizados, entre otras cuestiones observadas”, se advierte en el informe.
La SIGEN – a cargo de la cual está Miguel Blanco – advirtió que YCRT no envió “la totalidad de la documentación respaldatoria” de venta de carbón, facturas, recibos, notas de débito y crédito. También “resultó incompleta la documentación sobre algunas cuentas bancarias, omitiéndose información respecto de los últimos cheques emitidos”. En lo que respecta a órdenes de pago, “la metodología de emisión establecida por el ente impidió el control respecto de su integridad y cronología”. Estas irregularidades “no permitieron reconocer fehacientemente las últimas operaciones registradas en el ejercicio”.Carátula del informe elaborado por la SIGEN al que accedió Infobae por un pedido de Acceso a la Información
En lo que se refiere a la operación y mantenimiento del complejo minero, el organismo de control advirtió “la carencia de un sistema de información necesario para la toma de decisiones y el control de la marcha de la empresa, principalmente en lo que se refiere a las inversiones y su avance”. En ese sentido, alertó sobre “un escenario de debilidad de control interno y de gestión”.