Se presentó una sola empresa, que no cumplió con los requisitos del pliego. La firma que siempre prestó el servicio no participó por un insólito motivo. El Ministerio de Seguridad dio por caído el concurso público y avanza con una contratación directa.
El fracaso de la millonaria licitación para alimentar a internos de las cárceles de Mendoza y a efectivos del Servicio Penitenciario disparó sospechas, pese a que desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que “no hay nada raro”.
Organismos de control y la oposición ya pusieron la mira en el proceso que demandará al Estado al menos $56.400 millones, porque la cifra final seguramente será superior debido a las habituales redeterminaciones de precios de las raciones alimentarias.
La licitación pública para adquirir cuatro millones de viandas -incluyen desayuno, almuerzo, merienda y cena- para alimentar a presos y agentes penitenciarios durante 24 meses se cayó porque el único oferente confirmado, la empresa bonaerense Bio-Limp Soluciones de Calidad SA, no presentó la garantía que imponía el pliego. Inmediatamente Seguridad anunció el llamado a una contratación directa (la apertura de sobres se realizará el próximo 10 de marzo), con los requisitos y exigencias originales.
“Una contratación directa por ese monto es claramente una excepción. No es normal, pero puede ocurrir. Aunque debe existir una compulsa de precios, con empresas y valores razonables”, destacó un especialista en procesos licitatorios del Estado.
En la página oficial de Compras del Ejecutivo provincial figura que nueve empresas se mostraron interesadas en la licitación pública, aunque finalmente sólo Bio-Limp formalizó una propuesta, con dos alternativas: una por $59.000 millones y otra por $53.000 millones. Sin embargo, no cumplió con un requisito de admisibilidad clave, por lo que su oferta fue rechazada de plano.
Se trata de una firma con experiencia en el rubro, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, pero sin grandes antecedentes en Mendoza. Este medio intentó comunicarse telefónicamente con directivos de la compañía con sede en Berazategui, pero no obtuvo respuestas.
Una ausencia de peso
La principal duda que dejó el proceso fue la ausencia de Clisa Interior SA, firma que brinda el servicio desde su privatización, en 2010. La explicación fue aún más llamativa: por un problema administrativo, no presentó a tiempo toda la documentación en el sistema informático oficial y por ese motivo no pudo competir en la multimillonaria licitación.
“Están desde el minuto 1. Arrancaron en el gobierno de ‘Paco’ Pérez y traspasaron gestiones de diferentes signos políticos. Es una empresa seria, con capacidad operativa, solvencia financiera y mucha experiencia en este tipo de procesos, así que es muy extraña esa justificación”, señaló un exjefe carcelario.
Otras fuentes directamente calificaron como “inverosímil e imposible” la explicación de Clisa. “¿Cómo se van a perder un negocio de más de 50 millones de dólares por un error administrativo?”, agregaron.
“Somos los actuales proveedores y obviamente queremos seguir. Armamos la oferta pero por un problema técnico propio, la propuesta no se subió al sistema del Gobierno”, confirmó Daniel Sat, gerente de Clisa, en diálogo con El Sol.
En el Ministerio de Seguridad se sorprendieron por la ausencia de Clisa e hicieron consultas a la empresa. “Somos estrictos, no presentaron los papeles a tiempo y quedaron afuera”, manifestaron desde la cartera que comanda Mercedes Rus, intentando descartar cualquier gesto de favoritismo hacia la actual proveedora del servicio. “El pliego de la contratación directa es idéntica al de la licitación pública. No hay nada raro”, insistieron.
Sin embargo, flamantes miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad no descartan presentar un pedido de informe a Seguridad. “Aunque lo más probable es que el oficialismo no lo deje avanzar”, indicó un legislador opositor. Todo el proceso, además, debe pasar por el filtro de organismos de control, que tienen la potestad de objetarlo en caso de hallar irregularidades.
Por arriba de la inflación
La anterior licitación para adquirir raciones alimentarias para el sistema penitenciario provincial se adjudicó a Clisa, en septiembre de 2022. La empresa que hoy brinda el servicio en todos los complejos penitenciarios bajo la órbita del gobierno provincial cuenta actualmente con más de 300 empleados y tiene plantas de elaboración propias en Las Heras y San Rafael.
En esa oportunidad participaron del proceso cuatro empresas: las ofertas de Foodrush Gastronomía y Broda fueron rechazadas por “resultar formalmente” inadmisibles, y la propuesta de Servi Food fue descartada por “resultar inconveniente”.
De esta manera, Clisa fue la elegida para venderle al Estado cuatro millones de raciones alimentarias durante dos años. El presupuesto inicial fue de $4.548 millones, aunque finalmente la empresa terminó recibiendo un monto muy superior.
El valor unitario de la raciones era, en septiembre de 2022, de $1.137. Pero luego de sucesivas actualizaciones de valores, en medio de una inflación galopante, en octubre del año pasado el costo de cada vianda diaria llegó a $10.894,91. Un incremento de 860%, por encima incluso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en ese período, que fue de 682%.
De acuerdo con fuentes del sector gastronómico, los números del nuevo proceso lanzado por el Ejecutivo siguen por debajo de los valores del mercado. En tal sentido, señalaron que Seguridad propone pagar $14.100 por cada ración, mientras que el Servicio Penitenciario Federal destina entre $19.000 y $22.000 por vianda, que incluye también cuatro comidas diarias.