El “gobierno del agua” está en tratativas con la Nación por el traspaso del personal científico del Instituto Nacional del Agua, que está en proceso de achicamiento.
Mendoza, enfrenta una preocupante amenaza con la disolución del Instituto Nacional del Agua (INA), organismo científico-técnico clave para la investigación y gestión de los recursos hídricos en el país. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, podría significar un retroceso sin precedentes en el desarrollo y sostenibilidad del agua en el país, y en la región cuyana particularmente.
La cita es del un comunicado del Centro Regional Andino del INA publicado el lunes 10. El organismo científico se encamina a una reducción de sus estructuras en las provincias como parte del plan minarquista de Javier Gerardo Milei, que pretende el achicamiento a la mínima expresión del Estado.
Si bien el INA está “protegido” por la Ley Bases, el proceso de jibarización del Instituto está en marcha. En esta disolución institucional se incluyen a las subgerencias de Mendoza, San Juan, Córdoba y Santa Fe. Además, hay una presunta segmentación y venta de terrenos en el caro distrito bonaerense de Ezeiza, donde funcionan laboratorios del INA que continuarían funcionando como hasta ahora.
En lo que atañe a Mendoza hay un tratamiento en particular entre el exsubsecretario de Recursos Hídricos y ahora asesor Andrés Rodríguez y el superintendente de Irrigación Sergio Marinelli apuntado a concretar un comodato del edificio de Belgrano y Lamadrid de la Ciudad, donde contiene al INA junto a los bienes del organismo en proceso de liquidación. Aunque sería el Ejecutivo de Mendoza el que ha mostrado más interés por quedarse con el inmueble donde ya funcionan otras dependencias provinciales, por ejemplo de la Dirección General de Escuelas.
El plantel del INA distribuido en las delegaciones provinciales, además del centro ubicado en Ezeiza, llega a 270 personas con dos modalidades de relación laboral: planta permanente y por contrato como planta temporaria (llamados “contratos de ley marco”). En Mendoza hay 11 por ciento del plantel científico. Son 32 personas (20 plantas permanente, 12 contratados). Un salario nacional de una persona experta del INA rondaría en unos 3 millones de pesos, según confió un exfuncionario de la institución
En esta tramitación es seguida de cerca por el gobernador Alfredo Cornejo. Un proceso similar se da en San Juan, cuyo gobierno quiere provincializar el Centro Regional de Aguas Subterráneas (CRAS). En cambio, en el caso mendocino se piensa en convertir el CRA en una “consultoría de investigación y gestión” dentro de la órbita del gobierno provincial del agua, es decir, el Departamento General de Irrigación (DGI).
Como antecedente, en abril de 2024 Marinelli firmó un convenio de monitoreo de aguas subterráneas en el sector norte provincial con el CRAS sanjuanino y el CRA mendocino.
Precisamente, el titular del DGI tiene en carpeta acordar que la Nación se haga cargo del pago de la plantilla científica hasta fin de año. Esto le permitiría sostener estos programas de monitoreo de la calidad y caudal de los acuíferos en nuestra zona, apuntado a aprovechar y gestionar sustentablemente el recurso en tiempo de sequía extrema y constante.
El conflicto y una inferencia inmobiliaria “millonaria”
En el escrito difundido hace dos semanas en defensa del INA Mendoza, se detallan con énfasis las tareas de desarrollo científico que llevan adelante profesionales en materias relativas al estudio del recurso hídrico en toda de la región andina del país. Vean.
El INA, fundado en 1973, es un referente en el estudio y monitoreo del agua, con capacidad técnica y científica de primer nivel. En Mendoza, a través del Centro Regional Andino, cumple un rol fundamental en la investigación, evaluación y gestión de los recursos hídricos, especialmente en el contexto de crisis climática y escasez de agua. Entre sus funciones, se destacan el monitoreo de cuencas hídricas, estudio de huella hídrica en sectores productivos, evaluación de calidad del agua, pronóstico de inundaciones y sequías mediante servicios de alertas hidrológicas, estudios sobre aguas subterráneas, y el asesoramiento y asistencia a organismos provinciales y municipales, y a los sectores productivos en general.
El abogado experto en Derecho de Agua, Santiago Ruiz Freites, es el actual sub gerente del CRA que encabeza el reclamo en Mendoza, común al de todas las delegaciones del INA.
En ámbitos de la política nacional sospechan que esta intención de reducción del organismo guarda un propósito económico centrado en un potencial negocio inmobiliario que es el predio de Ezeiza en la Provincia de Buenos Aires donde funcionan las subgerencias de los laboratorios de Hidráulica, de Hidrología y de Calidad de Aguas.
Un antiguo agente del INA detalló al Post que es una parcela de 70 hectáreas y se conoce la intención de lotear ese terreno reduciendo la superficie para el funcionamiento de los laboratorios del INA y vender una extensión de unas 50 hectáreas en una zona de alta cotización inmobiliaria. El terreno es colindante al club River Plate principal potencial comprador, ya que aspira desde hace tiempo anexar esos terrenos para ampliar las instalaciones deportivas en esa zona exclusiva.