Durante un control en una mina de tercera categoría, se constató que no cumplía con las condiciones ambientales y técnicas requeridas por ley. El titular deberá regularizar su situación cumpliendo con la normativa.

En el marco de sus labores de control y supervisión de la actividad minera en Mendoza, la Policía Ambiental Minera (PAM) ordenó la suspensión de actividades de un yacimiento de tercera categoría (áridos) en Uspallata, Las Heras.
La inspección se hizo en un recorrido en el que participaron efectivos de la PAM, a cargo de Guillermo Bickham, junto con el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández.
Durante la inspección, pudieron verificar que la mina no cumplía con las condiciones técnicas y ambientales requeridas para su explotación, lo que motivó la decisión de proceder a la paralización inmediata de las actividades en la zona.

“Durante el procedimiento se levantó el acta correspondiente y se citó al responsable de la mina a regularizar la situación cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa minera y ambiental vigente”, explicó Shantal.
Este operativo se enmarca en la nueva resolución conjunta de la Autoridad Ambiental Minera, compuesta por Dirección de Minería y Protección Ambiental, que tiene como objetivo regularizar las actividades de minas de tercera categoría, así como canteras.

La resolución es parte de un esfuerzo por mejorar la gestión ambiental en la minería provincial y asegurar que las explotaciones mineras se desarrollen de manera sostenible.
Este tipo de acciones refuerza el compromiso del Gobierno de Mendoza en el ejercicio del poder de policía, como lo establece el nuevo Código de Procedimiento Minero.
Cómo son las inspecciones
Los inspectores de la Policía Ambiental Minera, debidamente identificados con uniforme y acreditación, tienen libre acceso a todas las instalaciones mineras para supervisar el cumplimiento de las normativas ambientales, de seguridad e higiene.
Las sanciones aplicables incluyen apercibimientos, multas, suspensiones, inhabilitaciones o clausuras, buscando generar un efecto disuasivo ante incumplimientos. La Ley Impositiva 2025 establece severas penalizaciones económicas para quienes no cumplan con las declaraciones de impacto ambiental y demás normativas mineras y ambientales.
Con estos controles, Mendoza reafirma su compromiso con una minería sostenible, transparente y alineada con los estándares nacionales e internacionales de calidad y protección ambiental.
Para más información, contactar con la Policía Ambiental Minera desde la página del Ministerio de Energía y Ambiente.