La Cámara Alta sancionó el proyecto que elimina regulaciones en desuso. La propuesta fue remitida a Diputados para su tratamiento.
El Senado de Mendoza aprobó este martes por unanimidad un proyecto que busca dar de baja un conjunto de leyes obsoletas, muchas de ellas curiosas, desactualizadas o directamente incompatibles con el marco jurídico actual, más conocido como “ley hojarasca“. La iniciativa forma parte de un plan más amplio de modernización institucional y simplificación normativa, que apunta a depurar el sistema legal provincial y hacerlo más accesible, claro y eficiente.
El proyecto, impulsado por la vicegobernadora Hebe Casado, ahora será debatido en la Cámara de Diputados.
Durante la sesión, el senador Walther Marcolini, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, subrayó que la medida es un paso clave para avanzar hacia un Digesto Jurídico Provincial, que concentre y ordene el universo normativo vigente.
En esta primera etapa, se revisaron 102 leyes generales sancionadas hasta el año 1950, y se propuso derogar 66 de ellas.
Leyes que el tiempo dejó atrás
Entre las normas que quedarán sin efecto, se encuentran algunas que llaman la atención por su antigüedad, su carácter restrictivo o su desconexión con la realidad actual.
Una de ellas es la Ley N° 1072 de 1933, que regulaba la industria vitivinícola con un enfoque que hoy resulta limitante para pequeños productores. También será eliminada la Ley N° 1.310, que regulaba el ejercicio profesional de los representantes de bodegas, una figura profesional que ya no existe en el mismo formato.
Misma suerte correrá la Ley N° 20, creadora de la extinta Dirección General de Rentas, reemplazada hace años por la Administración Tributaria Mendoza (ATM); la N° 37, que establecía currículas escolares con contenido discriminatorio por género, incompatible con los principios actuales de igualdad y no discriminación.
También, toda legislación sobre planes de urbanización anteriores a la Ley 8051, que ya no tienen aplicación; leyes que regulaban subsidios artísticos, disposiciones laborales por rubro, y hasta un impuesto al consumo del vino, que fue suplantado por la lógica del IVA nacional.
Otro aspecto que aborda el proyecto remitido a Diputados es la derogación de aquellas regulaciones sobre fiscalización de semillas, hoy bajo la órbita del ISCAMEN.
El proyecto también contempla la creación de una comisión especial en la Legislatura que, durante los próximos 180 días, continuará con el análisis del marco normativo provincial.
En una segunda etapa, se abordarán las leyes sancionadas entre 1951 y 1970. En tanto, desde el parlamento provincial se invita a los municipios a revisar su propia legislación con el mismo espíritu de actualización y desburocratización.
Al respecto, desde el oficialismo remarcaron que la iniciativa no solo busca eliminar la “maraña normativa” heredada del siglo pasado, sino también mejorar la seguridad jurídica, evitar solapamientos y reducir cargas administrativas innecesarias tanto para el Estado como para los ciudadanos.