Alcanzarán ese salario mensual a fines de junio. La dieta hoy es equivalente a lo que cobran seis docentes. Varios reciben un adicional por desarraigo.
A finales de marzo, la gestión de Alfredo Cornejo realizó con Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) un acuerdo paritario para el próximo trimestre. A raíz de este convenio, los legisladores provinciales cobraron en abril un sueldo de aproximadamente 3.700.000 pesos. Sin embargo, ese monto supera los 4 millones si se incluyen los aportes jubilatorios, partidarios y el impuesto a las Ganancias.
No obstante, con el reciente acuerdo paritario, en julio, tanto Senadores como Diputados terminarán cobrando de bolsillo, cerca de 4 millones de pesos.
En la actualidad, el sueldo de bolsillo de los legisladores equivale a los de casi seis docentes. En efecto, según lo acordado en paritarias, el piso salarial garantizado de abril por cargo docente para un maestro de grado que recién se inicia, con jornada simple y sin zona, es de 625.000 pesos.
En Mendoza, las dietas de los legisladores están atadas a cada acuerdo paritario que el gremio que encabeza Roberto Macho firme con el Ejecutivo provincial. Esto se debe a la Ley 5.811, que en su artículo 26 establece que las remuneraciones deben estar ancladas al sueldo del gobernador.
“El gobernador dispondrá de un salario equivalente a dos veces la retribución y asignaciones que por todo concepto correspondan al cargo y demás atributos particulares de la clase 013 del Escalafón General”, señala la norma.
Específicamente, los legisladores deben percibir el 95% del salario que reciba el mandatario provincial, el cual se actualiza basándose en los acuerdos paritarios de la administración central. También los funcionarios provinciales se ven beneficiados por este tipo de aumentos.
El secretario general de ATE, Roberto Macho, en el acuerdo paritario de marzo con el Gobierno provincial.
Prensa de Gobierno
La propuesta salarial acordada entre ATE y el Gobierno consistió en otorgar aumentos del 7% para marzo, del 2,5% para abril, del 2% para mayo y del 1,5% para junio. En este contexto inflacionario, los incrementos se perciben como una actualización automática que beneficia a todos los sectores de la administración pública, incluidos los funcionarios.
A raíz de esto, los legisladores —que cobran sus dietas a mes vencido— percibirán en los próximos meses salarios aproximados de: $3.792.500 en mayo, $3.868.350 en junio y $3.926.375,25 en julio.
“Es entendible que a la gente le moleste lo que ganamos, pero no depende de nosotros, sino de lo que acuerde el Gobierno con ATE. A comparación de otras legislaturas, ganamos mucho menos, ni hablar del sector privado”, expresó, molesto, un legislador del oficialismo.
Ítem desarraigo: una compensación cuestionada
Esta cifra se incrementa para aquellos legisladores que viven a más de 100 kilómetros de la Legislatura, gracias al ítem desarraigo. Este adicional fue establecido cuando era vicegobernadora y por ende jefa del Senado provincial Laura Montero, entre 2015 y 2019, como una forma de compensar el traslado frecuente hacia la capital provincial.
El ítem otorga un 3,5% extra a los legisladores del Este provincial o del Valle de Uco. Mientras que aquellos radicados en el sur de Mendoza —por estar a más de 200 kilómetros— perciben un 5% adicional.
“Uno de los reclamos que recibimos, sobre todo de los legisladores del Sur, es que ganan menos que el resto porque el ítem es muy bajo. Con lo que se les paga, apenas alcanza para uno o dos tanques de combustible. Además, deben costear un alquiler”, comentó una autoridad legislativa a Los Andes.
Actualmente, un legislador de General Alvear, San Rafael o Malargüe recibe aproximadamente $185.000 por desarraigo. En tanto, un senador o diputado del Valle de Uco, La Paz o Santa Rosa cobra un adicional cercano a los $130.000.
Desde la Legislatura explicaron que el ítem desarraigo solo se paga a quienes tengan asistencia perfecta a las sesiones. En caso de ausencias, el monto se liquida de forma proporcional. Esto ha obligado a un seguimiento más estricto del presentismo, tanto en el recinto como en las comisiones.
El formato presencial y el control de asistencias
En cuanto a la presencialidad, tanto en el Senado como en Diputados rige la obligación de asistir físicamente a las sesiones. Ya no está permitido conectarse a través de Zoom, como sucedió durante la pandemia. Esta modalidad fue derogada una vez que se levantaron las medidas sanitarias, aunque reconocen que en algunos casos su uso fue útil.
No obstante, en la Cámara Alta analizan la posibilidad de habilitar la conexión remota en casos de fuerza mayor, como enfermedades que requieran tratamiento o embarazos. “Estamos evaluando establecer un protocolo claro para excepciones, pero no queremos que vuelva a ser la regla”, dijo un asesor parlamentario.
Respecto a las comisiones, el Senado permite que, si un legislador no puede asistir, avise con anticipación y sea reemplazado por un compañero del bloque.
En cambio, en Diputados, se habilita la opción de seguir la reunión de manera virtual, ya que aseguran que permite que se puedan conectar invitados para que den sus aportes a diferentes tipos de proyectos o temas que se traten en el momento.