El INTA desde San Rafael ha decidido no adoptar un plan de lucha tradicional con medidas de fuerza, sino apostar por una estrategia de comunicación y visibilización.
INTA en Rama Caída, San Rafael
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con casi siete décadas de trayectoria, atraviesa una profunda crisis institucional frente a las políticas de ajuste y readecuación propuestas por el gobierno nacional. Cecilia Picca, directora de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Rama Caída (San Rafael) del INTA, expresó la preocupación de la institución por las modificaciones estructurales que, a su juicio, ponen en peligro la esencia del organismo y su vínculo con el sector agropecuario.
Un decreto de necesidad y urgencia (DNU) implica tres ejes principales de cambio que generarían un impacto negativo. El primero es la modificación en la conformación del Consejo Directivo, la máxima autoridad del INTA a nivel nacional
El segundo eje de la propuesta del gobierno, y quizás el más sensible, es la reducción del 25% del personal. “El INTA ya ha venido achicando su planta desde 2018, con una reducción anual del 16% por no cubrir vacantes de jubilados”, aclaró la directora en San Rafael.
El tercer eje, sumamente importante para Picca, es la eliminación del sistema de extensión. “Tradicionalmente, la actividad del INTA se basa en dos pilares: la investigación en las estaciones experimentales y la extensión en las agencias. La extensión es el vínculo directo con el productor, que permite escuchar las demandas del sector y generar proyectos de investigación que brinden soluciones. Si se elimina ese sistema de extensión, como está propuesto en el decreto de necesidad y urgencia, vamos a acortar el nexo directo entre la investigación, entre los científicos y el campo”.