El objetivo es el aumentar el límite de antigüedad permitido para las unidades.

El Gobierno presentó este martes en la Legislatura un proyecto de ley para ratificar el Decreto N° 2731, que modifica los criterios de antigüedad y control técnico en los vehículos afectados a servicios de transporte privado y contratado.
La medida apunta a ampliar la oferta de movilidad en la provincia, pero también refuerza los controles de seguridad y prohíbe ciertas transferencias de permisos.
Uno de los puntos centrales del decreto es el aumento en el límite de antigüedad permitido para las unidades. Para los servicios contratados tradicionales, como el transporte escolar, la antigüedad máxima será de 13 años.
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En tanto, en el caso de los vehículos que operen mediante plataformas electrónicas (como Uber o Cabify), se permitirán unidades con hasta 7 años de antigüedad.
Más allá de esto, en todos los casos, la incorporación de nuevas unidades no podrá superar los 10 años para los servicios contratados y los 5 años para plataformas.
El texto también introduce un régimen de control técnico más riguroso: los vehículos con más de 10 años deberán someterse a una Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada 60 días, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de seguridad y mantenimiento.
Según el proyecto que ingresó este martes en la Legislatura provincia, este punto fue respaldado por informes de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, que indican que con controles frecuentes, unidades de hasta 13 años pueden operar sin riesgos.
Por otra parte, el decreto establece parámetros específicos para el uso de vehículos eléctricos: en el caso de taxis, se admite una antigüedad de hasta 10 años, y para remises, de hasta 8.
También se prohíben expresamente las transferencias de permisos y habilitaciones para transporte privado de pasajeros cuando el registro correspondiente aún se encuentre abierto.