La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley GIRSU, impulsado por el Gobierno de Mendoza. A qué apunta y cómo se implementaría en los municipios.
El proyecto de ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), impulsado por el Gobierno de Mendoza, obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Buscan implementar un nuevo sistema para la separación en origen y el reciclaje, y así reducir la cantidad de basurales a cielo abierto que existen en la provincia.
Su aplicación, según el Ejecutivo, permitirá optimizar los recursos y generar empleo, además de fomentar la educación ambiental y generar hábitos responsables en la población. Con el GIRSU apuntan también a reducir progresivamente los macrobasurales, en conjunto con los municipios, regionalizando en cuatro zonas la gestión de los residuos urbanos.Lee además
El GIRSU avanzó en la Cámara de Senadores
El Senado le otorgó media sanción al proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) este martes, con 28 votos afirmativos y 9 negativos. Durante la sesión, la senadora Yamel Ases señaló que la iniciativa establece mecanismos de control, sanciones y recomposición ambiental, además de transparentar los datos de gestión de residuos.
La legisladora indicó que “se trata de un paso clave para superar más de tres décadas de vigencia de una norma que resultó de difícil cumplimiento, lo que derivó en la existencia de más de 50 macrobasurales a cielo abierto en Mendoza“. Además, resaltó la incorporación de la economía circular, la valorización energética y la figura de los recuperadores urbanos.
Y destacó como cambio fundamental la jerarquización de las competencias municipales, a través de la obligación de acompañamiento por parte de la Provincia con asistencia técnica y financiera a los departamentos en la gestión y remediación de los basurales.
El proyecto GIRSU fue tratado este martes en el Senado.
El proyecto que impulsó el Gobierno
La ley define los residuos sólidos urbanos como aquellos generados en actividades domiciliarias, comerciales, institucionales, de poda, construcción y demolición, entre otras. Quedan excluidos los residuos peligrosos, patogénicos o radioactivos, que se rigen por normativas especiales.
Tras su presentación en junio, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que el objetivo central es transformar la gestión de los residuos urbanos, incorporando criterios de sostenibilidad ambiental, inclusión social y respeto por la autonomía municipal.
En julio se abrió una instancia de diálogo con los legisladores de los distintos bloques, donde se recibieron sugerencias para alcanzar consensos y elaborar un texto con esos aportes. Posteriormente, a principios de agosto, se realizaron reuniones con especialistas y representantes de la sociedad civil.
Entre ellos, Belén Levattino y Viviana Paredes de la Universidad Nacional de Cuyo; Celeste Alan de la Cooperativa Coreme; Norma Cabildo de la cooperativa La Fortaleza de mi Tierra; Diego Sosa de la cooperativa Grilli; y Ana Hinrichsen también de la UNCuyo. Además, participó el equipo técnico de la Subsecretaría de Ambiente, encabezado por Nuria Ojeda.
Para garantizar su aplicación, el Ministerio de Energía y Ambiente será la autoridad de aplicación, con competencias que incluyen la elaboración del Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (PPRSU), la asistencia técnica a municipios y consorcios, el control de impactos ambientales, la promoción de la separación en origen y la gestión de recursos económicos destinados a la implementación de la ley.
La normativa establece la regionalización de la provincia en cuatro zonas para la gestión de residuos: Metropolitana, Este, Centro y Sur. Además, los municipios deberán elaborar sus propios planes municipales o interjurisdiccionales, ajustados a los lineamientos provinciales, que incluyan diagnóstico del territorio, metas, acciones técnicas y ambientales, programas de inclusión social y proyectos de infraestructura para tratamiento y disposición final de residuos.
Entre los aspectos innovadores, la ley contempla la creación de Centros Tecnificados de Economía Circular, estaciones de transferencia de residuos y un registro provincial de transportistas y centros tecnificados, asegurando trazabilidad y transparencia en todas las etapas de gestión. Asimismo, promueve la participación social y la educación ambiental, con especial énfasis en instituciones escolares y comunidades locales.
A qué apunta el Gobierno con la Ley GIRSU
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo plantea un sistema que abarca todas las etapas de los residuos, desde su generación hasta la disposición final, incorporando la separación en origen, el reciclaje y la valorización de materiales, incluyendo tratamiento y transporte.
Y, con la integración de los recuperadores urbanos, el fortalecimiento de consorcios intermunicipales y la promoción de la economía circular, el Gobierno buscar generar empleo, mientras incorpora estándares modernos de gestión ambiental.