La adjudicación del contrato para las temporadas 2022/2026 fue denunciada en la Corte. Afirman que hubo direccionamiento y que no se tuvo en cuenta al otro oferente, a pesar de que brindó el servicio durante 13 años.
Un nuevo proceso judicial contra una contratación realizada por el Ejecutivo mendocino se abrió en los últimos días, y esta vez impacta sobre la adjudicación del servicio médico en el Parque Provincial Aconcagua.
La situación, desconocida hasta el momento, tomó estado público por una Acción Procesal Administrativa (APA) presentada ante la Suprema Corte de Justicia por parte de los representantes de la empresa Medicina de Altura S.A.
Se trata de quienes tuvieron la concesión de ese servicio durante trece años. El titular de la compañía, Juan Ignacio Rogé, es un médico de montaña que además había ejercido en el Parque durante otros seis años y varias veces fue galardonado por su accionar.
La relación entre esa empresa y el Estado fluctuaba sin mayores complicaciones hasta 2022, cuando se debía renovar la licitación. Pero en noviembre, el Gobierno decidió adjudicar la contratación a una sociedad anónima (X-Medicina S.A.) creada en julio de ese mismo año.
La adjudicación en el Parque Provincial Aconcagua
El 1 de noviembre de 2022 se llamó a licitación pública para el servicio médico en Aconcagua. El 18 de ese mes, se aceleró una contratación directa para cubrir la concesión hasta fin de año.
En ambos casos hubo dos ofertas: la de X-Medicina S.A. y la de Medicina de Altura S.A., y en los dos procesos la adjudicación fue para la primera de las compañías.
El decreto 2475/22, firmado por el entonces gobernador Rodolfo Suarez, le dio la concesión por cuatro años a X-Medicina S.A., y nunca se notificó a la otra empresa. Asimismo, tampoco se habilitó el canal formal para que pudiese realizar impugnaciones.
Posteriormente, en 2024 la empresa de Rogé decide emitir un recurso de revocatoria, la cual fue respondida recién en mayo de 2025 y rechazada principalmente por extemporánea, ya que desde Asesoría de Gobierno afirmaron que se había superado ampliamente el periodo de 30 días hábiles administrativos para interponer recursos, aún cuando en la misma respuesta se reconoce que el demandante no fue notificado de la adjudicación.
El reclamo por la adjudicación del servicio médico en el Aconcagua
Entre los puntos que se plantean en la APA se destaca que, además de no haber informado sobre la adjudicación a Medicina de Altura S.A., se asegura que la misma debe declararse nula por lo siguiente:
- Se realizó una adjudicación a una empresa formada dos meses antes de que se concretara el llamado a licitación y que no tenía experiencia comprobable ni capacidad económico financiera.
- Se le asignó un puntaje menor al que correspondía a la oferta económica de Medicina de Altura S.A.
- No se le asignó a la empresa ningún puntaje en el ítem “antecedentes contractuales y comerciales”
- Se le asignó mayor puntaje a X-Medicina en el rubro “indicadores de calidad del servicio”, cuando, según se sostiene, los antecedentes del staff de Medicina de Altura S.A. eran superiores.
- Se le asignó equivocadamente mayor puntaje a X-Medicina en el rubro “costo de instalación y puesta en marcha”.
Efectivamente, la empresa que logró la adjudicación fue creada el 4 de julio de 2022 y tiene como accionistas a Roxana María de las Nieves Pronce y Bernabé Eduardo Abramor.
Ahora, quienes tendrán que resolver sobre el caso serán los ministros de la Corte Norma Llatser, Dalmiro Garay y Teresa Day.