Tras la reestructuración del organismo encargado del acompañamiento “psicosocial” de niños, niñas y adolescentes, profesionales denuncian sobrecarga y falta de trabajo interdisciplinario. Desde la DGE, defienden el nuevo modelo.
La Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), creada en 2024 para reemplazar a la extinta DOAITE, es uno de los organismos públicos que ganó protagonismo tras el grave incidente en una escuela de La Paz, donde una alumna ingresó con un arma de fuego. El hecho reavivó el debate sobre cómo se aborda la salud mental en las escuelas de Mendoza y dejó al descubierto tensiones dentro de un área clave de la Dirección General de Escuelas.
El caso no solo expuso la necesidad de políticas sólidas para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo, sino que también visibilizó una disputa entre el Gobierno provincial y profesionales que integran la DAE, en medio de una profunda reestructuración impulsada por la nueva gestión en el área, a cargo de Carina Gannam, vinculada políticamente al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.
Además de los sucedido y los cambios en la modalidad de trabajo, la DAE volvió a quedar en el centro de la escena tras oficializar un sistema digital para controlar la asistencia de su personal. El anuncio potenció las críticas de algunos profesionales, respaldados por AMProS y el Colegio de Psicólogos, quienes denuncian “hostigamiento y un vaciamiento del área de salud mental” en las escuelas.
Según las autoridades, a mediados de 2024, la DAE cambió su enfoque: dejó de intervenir solo en casos urgentes con equipos interdisciplinarios, y pasó a un modelo preventivo, con profesionales más presentes en el día a día de las escuelas.
Sin embargo, desde distintos sectores advierten que esta reestructuración debilitó el trabajo en equipo, generó una tendencia a la monodisciplina y expuso la falta de espacios adecuados, lo que derivó en malestar profesional y una serie de renuncias. Desde la DGE, en cambio, defienden el nuevo esquema implementado a partir de la Resolución 4896/24 y aseguran que cuenta con el respaldo mayoritario de las escuelas, y que solo una minoría mantiene críticas.
Un área “reestructurada”
En 2024, tras la renuncia de Miguel Conocente, la conducción del área quedó a cargo de Carina Gannam, licenciada en Psicología, quien impulsó un cambio de nombre y un nuevo enfoque. “Desde que ingresé noté una amplia demanda y recursos finitos que necesitaban ser optimizados. Por eso, en lugar de actuar solo en situaciones urgentes con uno o dos estudiantes, apostamos por lo preventivo”, explicó Gannam en diálogo con el Post.
En esta dirección, su propuesta apunta a una mayor presencia de los profesionales en las escuelas, con el objetivo de anticiparse a los conflictos y acompañar tanto a docentes como a alumnos. “No queremos ser bomberos que apagan fuegos, sino evitar que se enciendan“, afirmó.
La Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) tiene como función principal acompañar las trayectorias escolares en los niveles Inicial y Primario. Tras su reestructuración, también pasó a incluir al nivel Secundario, donde ya existían los Servicios de Orientación Escolar (SOE) en cada escuela. Según la actual directora, con el nuevo enfoque, estos espacios -centrados principalmente en lo psicopedagógico- ahora “también amplían su intervención en temas de salud mental”.
Con un equipo central de 10 profesionales (uno para nivel inicial y primario, otro para secundario) y otros 58 equipos distribuidos en territorio, la DAE busca” prevenir situaciones emergentes” y acompañar a estudiantes a través del trabajo cotidiano de psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos y trabajadores sociales.
Estos equipos se organizan por secciones, cada una responsable de al menos 12 escuelas. En cada institución debe haber al menos un profesional asignado, que a su vez cubre entre 4 y 6 escuelas de manera individual (uno de los puntos que despierta críticas). Además, cada semana debe participar de una reunión interdisciplinaria de tres horas para abordar temas como el ausentismo, consumos problemáticos, la convivencia escolar y la salud mental (entre otros) para luego cargar datos en el Sistema de Gestión Educativa de Mendoza (GEM).
Frente a las críticas al nuevo modelo, Carina Gannam fue tajante: “Puede haber diferencias, pero trabajar en la DGE implica respetar el encuadre institucional. El 95% de la provincia responde muy bien y no tiene malestar. El 5% restante es el que manifiesta resistencias, pero las normativas están claras“, afirmó.
También se refirió a las denuncias sobre falta de espacios para trabajar: “Los profesionales tienen el apoyo de las direcciones escolares. Las supervisoras están conformes y en muchas escuelas se ponen a disposición oficinas u otros espacios. Esta es una estructura del Ministerio de Educación, no de Salud. El trabajo es dentro de la institución educativa”, sostuvo.
Sobre el nuevo sistema digital de asistencia, Gannam explicó que se usa una app con geolocalización para verificar que los profesionales estén en la escuela: “Es un biométrico móvil. Marcan entrada y salida desde el celular”. Y agregó: “Si pueden usar el teléfono para otras instancias institucionales, también pueden usarlo para marcar asistencia”.
¿De la ley al hecho?
Según pudo corroborar el Post, desde la reestructuración del área, comenzaron a surgir cuestionamientos al nuevo enfoque de la DAE para abordar la salud mental en las escuelas.
Las críticas apuntan a que el modelo actual dejaría de lado principios básicos de la Ley Nacional de Salud Mental y del Consejo Federal de Educación, que promueven la intervención de equipos interdisciplinarios, entre otros aspectos. De hecho, se subraya de manera simbólica, la eliminación del término “interdisciplinario” en el nuevo nombre del organismo y se advierten irregularidades sobre el nuevo abordaje y las condiciones laborales.
“Desde el Colegio de Psicólogos presentamos rápidamente un recurso impropio dirigido a Tadeo García Zalazar, que nunca fue respondido. También tuvimos una reunión donde reconocieron no haberlo leído“, explicó a este diario Luciana Molina, secretaria de Asuntos Profesionales del Colegio.
Según explicó, la reestructuración se aplicó sin consultar a los equipos profesionales, y se cuestiona que el nuevo modelo prioriza los diagnósticos por encima de la prevención. Esta lógica, advierten, puede llevar a una “revictimización” de los estudiantes, que pueden ser evaluados varias veces por distintos técnicos en lugares donde se ponen en juego factores que causan las mismas situaciones emergentes.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, en escuelas donde solo hay una fonoaudióloga o una trabajadora social de DAE. Si surge una situación que requiere la intervención de una psicóloga, asignada a otra institución, la DGE propone que los profesionales roten entre escuelas para cubrir la demanda para luego integrar el abordaje completo en una reunión interdisciplinaria de tres horas semanales.
“Nos preocupa el riesgo legal y ético que implica esto para las matrículas profesionales, además de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”, advirtieron desde el Colegio de Psicólogos.
Por su parte, Beatriz Zanini, prosecretaria gremial de AMProS, señaló que el gremio presentó un pedido de revocatoria a la resolución que reestructuró la DAE, pero aún no obtuvieron respuesta. Según indicó, “al momento de asumir la nueva gestión había poco más de 300 profesionales, y ya habrían renunciado cerca de 100 por las condiciones que se proponen”.
Zanini cuestionó la falta de equipos completos en las escuelas: “La ley dice que iba a haber equipos en cada institución, pero en la práctica hay una sola profesional de una sola disciplina a cargo de varias escuelas. Es un retroceso feroz“. También denunció que no se garantizan espacios adecuados para atender a los estudiantes: “No hay estructura ni privacidad. Invito a Gannam a recorrer las escuelas y ver dónde se atiende”.
Además, advirtió que las nuevas condiciones laborales afectan la calidad del trabajo y la estabilidad del personal: “Se reconoce la falta de recursos y frente a las renuncias se contratan profesionales sin capacitación en el área educativa”. Por último, criticó la implementación del nuevo sistema digital de asistencia con geolocalización: “Esto raya la violencia institucional. Las profesionales deben marcar asistencia en cuatro o más escuelas con su celular, sin conexión adecuada, sin contemplar traslados. Es una forma de hostigamiento“.