El jueves 2 de octubre, la Cámara alta podría terminar de sancionar las leyes que Javier Milei vetó. La oposición tiene una mayoría más consolidada.
Además de aguardar por la sesión del próximo jueves para confrontar con el veto presidencial a la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Senado se hizo eco de la reciente media sanción de la Cámara de Diputados y buscará terminar de rechazar las medidas del Ejecutivo contra la ley de financiamiento de universidades y la emergencia de salud pediátrica.
El antecedente directo en la Cámara de Diputados expresó una amplitud en la construcción opositora de los dos tercios. La emergencia en salud pediátrica reunió 181 a favor, 60 en contra y una abstención. En tanto, la Ley de Financiamiento Universitario -cuyo futuro estaba más comprometido en el inicio de la sesión- reunió 174 a favor; 62 en contra y dos abstenciones. En tanto que la última votación en el Senado, durante el mes de agosto, La definición también fue holgada: 58 votos a favor y 10 en contra para el fondo de universidades y 60 apoyos y 8 rechazos para la iniciativa del Garrahan.
La oposición en el Senado busca ratificar los dos tercios.
Senado
Qué dicen los proyectos
Uno de los vetos que se tratará revertir es la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, y la recomposición del sistema de residencias médicas. La iniciativa exige fondos para “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo”, “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud” y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los $133.433 millones.
Por otro lado se encuentra el veto al proyecto impulsado por rectores: Ley de Financiamiento Universitario. Su redacción apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas. Según la OPC, el impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI.