El proyecto se debate en el Senado de Mendoza. Quieren prohibir la contratación de personas condenadas, incluso con penas en suspenso, y se fijan capacitaciones obligatorias para prevenir abusos.
Se presentó en la Cámara de Senadores de Mendoza un proyecto de ley que establece la prohibición absoluta de designar a personas condenadas por delitos sexuales o violencia de género en cualquier ámbito que implique contacto con niños, niñas o adolescentes, incluso si no cumplen prisión efectiva.
La iniciativa también prevé mecanismos de control, sanciones a instituciones y un esquema de capacitación obligatoria para reforzar la protección.
El proyecto dispone que no se podrá contratar, incorporar ni asignar funciones a quienes tengan condena penal, aunque la sentencia sea en primera instancia o la pena esté en suspenso. Los delitos comprendidos son los previstos en el Código Penal vinculados a abusos sexuales, trata de personas y delitos contra el estado civil y la identidad.
El alcance incluye instituciones deportivas, clubes, asociaciones civiles, federaciones, entidades educativas, culturales, religiosas y privadas que trabajen con menores o reciban fondos públicos. Es decir, abarca tanto el sector público como el privado, fijando como estándar común la protección de niños, niñas y adolescentes.
Las autoras del proyecto son las senadoras peronistas Mercedes Derrache y Adriana Cano. En diálogo con el Post, Derrache afirmó que “este proyecto surge a partir de un vacío legal que no legisla sobre qué hacer con este tipo de situaciones que existen y corren en Mendoza”.
Casos en la provincia
En la provincia existen antecedentes de personas condenadas que siguieron vinculadas a menores. El texto del proyecto menciona al exentrenador de Las Leonas, Walter Conna, condenado por abuso sexual en San Rafael, quien “en pleno cumplimiento de su condena es nombrado entrenador de hockey en Rivadavia Hockey Club a cargo de menores de edad, aun con los padres en contra de tal nombramiento“.
También se cita el caso del profesor de hockey sobre patines del club Godoy Cruz Antonio Tomba condenado a ocho años de prisión efectiva, el de un profesor de Kung Fu en Luján de Cuyo y el de un pastor evangélico que confesó abusar de una menor y, pese a ser condenado, quedó en libertad.
Frente a estas situaciones, el proyecto sostiene que es necesario que el Estado provincial imponga límites éticos y jurídicos para la protección de la infancia y la adolescencia, tanto en el ámbito público como en el privado. En ese sentido, se propone incorporar a la Ley 6457 la obligación de presentar certificado de antecedentes penales para acceder a cargos en instituciones con menores.
La senadora agregó que “tiene que haber controles, por eso en una de las últimas partes incluyo los convenios de colaboración con los municipios, porque el municipio también hace la habilitación de las asociaciones donde se prestan servicios de recreación, católicos o deportivos, y también la subsecretaría de Trabajo”.
Reinserción laboral de un condenado por abuso sexual
Consultada sobre la posibilidad de reinserción laboral de personas condenadas, Derrache sostuvo: “Entiendo lo de la reinserción laboral, pero que sea en otro ámbito, no con menores. Nadie les está prohibiendo trabajar, pero sí se establece ese límite. Todas estas personas trabajan o están implicadas en un ambiente con niños. El estatuto docente, por ejemplo, establece en su artículo 16 que para cualquier ingreso a la docencia no se deben tener antecedentes penales”.
Al tiempo que aclaro, “lo que importa acá son los más vulnerables: niños, niñas y adolescentes”.
El proyecto prevé que quienes incumplan con la normativa no podrán recibir subsidios ni beneficios del Estado provincial y quedarán expuestos a otras sanciones que determine la autoridad competente. La Subsecretaría de Deportes será el órgano encargado de verificación, control y sanción, y podrá firmar convenios con municipios para reforzar los mecanismos de cumplimiento.
Para Derrache, “es importante debatir y mejorar este proyecto porque como madre, como ciudadana y como Estado debemos velar ante todo por la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”.