El ministro de Producción pidió que las reformas nacionales sean “orgánicas y consensuadas”. Planteó la necesidad de una legislación laboral razonable, un régimen impositivo más justo y destacó el modelo económico mendocino.
El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, se refirió al panorama político y económico nacional y consideró que las reformas que impulsa el Gobierno deben realizarse de manera “orgánica y con amplio consenso”, priorizando la gobernabilidad y la estabilidad institucional.
“El presidente ha entrado intempestivamente, sin gobernadores, sin municipios y con una cámara legislativa muy chica. Las reformas que está haciendo están todas bien, pero hay cosas que tienen que pasar por el Congreso. Estamos tocando intereses importantes, por eso es clave que cuente con el apoyo de la ciudadanía y de los gobernadores, sean del partido que sean”, sostuvo el funcionario en declaraciones a El Sol.
Vargas Arizu subrayó que el ejercicio democrático no se trata de imponer, sino de construir acuerdos: “El que gana tiene derecho a ejercer el poder, pero no tiene la verdad. La verdad se construye con consenso, incluso con quienes piensan distinto. Si no hay consenso, la gestión se complica”.
El ministro también opinó que la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires significó “un llamado de atención” para el Gobierno nacional. “Fue un error político nacionalizar esa elección. Creo que eso hizo reflexionar al presidente. Argentina necesita salir del blanco y negro, del extremo permanente, y avanzar hacia políticas de Estado sostenibles”, analizó.
El titular de la cartera productiva mendocina remarcó la necesidad de una legislación laboral razonable y un sistema impositivo sustentable, con el objetivo de formalizar el 50% de la economía que hoy opera en la informalidad.
“No es que el 50% de la gente sea mala o no quiera estar registrada. Se protege de un sistema que no funciona. Tampoco las empresas rehúyen registrar empleados porque no quieran, sino porque las condiciones son inviables. En Argentina hay 600.000 empresas y debería haber dos millones, como en los países vecinos. Eso tenemos que reformarlo”, sostuvo.
En esa línea, destacó que el gobernador Alfredo Cornejo apoya los cambios estructurales, pero “con sentido común y decisiones compartidas con personas que conozcan los problemas reales del país”.
Vargas Arizu explicó que las pymes generan el 75% del empleo privado, y son las más afectadas por la llamada “industria del juicio”.
“Una gran empresa puede absorber un juicio laboral con el 3% de su facturación. Pero una pizzería, si enfrenta un juicio, pierde el horno o directamente el negocio. Eso desalienta el emprendedurismo y genera una falsa competencia entre grandes y pequeños”, expresó.
Por ello, planteó que las reformas laboral e impositiva deben apuntar especialmente a las pymes, que representan el núcleo productivo del país. “Los grandes grupos tienen herramientas para adaptarse. Las reformas deben pensarse para quienes invierten, trabajan y se quedan en Argentina. Las empresas familiares son un ejemplo de eso: representan el 70% del tejido empresarial y son las que más apuestan al desarrollo local”, añadió.
En ese sentido, el funcionario puso en valor la disciplina fiscal y la previsibilidad económica de Mendoza, que mantiene el superávit como uno de los estandartes. “La provincia apostó a la calidad, al orden microeconómico y a la eficiencia en la gestión. Tenemos una deuda razonable y un superávit sostenido desde hace 10 años. Ahora el desafío es mejorar la eficiencia del Estado, bajar impuestos y seguir ampliando la matriz productiva, que ya es muy diversa”, afirmó.
Por último, el ministro destacó la importancia de equilibrar la relación entre lo público y lo privado, señalando que “la política entendió que la participación del sector productivo dentro del Estado es fundamental para generar credibilidad y desarrollo”.