Mercedes Rus recordó las propuestas impulsadas desde la provincia. Remarcó el pedido de penas más duras para delitos viales, robos que afectan servicios públicos y nuevas figuras para combatir estafas y ciberdelitos.
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, se refirió al proyecto de reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno nacional y recordó los aportes que desde la provincia presentaron meses atrás. Las declaraciones se dieron luego de su exposición ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde defendió los cambios al Procedimiento de Flagrancia dentro del Código Procesal Penal local.
La funcionaria explicó que Mendoza presentó en abril una serie de propuestas al Ejecutivo nacional, antes de que se conformara la comisión redactora del nuevo Código Penal. “Es un código del siglo pasado, así que necesidad de reformas tiene”, afirmó.
La iniciativa provincial incluyó modificaciones vinculadas a delitos que afectan la vida cotidiana, como robos de medidores, cables y cobre, que impactan en servicios públicos y en el funcionamiento de escuelas y barrios.
La ministra detalló que también sugirieron reformas sobre la portación y circulación de armas, al considerar que son un factor clave que “alimentan distintos circuitos delictivos”, desde el tráfico de autopartes hasta el narcotráfico. En ese sentido, destacó la importancia del laboratorio balístico que está desarrollando la provincia.
Otro eje central de los aportes mendocinos fue la agenda vial. Recordó que cerca del 60% de los delitos viales se originan en negligencias, por lo que propusieron penas más severas y medidas como inhabilitaciones graves. Mencionó el caso del chico que murió atropellado en el Parque, y calificó como “injusto” que la pena no supere los cinco años.
Asimismo, señaló que Mendoza elevó propuestas para fortalecer los instrumentos legales contra el ciberdelito y las estafas digitales, cada vez más frecuentes en un contexto económico complejo. Entre ellas, pidieron incorporar un tipo penal específico para la suplantación de identidad, una práctica que hoy no está penada y se utiliza para cometer fraudes haciéndose pasar por familiares, empresas o incluso autoridades de organismos como Anses.
Por último, Rus remarcó que aún no conocen el texto definitivo de la reforma porque “el Gobierno lo mantiene muy hermético”, pero afirmó que funcionarios nacionales le habían señalado que varios de los temas planteados por Mendoza fueron considerados. “Veremos si finalmente forman parte del proyecto”, concluyó.