La gestión de Javier Milei habilitó que las fuerzas federales puedan usar armamento confiscado en operativos contra bandas delictivas. En la Provincia, el Ministerio de Seguridad descartó la medida por varias razones.
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El Ministerio de Seguridad de la Nación fue habilitado para que la Policía y las fuerzas federales puedan utilizar armas confiscadas en operativos contra bandas delictivas. En Mendoza, la cartera que comanda Mercedes Rus se distanció de la medida y explicó los motivos por los que no se avanzará con esta iniciativa.
El decreto 103, publicado en el Boletín Oficial, permite la reutilización de armas secuestradas por las fuerzas de seguridad con el fin de “optimizar recursos y reducir costos en la compra de armamento”. Antes de su uso, el armamento deberá ser controlado y revisado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza precisaron que la Policía de la Provincia no necesita recurrir a este tipo de medidas porque cuenta “con armamento y municiones en tiempo y forma”. Remarcaron que disponen del stock necesario para que los agentes realicen sus prácticas en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).
La reciente norma, que cuenta con todas las firmas del gabinete de Milei, modifica la Ley 25.938, que establece que estos bienes pueden ser destruidos o entregados a las fuerzas de seguridad para su uso exclusivo. Desde la cartera a cargo de Rus explicaron que, en Mendoza, las armas secuestradas, en principio, se eliminan porque “gran parte son tumberas y no pueden reutilizarse, ya que no son seguras”.
Tumberas o con fallas
Por eso, en la sede ubicada en calle Salta 672 de Godoy Cruz sostuvieron que “no tiene sentido” recurrir a armas secuestradas y que la medida podría beneficiar a otras provincias que enfrentan dificultades en la adquisición de armamento, pero que en Mendoza “no es necesaria”.
Para la Provincia, el decreto publicado por el Ejecutivo nacional “no está alineado” con los protocolos que regulan la utilización de armas por parte de las fuerzas. Además, manifestaron dudas sobre la medida porque, en general, el armamento incautado “presenta fallas o no está en las mejores condiciones para su uso”.
No obstante, en Mendoza, todos los agentes policiales están obligados a registrar su armamento en el “ADN balístico”. De este modo, cada oficial cuenta con un arma registrada en un sistema donde se detallan sus características y funciones.
“Cada agente que recibe un arma para sus funciones debe pasarla por este sistema, lo que permite trazar de qué arma provienen determinadas municiones y a quién pertenece, asegurando una identificación correcta”, completaron.
Compra de armamento
A finales de enero, la gestión de Alfredo Cornejo lanzó una licitación pública para la compra de 550 armas, entre ellas 500 pistolas calibre 9 milímetros y 50 escopetas. La inversión del pliego es de 369.250.000 pesos.
Por otro lado, se abrió otra licitación para la adquisición de 100 pistolas Taser junto con 300 cartuchos de larga y corta distancia, con una erogación de 806 millones de pesos.