Lo dijo la rectora, Esther Sanchez, durante una conferencia de prensa en la que también se habló del proyecto de Financiamiento para la Educación Universitaria

A la UNCuyo le faltan $260 millones al mes, casi la mitad de lo que necesita para funcionar. 

Al mismo tiempo que se presentaba en Buenos Aires un Proyecto de ley de financiamiento para la educación universitaria, la rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, advertía de la crítica situación de la Casa de Estudios que representa.

Para poner en números el problema, Sanchez señaló que necesita 600 millones de pesos mensuales para gastos operativos, pero solo recibe 340 millones. En ese contexto, respaldó el proyecto de ley de financiamiento universitario que busca garantizar previsibilidad y estabilidad en los recursos del sistema público de educación superior.

El financiamiento universitario, en palabras de la autoridad académica, no puede depender de decisiones coyunturales ni de presupuestos reconducidos. Por eso se apoya en una iniciativa presentada en el Congreso que propone elevar la inversión del 0,4% al 1,5% del PBI en forma progresiva hasta 2031.

Además, Sanchez se refirió a las famosas auditorías que propuso el gobierno nacional. Lo que la rectora puntualizó es que no hay suficiente personal en la AGN para realizarlas.

La situación presupuestaria de la UNCuyo se vuelve cada vez más compleja, con un panorama reconducido desde el 2023

La situación presupuestaria de la UNCuyo se vuelve cada vez más compleja, con un panorama reconducido desde el 2023

Foto: UNCuyo.

Un financiamiento universitario que asegure previsibilidad

La titular del rectorado de la UNCuyo remarcó que el presupuesto vigente fue reconducido desde 2022 y que esa decisión afecta seriamente la operatividad de las casas de estudio. Según detalló, la universidad necesita cada mes 600 millones de pesos para cubrir servicios básicos, vigilancia y mantenimiento, pero solo recibe 340 millones. “La diferencia la sacamos de otros fondos, como los destinados a obras”, indicó.

Para dar respuesta a esta situación estructural, se impulsa desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) un proyecto de ley de financiamiento universitario. El mismo fue elaborado con el consenso de estudiantes, docentes, no docentes y rectores, y tiene como objetivo transformar los recursos para las universidades en una política de Estado que no dependa de cada administración. Entre sus puntos centrales, la propuesta establece un mecanismo para que el financiamiento esté atado al PBI.

Qué plantea el proyecto de Financiamiento universitario

Uno de los ejes principales del proyecto es elevar progresivamente el financiamiento universitario del 0,4% actual del PBI hasta llegar al 1% en 2026 y al 1,5% en 2031. La ley plantea, además, asegurar la convocatoria a paritarias, la recomposición salarial y los fondos de funcionamiento, incluso en contextos de emergencia.

“La propuesta permite tranquilizar a cualquier gobierno, porque no se comprometen fondos destinados a otras áreas; es una manera de garantizar la sustentabilidad del sistema sin alterar otras partidas presupuestarias”, explicó la rectora. También recordó que la Auditoría General de la Nación había prometido un informe sobre las universidades para abril, pero fue postergado para noviembre por falta de personal.

La rectora agradeció la difusión de la situación y exhortó a los legisladores a hacerse eco de esta problemática nacional.

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