El Gobierno provincial presentó un proyecto de ley para acceder a financiamiento internacional. La inversión apunta a digitalizar los sistemas de salud y educación
El gobernador Alfredo Cornejo elevó a la Legislatura un proyecto de ley en el que solicita autorización para contraer deuda con organismos multilaterales de crédito por un total de 160 millones de dólares. El financiamiento se destinará a impulsar la transformación digital de dos áreas centrales de la gestión pública: educación y salud.
La propuesta contempla la asignación de 75 millones de dólares al fortalecimiento del programa Educación Digital Universal con Tecnologías Conectadas (Edutec), que busca reducir la brecha digital en las escuelas, y 85 millones de dólares para la modernización del sistema de salud, con foco en la digitalización de la atención médica, la interoperabilidad de sistemas y el empoderamiento del paciente.
Plataformas y formación: el plan educativo
El proyecto Edutec busca integrar equipamiento, conectividad y plataformas digitales en las escuelas de nivel primario y secundario. También incluye la capacitación de docentes y directivos, y la actualización de contenidos curriculares en línea.
Una de las motivaciones del proyecto es cerrar la brecha digital entre escuelas estatales y privadas. De acuerdo con los datos relevados por el propio Ejecutivo, solo el 55% de los alumnos de sexto grado de escuelas públicas tiene acceso a una computadora en el hogar, mientras que en el sector privado el porcentaje asciende al 87%.
Además, el 49% de las primarias estatales cuentan con laboratorio de informática, contra el 53% en el ámbito privado.
El plan prevé la incorporación de Aulas Digitales Móviles, el uso de plataformas adaptativas para mejorar el rendimiento en lengua y matemática, y el desarrollo de competencias digitales clave en estudiantes. El componente formativo es central: se espera llegar a una amplia base docente con instancias de actualización y acompañamiento territorial.
Interoperabilidad en el sistema de salud
El segundo componente del proyecto está orientado a consolidar la transformación digital en el sistema de salud pública, enmarcado en la Ley N° 9460, aprobada en 2023.
Las acciones previstas incluyen la finalización de la infraestructura tecnológica en hospitales y centros de salud, la mejora de la interoperabilidad de los sistemas existentes, y el desarrollo de nuevas herramientas orientadas a la atención médica, la gestión administrativa y la planificación en salud pública.
La estrategia apunta a integrar distintos módulos ya en funcionamiento —como la historia clínica electrónica, la prescripción digital, los turnos online, los sistemas de laboratorio y guardia— y sumar nuevas funcionalidades que mejoren la calidad del servicio.
El plan también contempla fortalecer la ciberseguridad, adquirir equipamiento (computadoras, servidores, lectores de DNI, tablets) y ofrecer soporte técnico y capacitación al personal.
Según datos oficiales, el 51% de los centros de atención primaria ya cuenta con turnos digitales, una cifra que a comienzos de 2024 era de apenas el 7,5%. Además, 13 de los 22 hospitales públicos tienen implementado el módulo digital de guardia, y más de 700 computadoras y 400 tablets fueron distribuidas recientemente.
Condiciones financieras y contexto fiscal
El financiamiento solicitado sería canalizado a través de organismos multilaterales de crédito que ofrecen condiciones más flexibles que los mercados tradicionales: tasas de interés reducidas, plazos largos y períodos de gracia amplios.
Además del componente financiero, estos organismos suelen aportar asistencia técnica, estándares internacionales de gestión y mecanismos de control, elementos que el Gobierno considera clave para garantizar el impacto de las inversiones a mediano y largo plazo.
De aprobarse la iniciativa, el endeudamiento estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con facultad del Ejecutivo para modificar el presupuesto vigente a fin de ejecutar los recursos.
El proyecto también establece que deberá remitirse a la Legislatura toda la documentación firmada con los organismos multilaterales en un plazo de 10 días hábiles desde su suscripción.