El proyecto fue aprobado por 25 votos y 18 votos en contra. Pasará a debate en la Cámara de Senadores. La norma pone un límite a las tres cooperativas, que fue celebrado por la cámara empresarial del sector.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que regula la actividad de las empresas de seguridad privadas. La iniciativa es la última de las once que presentó a principio de mayo, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. La iniciativa oficial pone límites al funcionamiento de las tres cooperativas que funcionan en la provincia, lo que fue celebrado por la cámara que nuclea a las firmas.
El documento que pasará a revisión al Senado fue aprobado por 26 votos afirmativos y 18 en contra. Tanto el peronismo como La Unión Mendocina decidieron no acompañar la propuesta.
La norma cuenta con 52 artículos que, entre los más resonantes, se encuentran la profesionalización de los empleados de las empresas de Seguridad y la limitación de las tres cooperativas que hay en las provincias: Sarpol, Akon-Ahuac y Sistema Información Generales (SIG).
El proyecto permitirá a las tres cooperativas existentes puedan seguir funcionando, pero con la condición que no puedan sumar nuevos clientes. Salvo que se registren en el Repriv y se constituyan como empresa de Seguridad. Este punto generó cuestionamientos por parte de las cooperativas.
Actualmente hay 175 empresas de Seguridad en Mendoza registradas en el Repriv, que cuentan con 10.000 empleados. La norma establece que los empleados deben contar con estudios correspondientes y el certificado de buena conducta para que puedan trabajar.
En el caso de los directores técnicos, deben poseer el título universitario de Seguridad Pública y Privada. Mientras que los vigiladores tienen que tener el secundario terminado y el certificado de buena conducta aprobado.
En caso que los trabajadores no cuenten con estos pedidos específicos, la norma le da una prórroga de un año para que puedan normalizar su situación.
“Es importante el paso que vamos a dar para terminar con la informalidad que hay en el sector. Vamos a dar un marco de claridad y transparencia a los trabajadores del sector“, manifestó José Vilchez, diputado de Cambia Mendoza.
Empresas enfrentadas a las cooperativas
Pablo Martínez, presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada de Mendoza (CESPM), celebró la media sanción del proyecto.
“Para el rubro, las cooperativas son competencias desleales por los costos que un vigilador superan el millón de pesos. Nosotros pagamos contribuciones y cargas sociales. No queremos que las cooperativas sean el tema de debate, lo único es que se registren Registro Público de Comercio“, manifestó.
Según datos revelados por Martínez, las empresas de Seguridad le aportan más de 1500 millones de pesos en Ingresos Brutos a la Provincia.
“Lo que queremos es que se mantengan los puestos de trabajos y que podamos seguir contribuyendo a la Provincia“, expresó el titular de CESPM.
Para Walter Ventura el director técnico de la cooperativa Sarpol, la iniciativa es “discriminatoria” para los trabajadores y aseguró que seguirán reclamando para que puedan “seguir trabajando libremente“.
“Este artículo no es claro, esperamos que al momento de su reglamentación se modifique porque es discriminatorio para nosotros. Vamos a seguir insistiendo para cuidar nuestras fuentes de trabajo“, subrayó Ventura.
Los reclamos de la oposición
Tanto el PJ como La Unión Mendocina criticaron tanto la falta de claridad de los artículos como de la limitación que el Ministerio de Seguridad y Justicia le puso a las cooperativas.
Desde el PJ remarcaron que, si bien apoyan la regularización de la empresas privadas, no consideran que sea una prioridad para la Provincia debido a los constantes hechos de inseguridad que se producen. En la misma línea, cuestionó el accionar que pretende aplicar el oficialismo contra las cooperativas del sector.
“Este gobierno quiere limitar el accionar a las cooperativas, pero no lo dejan claro en la ley. Siempre hacen todo a la mitad. Sean claros con lo que quieren y pónganlo en la ley“, sostuvo Gómez.
Desde La Unión Mendocina expusieron una serie de contradicciones en los artículos que tiene la propuesta. Esto es producto a la falta de información que “nos tiene acostumbrados el oficialismo“.
La diputada del PRO, Cintia Gómez, también objetó la actualización que deben someterse las empresas de Seguridad.
“Piden una actualización anual de los registros de las empresas. Eso se traduce en más plata para la Provincia donde no sabemos dónde va a ir ese dinero“, completó la legisladora de LAUM.