La Fiscalía de Estado impulsa un nuevo protocolo de control sobre las tres firmas con participación estatal más estratégicas de la provincia.
La Fiscalía de Estado ya tiene listo el borrador del protocolo con el que intentará reforzar el método de control sobre las empresas públicas manejadas por la Provincia. La medida busca corregir las “zonas grises” operativas y modernizar la fiscalización ante el volumen creciente de operaciones, fundamentalmente en tres pilares del esquema estatal: Aysam, Impulsa Mendoza y Emesa.
El objetivo es aplicar auditorías preventivas para evitar eventuales errores, nulidades y desvíos patrimoniales, además de asegurar el uso correcto de los fondos y de las prerrogativas públicas que gestionan estas sociedades.
El plan del organismo que comanda Fernando Simón responde a la necesidad de adaptar los mecanismos de control a una nueva realidad, donde las empresas con participación estatal manejan presupuestos millonarios y asumen un rol central.
Más plata para mayor control
El pasado 9 de octubre, durante la presentación del Presupuesto 2026 de la Fiscalía de Estado en la Legislatura, Simón pidió un refuerzo presupuestario para ampliar la capacidad de fiscalización del organismo. En tal sentido, planteó que el volumen de operaciones de las sociedades con capital público exige un cambio de enfoque.
“Una política pública que lleva aproximadamente una década ha sido fortalecer las empresas en las cuales participa el Estado, que tienen un rol muy relevante en sectores como la minería, energía y algunos servicios públicos”, comentó Simón. Y agregó: “Aunque sean empresas, no dejan de manejar fondos o prerrogativas públicas y están sometidas a los controles del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Estado”
Si bien existieron tensiones con esa fiscalización, hoy la gran mayoría de las empresas del Estado aceptan el control. Sin embargo, Simón sostuvo ante los legisladores que la actual estructura de la Fiscalía no alcanza para seguir el ritmo de decisiones que involucran obras, tarifas, fiduciarios, contratos con privados o cesiones de activos.
Según detalló, el organismo necesita más profesionales dedicados exclusivamente a estos expedientes, técnicos para tareas de campo y hasta un vehículo para recorrer obras.
“Nos obliga a modificar nuestra manera de actuación. Es algo que venimos pidiendo todos los años. La política es que los profesionales puedan dedicar todo su tiempo a esto. Pero no es fácil: los sueldos no son competitivos”, admitió.
Un nuevo marco de control preventivo
El cambio de paradigma está en el tipo de control. Hasta ahora, muchas decisiones llegaban a la Fiscalía cuando ya estaban ejecutadas. Si había fallas legales, no quedaba más alternativa que anularlas. Simón fue tajante: “Nadie gana con el control post facto porque lo único que hace es perder tiempo”.
El objetivo es migrar del sistema de control posterior a un modelo preventivo para garantizar su legalidad. Por eso, el borrador del nuevo protocolo define qué actos societarios deberán pasar obligatoriamente por revisión previa: desde contrataciones hasta movimientos de activos y acuerdos con privados.
La idea original era anunciar el proyecto meses atrás, pero la campaña electoral alteró los tiempos. Ahora, con el borrador del protocolo ya finalizado, llegará la negociación con el Poder Ejecutivo y las autoridades de las empresas involucradas para obtener la versión definitiva.
La intención es que el instructivo se oficialice antes de fin de año. “En tanto no lo tengamos, estamos pensando en sacar un memo estableciendo cuáles son los actos que es imprescindible que pasen por Fiscalía”, afirmó Simón.
Radiografía de las empresas bajo la lupa
Para comprender la magnitud del desafío de control, es crucial analizar la compleja realidad financiera y operativa de las principales tres empresas estratégicas que estarán bajo el nuevo protocolo: Aysam, Impulsa Mendoza y Emesa. Cada una presenta un universo particular de desafíos.
Números en verde, reclamos en rojo
Aguas Mendocinas (Aysam) es la compañía estatal más grande y la que despierta mayor tensión social. Su balance 2024 reveló un resultado contable positivo, con una ganancia superior a los $11.700 millones, aunque la propia empresa presidida por Humberto Mingorance admite que esa cifra no significa que sobren recursos.
La explicación reside en la estructura financiera que sostiene al servicio: aumentos de tarifas, aportes del Gobierno y una sobretasa adicional que los usuarios pagan para un fondo de obras.
A pesar de esa inyección de recursos públicos, los usuarios padecen problemas crónicos de infraestructura, derrames cloacales, cortes de agua y calles rotas durante semanas.
El brazo minero con cuentas complejas
Impulsa es la empresa más joven del sistema. Fue creada en 2023 para administrar los activos de Potasio Río Colorado y motorizar la minería en Mendoza. Su capital inicial proviene de los 30 millones de dólares que pagó la firma Vale al retirarse del proyecto.
Desde entonces, la compañía realizó exploraciones en Malargüe, diseñó planes de desarrollo y se convirtió en inversor institucional.
El balance de 2024 registra una pérdida de más de $8.500 millones, pero la cifra tiene una explicación técnica: el ajuste por inflación sobre los activos en dólares. Si se mide en moneda extranjera, la empresa terminó el año con más stock líquido que al inicio, pasando de 18,4 a 19,5 millones de dólares.
Capital estatal y gerenciamiento privado
La Empresa Mendocina de Energía, una pieza clave en la matriz energética provincial, completa la tríada.
Tiene gerenciamiento privado pero capital estatal, y entre los proyectos en los que participa sobresalen la Nave Cultural y el Parque Solar PASIP (energía renovable), Calmuco (gas y petróleo) y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos.
Actualmente está a cargo de la licitación de un sistema fotovoltaico para el Distrito 33, en la capital provincial, y del futuro parque solar que la Municipalidad de Guaymallén tendrá en el distrito Puente de Hierro, en el predio del vertedero de residuos que la comuna cerró en junio pasado.
El antecedente que no prosperó
El debate por la transparencia de las empresas estatales no es nuevo. En 2020, los entonces legisladores nacionales Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron en el Congreso un proyecto para crear un Régimen de Buen Gobierno dirigido a sociedades con participación estatal mayoritaria.
La propuesta de los actuales gobernador y ministra de Energía y Ambiente, respectivamente, exigía rendición de cuentas, códigos de conducta, paridad de género en los directorios, calificación profesional de gerentes y criterios de sustentabilidad ambiental. La iniciativa no avanzó, pero invitaba a las provincias a adoptar esos estándares.
La Fiscalía de Estado analizó ese proyecto mientras elaboraba su propio borrador de protocolo, aunque finalmente lo descartó como base ya que está pensado para el sistema nacional.
El cierre de año como objetivo
En los próximos días, la Fiscalía abrirá una ronda de negociaciones con el Ejecutivo y las empresas para afinar los términos del protocolo. Si no hay objeciones técnicas ni políticas, la norma se publicará antes de fin de año y las compañías deberán adaptar sus circuitos administrativos.
El desafío será transformar el control preventivo en una práctica rutinaria, no en una excepción.
“Este año hemos tenido algunas tensiones sobre qué cosas mandar y qué cosas no. Hoy no es factible que toda disposición de patrimonio pase por la Fiscalía, pero hay temas que no generan ninguna duda”, dijo Simón. En ese listado, sobresalen contrataciones importantes, cesiones de activos y acuerdos societarios.
“Sobre esto queremos sacar un instructivo específico. Estamos trabajando, siempre con diálogo y buena voluntad para acordar. En general logramos encausar las cosas”, admitió el funcionario, quien insistió en que el objetivo no es trabar decisiones, sino evitar errores costosos. En tal sentido, dejó la frase que resume toda la lógica del proyecto: “Si se hizo mal un proceso y hay que tirarlo, se tira. Pero lo ideal es nunca tener que llegar a ese punto”.