Las principales operadoras de la provincia reconocen que, por el aumento de las tarifas, las conexiones antirreglamentarias tienden a aumentar. Incrementaron los controles y advierten por riesgos.
En los últimos meses, la tarifa eléctrica ha sufrido constantes aumentos, lo que ha significado un duro golpe al bolsillo de los usuarios. A raíz de esto, las empresas distribuidoras comenzaron a registrar una tendencia a conexiones antirreglamentarias, es decir, que les roban electricidad. El foco se ha concentrado en zonas marginales, pero incluso en barrios residenciales privados.
Desde las empresas eléctricas sostuvieron que en agosto se vio reflejado el incremento tarifario del 30% que se aplicó en junio. Una de la consecuencias fue que un grupo de usuarios se “colgó de la luz” para evitar grandes pagos del servicio eléctrico. En cambio, las distribuidoras afirmaron que el nivel de morosidad “se mantiene estable”.
A principios de este mes, el Gobierno de Mendoza decretó otro aumento de la tarifa, esta vez, del 7%. Este incremento se verá reflejado en el consumo de finales de septiembre y principios de octubre.
Pero el dato que las empresas como Edemsa, Edeste y la Cooperativa de Godoy Cruz empiezan a tener en cuenta para los próximos meses es el crecimiento de los casos de conexiones antirreglamentarias y de la adulteración de los medidores.
Según datos aportados por el Ente Provincial de Regulador Eléctrico (EPRE), en el primer semestre del año Edemsa reportó 5.726 consumos antirreglamentarios. Mientras que la Cooperativa de Godoy Cruz notificó 476 y Edeste apenas 58.
El problema de los barrios privados
Edemsa es la principal distribuidora eléctrica al contar con 480.816 usuarios en toda la Provincia. Desde la empresa detallaron que diariamente tienen equipos que realizan recorridos e inspecciones con el fin de detectar conexiones clandestinas e irregulares.
Como dato llamativo, en lo que va de 2024 han logrado detectar alrededor de 500 urbanizaciones privadas con conexiones clandestinas. De estas, uno de cada tres consumos antirreglamentarios fueron hallados en Guaymallén.
A su vez, añadieron que el 20% de los “barrios populares” de ese mismo departamento cuentan con conexiones clandestinas.
“Es algo que preocupa porque representa un peligro para la seguridad de las personas”, expusieron desde Edemsa.
Por estos motivos, la distribuidora eléctrica comenzó a intensificar sus operativos en otros departamentos como Luján y Maipú, para la regularización de urbanizaciones privadas. Lo mismo para zonas marginales o asentamientos.
La modalidad de penas que propone Edemsa es la intimación a los propietarios para que regularicen su situación y puedan solicitar un suministro según las normas municipales.
Las zonas marginales
Por el lado de Edeste, la situación era “esperable” debido a los aumentos de tarifas. La firma encabezada por Raúl Stasi detectó que, en promedio, el 10% de los usuarios que estaba conectado clandestinamente al sistema son de zonas marginales.
“Luego del congelamiento de las tarifas en mayo por parte de la Provincia, en junio hubo un fuerte incremento del 30% en la tarifa por los componentes nacionales y provinciales. El precio con relación al consumo tarda unos 40 días en verse impactado, por eso, en agosto las tarifas han sido altas”, graficó Stasi a El Sol.
La Cooperativa Eléctrica Alto Verde de San Martín realizó en lo que va del año 1.753 actas por consumos antirreglamentarios. De éstas, sólo pudieron cobrar el 10%, lo que le significó un ingreso de más de 60 millones pesos.
“A partir de sumar más cuadrillas en las calles, hemos detectado que un 10% de nuestros usuarios han alterado sus medidores. Muchos de ellos son de fuera de los cascos urbanos como de zonas marginales. Por lo general, vienen a nuestras oficinas a llegar a un acuerdo“, deslizaron de Alto Verde.
En cambio, Edeste cuenta con una empresa que se dedica especialmente a realizar seguimientos respecto a la facturación de los usuarios como de los consumos. De este modo, pueden detectar quiénes están “enganchados” y quiénes adulteran sus medidores.
“Todavía es muy pronto para hacer análisis porque el impacto de la tarifa está siendo ahora. Pero hay que prestar atención como será el comportamiento de los usuarios durante los próximos meses”, remarcó Stasi.
Las penalidades para este tipo de práctica ilegal pueden ser desde multas económicas hasta la quita del medidor y la suspensión del suministro eléctrico. En ese sentido, en Edeste expusieron que. para los “enganchados”, priorizan entregarle un plan de pago para que puedan regularizar su situación y de ese modo “pueden tener su medidor y nosotros un mejor control del consumo”.
“En caso de que el medidor marque que la empresa le estaba cobrando mal al usuario. Tenemos un lapso de hasta dos años para poder ir reintegrándoselo en las próximas facturas. Pero si le estábamos cobrando menos, tenemos un margen de hasta dos meses para atrás para poder llegar a cobrar esa diferencia”, manifestó la autoridad de Edeste.
En cambio, para la adulteración de medidores, las penas pueden ser aún duras. Esta práctica está considerada como un fraude y, por lo general, se produce en los sectores comerciales o industriales. Las distribuidoras pueden llegar a cobrar hasta dos años ante las diferencias que encuentran entre lo que se ha consumido y lo que no se registró.
“Las adulteraciones pueden ser negativo para la red de conexión, por siempre se trata de niveles muy grandes de consumo ilegal y eso te repercute a la hora de brindar un mejor servicio. Gran parte de las veces se terminan llegando a un plan de pagos, dependiendo la gravedad del caso”, completó Stati.