Por primera vez en la historia del país sudamericano, todos los mayores de edad están habilitados y obligados a votar en unos comicios presidenciales. Este sistema empuja a asistir a las urnas a ciudadanos que no suelen estar interesados o rechazan la política. Según encuestas, son más volátiles y acostumbran definir su voto a último momento, más allá de una mayor inclinación a la derecha. Su inclusión dispara la participación y alimenta interrogantes sobre el resultado de la elección.
Si anticipar el resultado de una elección presidencial es, de por sí, todo un desafío, la tarea puede resultar aún más complicada frente a un escenario nuevo como el que enfrenta Chile. Y es que el país andino estrenará comicios presidenciales con voto obligatorio y registro automático, lo que significa que, por primera vez en la historia, todos los mayores de edad están obligados por ley a votar para elegir al próximo mandatario.
La obligatoriedad del voto no es una novedad. De hecho estaba consagrada en la Constitución de 1925 y, con el regreso a la democracia en 1990 tras la dictadura de Augusto Pinochet, fue reinstaurada, aunque solo para aquellos que se registraran, un proceso que era opcional.
En 2012, el país pasó a un mecanismo de voto voluntario, pero con inscripción automática. Es decir, todos los mayores de edad estaban habilitados para sufragar, pero podían optar por no hacerlo.
Javiera Arce, magíster en Ciencia Política, señala a France 24 que ese sistema llevó a “una crisis de participación electoral”, con comicios presidenciales “con menos de un 50% de participación”, lo que se traduce en “una crisis de legitimidad” para el ganador. En ese escenario –añade la académica de la Universidad Católica de Chile y la University College of London–, la asistencia a las urnas también estaba supeditada “al nivel socioeconómico y de escolaridad”. “Cuando analizas los datos, la participación era mucho menor en las comunas y territorios más pobres”, remarca.
Tras una década de sufragio opcional, el voto obligatorio con registro automático se instauró de cara al debate por la redacción de una nueva Carta Magna, un cambio fundamental para la nación que requería garantizar una amplio consenso social.
El efecto inmediato fue un salto en la participación hasta alrededor del 85% en los referendos constitucionales de 2022 y 2023, que se saldaron con el rechazo a las dos propuestas de texto, tanto a la primera versión de corte progresista y respaldada por el gobierno de Gabriel Boric, como a la segunda, de tendencia más derechista.