La Cámara Argentina de la Construcción criticó la decisión del Gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad. Asegura que la medida pone en riesgo la conectividad territorial, el empleo y las obras estratégicas.
El reciente anuncio del Gobierno de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad generó una fuerte reacción por parte de los empresarios y gremios. La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) manifestó su rechazo a la medida y alertó por sus consecuencias económicas, sociales y operativas.
CAMARCO expresó su “profunda preocupación” por la disolución de Vialidad Nacional, que desde hace casi un siglo ha sido la columna vertebral de la planificación y ejecución de obras viales en el país. “La eliminación de este organismo técnico afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos de forma eficiente y transparente”, señaló la cámara que agrupa a las principales empresas constructoras.
Además, puso el foco en el traspaso de funciones al Ministerio de Economía y la Gendarmería Nacional, una decisión que, aseguran, genera incertidumbre y compromete la continuidad de obras estratégicas, la coordinación público-privada y el empleo en el sector.
El principal temor es que la ausencia de una entidad dedicada exclusivamente a la infraestructura vial transforme a las inversiones en decisiones guiadas exclusivamente por la rentabilidad y no por las necesidades sociales o de conectividad federal.
“La inversión en caminos y rutas no representa un gasto, sino una herramienta para crecer, generar trabajo y fortalecer el entramado productivo nacional”, destacaron desde CAMARCO, que pidió abrir canales de diálogo con el Gobierno y reafirmó su voluntad de trabajar en políticas de infraestructura con previsibilidad, visión federal y sostenibilidad a largo plazo.
La UOCRA rechazó el cierre del organismo
En tanto, desde la UOCRA advirtieron que la disolución de estos organismos clave revela una “visión sesgada respecto del rol del Estado” y cuestionaron que el objetivo de alcanzar el superávit fiscal no puede implicar “prescindir de instituciones estratégicas para el desarrollo del país”.
“En lugar de combatir la corrupción en la obra pública mediante herramientas de control y reforma legal, se opta por desmantelar directamente los organismos responsables”, señala el comunicado del sindicato liderado por Gerardo Martínez. Según el gremio, el cierre de Vialidad pone en riesgo tareas técnicas y operativas vitales, como el mantenimiento de rutas, el control de cargas y la seguridad vial, lo cual podría derivar en un aumento de accidentes y desarticulación del tránsito pesado, afectando de lleno a las economías regionales.