Dos diputadas que responden a Ulpiano Suarez presentaron un proyecto de ley para “gobernar” en el Centro Cívico, hoy bajo administración provincial, donde entre otros edificios está Casa de Gobierno. Más autonomía municipal, poder para cobrar multas y otros aspectos que quedarían en manos de la Ciudad de Mendoza.
En la década de 1940, el Gobierno de Mendoza planteó la centralización de los tres edificios gubernamentales: Casa de Gobierno, el Palacio Judicial y la Legislatura. El proyecto completo no llegó a concretarse en su totalidad -hoy la Legislatura funciona todavía en el viejo edificio sobre Patricias y Peatonal- pero dejó como saldo el “Centro” o “Parque” Cívico, un pulmón verde que en 2024, la Ciudad de Mendoza quiere “apropiarse”, al menos en parte.
En las últimas horas ingresó a la Casa de Leyes un proyecto de ley que le otorga más control y facultades a Capital sobre el Parque Cívico que es de administración de la Provincia, similar a lo que ocurre con el Parque General San Martín, y en el que está el Palacio de Gobierno, entre otras dependencias.
“El Centro Cívico constituye un punto neurálgico y estratégico para la Ciudad de Mendoza -aseguró al Post Beatriz Martínez, una de las autoras del proyecto-. Las dinámicas urbanas que hoy se cristalizan en la Ciudad, la cual es centro turístico, financiero y de servicios, posicionan a dicha área como un sector clave en materia de planificación”.
Martínez explicó que es necesario integrar el desarrollo de las propuestas en el Centro Cívico a “la planificación y gestión urbana de la Ciudad”. En ese sentido, agregó que es necesario transferir algunas competencias para que haya un manejo “en forma armónica y coordinada directamente por el municipio”.
Los cambios en el Centro Cívico
El proyecto de ley busca que la Ciudad de Mendoza tenga más poder sobre el Centro Cívico a través de la modificación de la Ley 3401, que regula la ubicación y límites del mismo y fue promulgada en 1966. En primer lugar, la iniciativa presentada en la Legislatura establece que el municipio tendrá un rol protagónico en la planificación edilicia, tanto en lo referido a inmuebles públicos como iniciativas privadas.
Otro aspecto importante es que, en caso de aprobarse la norma, Capital se hará cargo del poder de policía de tránsito. Podrá labrar multas y establecer el sistema de estacionamiento medido en la zona, por lo que aumentaría su recaudación.
No obstante, según el proyecto, la Provincia de Mendoza quedaría a cargo de la recolección de residuos y del cuidado del arbolado público, los espacios verdes, cauces de riego, las fuentes, calles, acequias y del alumbrado público.
El proyecto justifica este traspaso de funciones en que desde la promulgación de la vieja ley, “la Ciudad de Mendoza ha experimentado un significativo crecimiento demográfico, económico y urbanístico, lo cual ha alterado las necesidades y dinámica de la ciudad”.
Además, sostiene que la Ley 3401 “no contempla las nuevas realidades y desafíos que enfrenta el Centro Cívico en la actualidad, para adecuarlo a la actual estructura urbana y social de la ciudad, garantizando así un desarrollo armónico y sostenible”.
En paralelo, sigue vigente el reclamo del intendente Suarez a la Provincia de Mendoza para que transfieran a la Ciudad los terrenos del ex autódromo General San Martín y el viejo aeroparque.
Un lugar con historia
El histórico terremoto del 20 de marzo de 1861 dejó 12 mil muertos y destruyó la gran mayoría de las construcciones de la Ciudad. Todos los edificios públicos sucumbieron a la sacudida del suelo y tuvieron que ser reconstruidos. Entre ellos, los que albergaban a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El desastre natural obligó a replantear toda la organización territorial de la capital, y la reconstrucción llevó décadas. Se barajaron distintos proyectos -uno estipulaba que la Casa de Gobierno estuviera en medio de la Plaza Independencia, inaugurada apenas dos años después del histórico sismo-. Y fue en esos años de replanteo que el Gobierno de Mendoza encargó al arquitecto Alberto Belgrano Blanco que planificara la urbanización de la zona donde se erigiría el palacio gubernamental y el de Justicia.
Así nació el Centro Cívico, cuyos límites y administración fueron regulados por la Ley 3401, sancionada en 1965. Los límites del Centro o Parque Cívico son las calles San Martín, Pedro Molina, Belgrano y Peltier. Esa norma es la que hoy, en 2024, quieren modificar los diputados del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Además de Martínez, figuran como coautores de la iniciativa Cecilia Rodríguez, otra ex concejal de Capital, y Alberto López.