La Justicia y organismos oficiales buscan determinar el origen y la antigüedad del derrame descubierto en la margen norte del río Mendoza. YPF deberá ampliar los estudios de suelo y remediar el área afectada.
El hallazgo de agua y tierra empetrolada en Maipú disparó las alarmas en el Gobierno, YPF, Irrigación y productores de esa zona donde conviven desde hace décadas la actividad agrícola y la hidrocarburífera.
Si bien ahora la principal meta es ubicar el origen del pasivo para sanearlo, todas las miradas están puestas en la investigación a cargo de la Fiscalía de Delitos Ambientales, que recibió la denuncia por la contaminación en ese sector de la margen norte del río Mendoza.
A esa pesquisa se le sumó otra que encabeza la Fiscalía de Estado, que pidió informes a organismos oficiales para determinar si está relevado el supuesto derrame y qué acciones se están llevando cabo. Además, en la Legislatura la oposición presentó un proyecto para que el Gobierno brinde información sobre el hecho.
En tal sentido, si bien se debe aguardar los resultados de los estudios específicos, expertos del sector hidrocarburífero indicaron que se trataría de un pasivo ambiental de larga data. Incluso advirtieron que “es altamente probable” que tenga más de 30 años. Esa misma hipótesis es la que se maneja en la Justicia.
Derrame y amenaza de multa
A comienzos de septiembre, en medio de trabajos realizados por tomeros e inspectores de cauce para drenar el terreno y evitar que el exceso de agua afecte la producción, máquinas retroexcavadoras abrieron pequeñas “sangrías” o zanjas con dirección al río. En ese momento, del suelo comenzó a brotar una sustancia líquida con posibles restos de petróleo.
No fue la primera vez que se descubre contaminación petrolera en esa zona ni tampoco fue el mayor derrame detectado. Incluso desde Irrigación confirmaron que “una pequeña cantidad” de petróleo tomó contacto con el cauce de agua, pero aclararon que las mediciones posteriores realizadas en el lugar arrojaron “resultados indetectables” de crudo.
Los pasivos ambientales son sitios contaminados por la liberación de materiales, residuos extraños o aleatorios, que no fueron remediados oportunamente y siguen causando efectos negativos al ambiente. Pueden incluir cañerías en desuso, instalaciones, suelos y cauces con restos de hidrocarburos y antiguas piletas de perforación, entre otros.
El año pasado, el Gobierno anunció que el 98,5% de los pasivos petroleros de la provincia habían sido saneados. En el caso descubierto recientemente en Maipú, fuentes oficiales y del sector privado indicaron que “no es un pasivo liberado y aprobado, es una nueva situación que se encontró”.
Tras el hallazgo del derrame, se realizó una inspección y se confirmó la presencia de piedras y barro con restos de hidrocarburos. Como primera medida, se requirió a YPF que ejecute tareas de monitoreo y remediación básica, como la remoción manual del material presuntamente contaminado y la colocación de barreras oleofílicas, que contienen, absorben y aíslan líquidos peligrosos.
A partir de este lunes continuaron las tareas de caracterización y estudios en la zona, que fueron coordinadas con el Departamento General de Irrigación, YPF, la Universidad Nacional de Cuyo y la Dirección de Protección Ambiental (DPA), dependiente Ministerio de Energía y Ambiente.
Esos trabajos incluyen calicatas (técnica de prospección que consiste en una excavación a profundidad baja o media para la toma de muestras de tierra) y geoeléctrica (trabajos de prospección no invasiva).
La DPA e Irrigación además exigieron a YPF ampliar los estudios para garantizar que no queden pasivos enterrados no identificados, implementar un sistema de monitoreo de ductos, llevar a cabo un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuras fugas o derrames y realizar un seguimiento para prevenir y minimizar impactos ambientales. Y adelantaron que si la petrolera no cumple en tiempo y forma con el plan de remediación, corresponde una multa.
Por su parte, la petrolera que tiene la concesión del yacimiento Barrancas presentó su propio plan de acción que incluye un estudio de caracterización de la nueva situación ambiental, un análisis cuantitativo de riesgo (ACR) tras obtener los datos analíticos y medidas de remediación basadas en esos resultados.
Determinar el origen, la antigüedad, la extensión y el tipo de pasivo ambiental para luego sanearlo son las principales preocupaciones. Más aún teniendo en cuenta que se trata de una zona que puede ser inundada ante eventuales crecidas del río Mendoza.