El gobernador envió a la Legislatura un proyecto para reformar el Código Procesal Penal. Exige que haya audiencias de tarde para delitos in fraganti
Alfredo Cornejo envió un proyecto de ley para obligar a que los jueces trabajen de tarde a partir de una reforma del Código Procesal Penal.
Lo anunció días atrás en San Rafael y lo concretó este miércoles. Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto para reformar el Código Procesal Penal, porque en el fondo pretende obligar a los jueces penales a hacer audiencias de tarde y resolver por ejemplo casos de delincuentes atrapados in fraganti.
“De nada sirve tener una policía preparada si luego las personas detenidas no son juzgadas con la rapidez que la situación exige”, criticó Cornejo la semana pasada.
Los datos oficiales del Poder Judicial ratifican el reclamo del mandatario.
En la iniciativa del Ejecutivo se afirma que en los años 2023/2024 de las 45.482 audiencias realizadas, el 86% se hicieron entre las 8 y las 13 hs, el 1% de las audiencias se realizó a las 7:30 y un 2% en el horario de las 17. Pero resaltó que un O% de audiencias se hizo a partir de las de las 18.
“Esta situación produce una capacidad edilicia ociosa en horas de la tarde en el sector de audiencias, que pueden aprovecharse a partir del turno vespertino que posee el Ministerio Público Fiscal”, reza el escrito.
El proyecto que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, se basa en 3 ejes clave:
- Garantizar una franja horaria más amplia para audiencias penales, extendiéndola al horario vespertino para dar respuesta inmediata y evitar demoras que frenen el avance de los procesos.
- Ampliar la participación de operadores judiciales, potenciando el rol de ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales, lo que permitirá que más profesionales intervengan en las etapas clave de los juicios y se multiplique la capacidad operativa del sistema.
- Reorganizar la Oficina de Audiencias para optimizar la asignación de turnos, reducir reprogramaciones por frustraciones evitables y postergaciones, y asegurar un flujo ordenado y ágil de los procesos judiciales.
Habrá sanciones para los jueces que hagan caer las audiencias
El proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados, supone varios cambios en el Código Procesal Penal, entre ellos busca ampliar la competencia de los Tribunales Penales Colegiados para asumir debates correccionales, mejorar la transparencia mediante la publicación obligatoria de resoluciones, y reorganizar las funciones de la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP).
El gobernador Alfredo Cornejo.
Entre otros cambios a los jueces penales de primera instancia se les dará la tarea de intervenir en el procedimiento correccional hasta la elevación a juicio.
Ese cambio se apoya en el argumento de que actualmente en la provincia cumplen funciones 33 Jueces de Tribunales Penales Colegiados y 36 Jueces de Juzgado Penal Colegiado. “Es notoria la desproporción de trabajo existente entre ambas unidades de trabajo y es evidente que se necesita implementar modificaciones a fin de equilibrar su competencia y su tarea. La ampliación de la competencia de los Tribunales Penales Colegiados en materia correccional “buscará mejorar el acceso a la justicia”, asegura el proyecto.
Pero además prevé sanciones para aquellos jueces que dilaten las audiencias de manera reiterada.
Entre los cambios pretenden que las audiencias deberán fijarse dentro de los dos días de solicitada, siendo pública salvo excepción fundada.
Las cuestiones de orden se resolverán de forma inmediata y sin recurso.
En casos excepcionales, se podrá disponer un cuarto intermedio, pero la resolución jurisdiccional deberá dictarse el mismo día.
“Cualquier diferimiento o nueva audiencia en la misma causa deberá reprogramarse dentro de los 5 días siguientes para no alterar la agenda. Los magistrados y funcionarios que más de tres veces en un año o seis en diversos años hagan fracasar de manera injustificada las audiencias, se considerarán incursos en la causal de mal desempeño, y esto se registrará automáticamente y será comunicado a la Sala Administrativa de la Suprema Corte, la Procuración y la Defensoría General”.