La senadora apuntó contra el convenio firmado por el Gobernador con Vialidad Nacional, En Tribunales aseguran que no tiene fundamentos legales ni chances de prosperar.
En los Tribunales Federales de Mendoza, primero se rieron. Después volvieron a leer la denuncia y sintieron un poco de vergüenza ajena. Les pasó incluso a quienes comulgan con el kirchnerismo desde lo ideológico, pero que entienden que la Justicia no puede ser el epicentro de discusiones que son netamente políticas.
Luego, sugirieron tener algo de piedad, de clemencia, para que la mano derecha de Cristina Fernández no quede tan expuesta al papelón. Entienden que lo de Anabel Fernández Sagasti fue, más que nada, un recurso de posicionamiento político. Una forma de demostrarles a los dirigentes del PJ mendocino que ella es la verdadera oposición a Alfredo Cornejo.
Por eso, es probable que la denuncia de ocho páginas con la que la senadora nacional salió a cruzar al gobernador reciba apenas un breve dictamen para enviarla a la Justicia local. De lo contrario, el destino era un tachito metálico.
La denuncia es mala por donde se la mire. No hay manera de que prospere. No se puede judicializar una pelea política. Es una denuncia llena de errores. Piden investigar algo que no ha pasado. Todas las anteriores son definiciones concurrentes de jueces, fiscales y abogados de diferentes colores partidarios.
Por empezar, no entienden por qué fue presentada en los tribunales de España y Pedro Molina. No hay absolutamente nada que vincule los hechos con la competencia federal. Que se trate de un acuerdo por el cual se pretende reparar rutas nacionales con fondos provinciales no implica que se ponga en juego el patrimonio del país, ni que pueda causarse un daño a la Nación.
La acusación hecha por Fernández Sagasti, con el patrocinio del abogado Carlos Blanco, apunta a decisiones del Ejecutivo mendocino con dinero de los mendocinos.
Las lagunas jurídicas siguen. En el escrito, la senadora camporista da por hecho que no existe aval legislativo para el acuerdo con Vialidad Nacional ni que las obras fueron incluidas en el Presupuesto 2025. Sin embargo, en junio de este año, el proyecto fue aprobado por ambas cámaras. A eso se suma la partida incluida en la ley de gastos públicos de la provincia para la reparación o reconstrucción de rutas.
Para completar, un mes antes, el fiscal de Estado, Fernando Simón, había dado luz verde a la operación. Hizo observaciones de rigor, apuntando sobre todo a la posibilidad de que las rutas nacionales pasaran definitivamente a manos de la Provincia.
Los fondos del resarcimiento histórico por la promoción industrial, originalmente destinados a Portezuelo del Viento, cambiaron de destino tras el fracaso del proyecto por conflictos judiciales con La Pampa. Mendoza apostó entonces a obras hídricas, energéticas y, más tarde, productivas.
En esa última categoría se basó Cornejo para anunciar mejoras en diferentes tramos de las rutas 7, 40 y 143. De allí saldrá el dinero. Pero, por el momento, no se ha gastado ni un peso. Nada. Y si acaso la denuncia tuviera algún sustento, apunta a un delito que aún no se ha cometido. Más que una denuncia, una declaración política.